Ciudad de México / 04.07.2026 01:39:05
Las controversias fiscales forman parte natural de un Estado constitucional. Cuando una autoridad interpreta la ley tributaria y un contribuyente organiza su actividad económica bajo un marco normativo complejo, pueden surgir diferencias. El problema no es que existan desacuerdos; el problema es que muchos de ellos terminen convirtiéndose en litigios largos, costosos y paralizantes.En México, la fiscalización se ha vuelto más sofisticada y digital. Al mismo tiempo, las operaciones económicas son cada vez más complejas. Durante los últimos cinco años, la agenda fiscal ha estado marcada por una mayor recaudación, un incremento en la información disponible para la autoridad, más controversias relevantes y mayores montos en disputa. Datos públicos señalan que, en 2024, el gobierno enfrentó 15 mil 186 juicios fiscales en última instancia, con 8 mil 428 resoluciones favorables y un impacto asociado de 198 mil 263 millones de pesos. Para 2026, se han reportado controversias por alrededor de dos billones de pesos. La litigiosidad fiscal no es un fenómeno marginal: impacta la competitividad, las finanzas públicas y la confianza institucional.México necesita un sistema fiscal que recaude, sí, pero que también otorgue certeza. La certeza jurídica no es una concesión al contribuyente; es una condición indispensable para la inversión, la formalidad y el crecimiento. Un país competitivo no puede construir su relación fiscal sobre la amenaza permanente ni sobre litigios que se prolongan durante años. Tampoco puede permitir que créditos legítimos permanezcan suspendidos por disputas interminables.La litigiosidad excesiva no beneficia a nadie. Al contribuyente le cuesta dinero, tiempo, reputación, garantías y atención directiva. Al gobierno le resta oportunidad en la recaudación, capacidad administrativa y legitimidad. A la sociedad le erosiona la confianza. Cada controversia fiscal que pudo resolverse oportunamente, con legalidad y sustento técnico, pero termina escalando hasta la última instancia, evidencia una falla institucional.Por ello, resulta pertinente analizar con seriedad el Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No se trata de sustituir la jurisdicción ni de negociar la ley. Se trata de abrir espacios para que determinadas controversias puedan prevenirse, acotarse o resolverse mediante diálogo técnico y control jurídico. La Ley General de Mecanismos Alternativos permite su aplicación en materia administrativa e incluso durante el procedimiento contencioso o en la ejecución de sentencias, siempre bajo límites claros: legalidad, materia transigible, competencia, dictamen técnico-jurídico y respeto al interés público.La oportunidad es significativa, pero exige prudencia. En materia fiscal no todo es disponible. El crédito tributario no puede convertirse en moneda de negociación política o administrativa. Sin embargo, tampoco debe confundirse la legalidad con una rigidez absoluta. Existen controversias relacionadas con hechos, pruebas, calificaciones jurídicas, formas de cumplimiento o ejecución que pueden encontrar mejores soluciones mediante mecanismos adecuadamente diseñados.México ya cuenta con experiencias valiosas, como los acuerdos conclusivos ante la Prodecon, que han permitido resolver diferencias durante el ejercicio de facultades de comprobación. El nuevo reto consiste en construir una justicia administrativa capaz de incorporar el diálogo en sede jurisdiccional sin debilitar el Estado de Derecho. Si el Centro del TFJA opera con transparencia, criterios claros y facilitadores debidamente capacitados, puede reducir costos, abreviar conflictos y fortalecer la confianza institucional.El éxito dependerá de evitar la banalización de estos mecanismos. No deben percibirse como una salida fácil, una negociación opaca o una renuncia a las potestades públicas. Deben entenderse como una expresión madura de institucionalidad: una justicia que reconoce que resolver adecuadamente no siempre implica litigar hasta el final, y que recaudar mejor no necesariamente significa litigar más.El empresariado debe acompañar esta conversación con responsabilidad. Defender al contribuyente no significa justificar incumplimientos; significa defender reglas claras, autoridad técnica, debido proceso y condiciones propicias para la inversión. Defender al Estado tampoco implica avalar excesos; significa fortalecer su capacidad legítima de recaudar con apego a la Constitución y al Estado de Derecho.La certeza, la justicia y el Estado de Derecho no son obra exclusiva del poder público. Son construcciones colectivas en las que participan autoridades, tribunales, empresas, asesores, academia y ciudadanía. Los mecanismos alternativos pueden demostrar que México es capaz de resolver sus controversias fiscales con inteligencia institucional: no como un atajo frente a la ley, sino como una vía para hacerla más eficaz, más cercana y más confiable. #OpinionCoparmex
