Más de una veintena de jueces de distintos tribunales, instancias, edades e ideología han investigado, instruyen en la actualidad, han juzgado o avalado tras la revisión de recursos las diferentes causas judiciales que rodean al Gobierno. Los casos, cada vez más numerosos y amplios, están en manos de magistrados de diferentes colores, algunos de ellos marcadamente progresistas. La variedad desmiente la tesis impulsada por el Ejecutivo y el PSOE respecto a la existencia de una cacería judicial en contra de Moncloa, urdida para expulsar a Pedro Sánchez del poder. Los principales procedimientos se reparten entre la Audiencia Nacional, los Juzgados de Instrucción de Madrid y Badajoz, el Tribunal Supremo y las Audiencias Provinciales correspondientes. Lejos de concentrarse en un único lugar o un grupo reducido de jueces, todas las causas han pasado por un amplio número de magistrados y magistradas. Entre ellos, personas como el juez Santiago Pedraz, a cargo del caso Leire, que durante años fue bautizado por la derecha como un juez 'progre' por sus instrucciones sobre justicia universal, la muerte del cámara José Couso o la investigación sobre el movimiento Rodea el Congreso. Lo mismo sucede con dos de los magistrados que integraron el tribunal que condenó en el Supremo a José Luis Ábalos y Koldo García y libró al empresario Víctor de Aldama de la cárcel por cooperar, levantando duras críticas del Ejecutivo. Susana Polo, vinculada desde siempre a la asociación judicial Jueces y Juezas para la Democracia, y Javier Hernández, marcadamente progresista, avalaron la decisión que fue dictada por unanimidad. TE PUEDE INTERESAR Otro tanto se puede decir del magistrado Leopoldo Puente, que instruyó el caso Koldo y abrió la vía para que la Audiencia Nacional investigue las cuentas del PSOE. Su perfil es de tendencia progresista. En el pasado fue miembro de Jueces y Jueces para la Democracia y su nombramiento en noviembre de 2020 para la Sala de lo Penal del Supremo fue respaldado por el sector progresista del Consejo General del Poder Judicial. Otros muchos magistrados no tienen vinculaciones ideológicas conocidas y se caracterizan por sus capacidades técnicas. Es el caso de José Luis Calama, a cargo del caso Plus Ultra sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El juez de la Audiencia Nacional es conocido por su profesionalidad, su atención a la prueba y su objetividad. Fuera de Madrid, otra de las investigaciones con mayor repercusión política fue dirigida por la magistrada Beatriz Biedma desde el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, relativa a la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz. Alejada de ideologías y conocida por su eficacia, Beatriz Biedma sufrió una campaña de desprestigio liderada por la fontanera del PSOE, Leire Díez. El juicio estuvo en manos de un tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz compuesto por tres magistrados y los recursos, a cargo de otros jueces diferentes de la misma Audiencia. Más allá de Peinado En los Juzgados de Instrucción de Madrid hay otros muchos jueces más allá de Juan Carlos Peinado, el instructor del caso Begoña Gómez, designado por el Gobierno como su enemigo público número uno. Otro magistrado, José Luis Escribano, acaba de abrir un nuevo frente al Ejecutivo e investiga desde hace unas semanas el rescate de Air Europa. Esperanza Collazos tuvo además en sus manos el inicio de la investigación a Plus Ultra. En cuanto al propio Peinado —quizá el más polémico—, sus decisiones son revisadas por la Audiencia Provincial de Madrid. Algunas han sido avaladas y otras matizadas. La Sección 23 en pleno deliberará a partir del 13 de julio a puerta cerrada los recursos definitivos sobre el procesamiento de Begoña Gómez, fundamentales para determinar si irá a juicio ante jurado, y ha decidido que sea la sección en pleno quien lo haga, un total de siete magistrados. La sucesión de estos procedimientos evidencia que las decisiones judiciales que afectan al entorno del Gobierno no proceden de un único instructor ni de un solo órgano jurisdiccional. Por el contrario, las distintas investigaciones han sido asumidas por magistrados pertenecientes a juzgados y tribunales diferentes, cuyas resoluciones, además, han estado sometidas al sistema de revisión previsto en el ordenamiento jurídico. Más de una veintena de jueces de distintos tribunales, instancias, edades e ideología han investigado, instruyen en la actualidad, han juzgado o avalado tras la revisión de recursos las diferentes causas judiciales que rodean al Gobierno. Los casos, cada vez más numerosos y amplios, están en manos de magistrados de diferentes colores, algunos de ellos marcadamente progresistas. La variedad desmiente la tesis impulsada por el Ejecutivo y el PSOE respecto a la existencia de una cacería judicial en contra de Moncloa, urdida para expulsar a Pedro Sánchez del poder.