El Ministerio de Defensa descarta por ahora suspender de funciones al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, citado como investigado por el juez Pedraz que investiga el caso Leire, al igual que la directora del instituto armado, Mercedes González. La Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa ha emitido un informe en el que concluye que no procede la adopción de medidas contra el número dos de la Guardia Civil, “en el estado actual de la cuestión”, sin perjuicio de que pudieran adoptarse más adelante, en función de cómo evolucione la causa. Tanto Mercedes González como el general Llamas están citados a declarar el próximo día 16 por los presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justica, en relación con la trama que supuestamente maniobraba para desactivar causas judiciales contra el PSOE.El artículo 92 de la Ley del Régimen de Personal de la Guardia Civil prevé la suspensión de funciones de los guardias civiles “como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave”. No obstante, la ley deja un margen de discrecionalidad al señalar que la suspensión de funciones del agente se podrá acordar o no, “valorando la gravedad de los hechos imputados, la existencia o no de prisión preventiva, el perjuicio que la imputación infiera al régimen del Instituto o la alarma social producida”. La decisión de pasar a un miembro de la Guardia Civil a suspenso de funciones, por un máximo de seis meses, corresponde a la ministra de Defensa, Margarita Robles, mientras que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, debe decidir si dicha suspensión “lleva consigo el cese en el destino”.El partido político Iusticia Europa pidió el pasado día 2 al Ministerio de Defensa la apertura inmediata de un expediente disciplinario al teniente general Llamas y que se decrete “de forma urgente” su pase a la situación de suspenso fe funciones, como consecuencia de su citación como investigado por el juez que investiga el caso Leire. Sin embargo, la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa argumenta en un escrito, adelantado por la agencia Efe y al que ha tenido acceso EL PAÍS, que “en este momento se carece de elementos de juicio suficientes para entrar a valorar si los hechos que han motivado su citación como investigado” son constitutivos de infracción disciplinaria. Añade que, en todo caso, un eventual expediente debería paralizarse hasta que concluya el procedimiento penal.Respecto a la suspensión de funciones como consecuencia de su imputación, el informe no entra en el fondo del asunto, con el argumento de que el partido carece de legitimidad para plantearla. Pero añade: “Todo lo anterior, claro está, sin perjuicio de que se adoptarán de oficio las disposiciones oportunas […] como consecuencia de la evolución procesal en el marco de las diligencias judiciales en que se encuentra incurso” el teniente general. La mayoría de las asociaciones de guardias civiles han exigido el cese de la directora del instituto armado y del director adjunto operativo. En este último caso alegan además que el pase a la situación de suspenso de funciones es prácticamente automático cuando otros agentes son imputados, por lo que se estaría aplicando una doble vara de medir. El Gobierno se enfrenta, sin embargo, a una situación imposible, ya que no puede apartar al número dos del instituto armado y mantener a la vez la directora general, que está imputada por el mismo delito.