Opinión
Editorial
EditorialHa sido, hasta ahora, la Corte de Constitucionalidad la responsable de no poner coto a tantas discrecionalidades lesivas.
Mientras el “equipo” legal al servicio del dudoso rector Walter Mazariegos urdía alguna güizachada para tratar de justificar su aparente toma de posesión por un segundo cargo, otro grupo de seguidores se había encargado antes de evidenciar la plena conciencia de tal ilegalidad: sí, en las protestas orquestadas por empleados aduladores del mismo personaje —y cuya salida los pondría también de salida a ellos—, reclamaban que la falta de finiquito —por no rendir cuentas cabales del uso de recursos— era una “extorsión” de la Contraloría General de Cuentas, un evidente infundio pero cuyo uso denotaba conocimiento del veto latente que implicaba e implica tal carencia.
Tales distorsiones inmorales que rebotan muy, pero muy lejos del espíritu de las normas invocadas refleja el también dudoso talante ético del gran equipo de apólogos, pagados con recursos públicos no para defender, sino para adular al personaje cuestionado. Hablan de presunción de inocencia cuando, en realidad, el finiquito no es una sanción en sí misma, sino un registro de incumplimiento de requisitos auditables. Quien se queja de tal indicio como si fuera una condena, en realidad está admitiendo que hay algo más que ocultar y, por lo tanto, un motivo doloso para permanecer en el cargo. Así de evidente es su falacia ad misericordiam combinada con salida por la tangente.
