La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha remitido este lunes una queja formal a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que reclama que se aplique al director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, imputado en el caso Leire, el mismo criterio disciplinario que la Administración impone de forma habitual a los agentes de las escalas básicas. "Al último guardia se le cesa por una simple denuncia. Al segundo mando del Cuerpo, imputado por presunta prevaricación, no. Exigimos el mismo rasero para todos", ha compartido en redes sociales.El escrito responde a la resolución del Ministerio de Defensa que ha acordado no incoar expediente disciplinario ni adoptar medida cautelar alguna respecto al DAO, pese a que la Audiencia Nacional ha acordado su imputación por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en el marco del caso Leire, a instancia de la propia Fiscalía Anticorrupción. Según apunta la queja, esa imputación motivará su citación a declarar como investigado.Defensa fundamenta su decisión en que no procede valorar "en este momento" la apertura de expediente disciplinario por la regla de preferencia de la jurisdicción penal sobre la administrativa sancionadora, y deja constancia de que adoptará las disposiciones oportunas "de oficio" solo si evoluciona la situación procesal. AUGC denuncia que ese mismo argumento es rechazado de forma reiterada por la jurisdicción militar cuando lo invocan guardias civiles de base para oponerse a su propio cese cautelar.La asociación recuerda que, ante una simple denuncia, un atestado policial, una detención o un auto judicial que atribuye la condición de investigado, incluso sin una imputación formal equiparable ni resolución firme, a agentes de las escalas básicas se les suele incoar expediente disciplinario y acordar de forma inmediata el cese cautelar en funciones por el plazo máximo de tres meses previsto en el artículo 54 de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.En el escrito, AUGC cita como ejemplo un expediente tramitado por la Comandancia de A Coruña en el que se acordó el cese cautelar de un guardia civil durante tres meses con fundamento exclusivo en un auto judicial que le atribuía la condición de investigado en una pieza separada de una causa penal cuyo objeto principal, según la asociación, "ni siquiera concierne directamente al interesado".La organización sostiene que la jurisprudencia de la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, confirmada en casación por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, ha establecido que la adopción de medidas cautelares no exige una resolución judicial firme, sino la existencia de indicios racionales de una infracción y la necesidad de actuar de forma inmediata para preservar la disciplina o evitar perjuicios al servicio.En este sentido, AUGC reprocha que el Ministerio utilice para el DAO un criterio distinto al que, según afirma, se aplica de manera sistemática a otros miembros del cuerpo. "Esta Secretaría no alcanza a comprender por qué un criterio jurisprudencial consolidado, aplicado sistemáticamente para sostener la suspensión inmediata de agentes ante meros indicios policiales, se abandona precisamente cuando el investigado ostenta el empleo de teniente general y ocupa el segundo puesto de mando del Cuerpo", recoge la queja.La asociación subraya además el deber reforzado de ejemplaridad que, a su juicio, debe exigirse a quienes ejercen el mando. Así, sostiene que la disciplina, como pilar de la organización militar de la Guardia Civil, no se sostiene solo sobre la obediencia de los subordinados, sino "de forma primordial" sobre la ejemplaridad de quienes mandan. Por ello, recalca que el DAO, como máximo mando uniformado del Instituto Armado, está sometido, "si cabe con mayor rigor", a los mismos principios de disciplina, dignidad y sujeción a las consecuencias administrativas de una imputación penal que "el último guardia de un puesto rural".AUGC también invoca las reglas de comportamiento del guardia civil, que obligan a cumplir los deberes impulsados por el sentimiento del honor, ejercer un mando basado en el ejemplo y el liderazgo personal, y evitar cualquier conducta que pueda comprometer el prestigio del Cuerpo o la eficacia del servicio que presta a la sociedad.El escrito advierte, además, del "daño reputacional creciente" para la Guardia Civil y de la pérdida de confianza que esta situación estaría generando entre las bases del cuerpo, alimentada, según la asociación, por la cobertura mediática del caso Leire. AUGC sostiene que muchos agentes no comprenden que quien ha sido señalado por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia continúe ejerciendo el mando operativo sobre agentes y unidades que se habrían visto presionados por su actuación.Por todo ello, solicita a la ministra que reconsidere la resolución adoptada y valore la apertura de las actuaciones oportunas y, en su caso, la adopción de medidas cautelares respecto al DAO. También reclama medidas organizativas y normativas para garantizar la igualdad de trato en la aplicación del régimen disciplinario y de las medidas cautelares, con independencia del empleo o destino. La asociación pide, asimismo, una respuesta "motivada y expresa" a la queja, al considerar necesario contar con un respaldo jurídico sólido para poder asesorar a sus afiliados ante un caso que resulta "muy complicado".La asociación recuerda que fue la primera en solicitar la personación en la causa como acusación popular, una petición que continúa pendiente de resolverse a la espera del recurso en el que fue emplazada junto a otras acusaciones populares.