AnálisisLa región concentra 14 de los 25 países con más casos. En Colombia, el asesinato de Natalia Villalba volvió a encender las alertas.Honduras, Guatemala y República Dominicana son los países de la región con más tasas de feminicidio. Foto: Camila Díaz. EFE04.07.2026 02:01 Actualizado: 04.07.2026 02:01
En México, el comienzo del Mundial de fútbol se vio marcado por situaciones contrastantes. Mientras en el histórico estadio Azteca todo era fiesta, música y deporte, en las calles, varios grupos protestaban por problemáticas minimizadas por el Estado. Entre ellas se destacaron las de colectivos de madres buscadoras, que se enfrentaron a los cercos policiales que trataban de acallar sus clamores por más de 130.000 desaparecidos.En redes también surgió la campaña ‘La violencia contra las mujeres no es parte del juego’, para crear consciencia sobre los altos índices de feminicidios en el país. Tan solo en México, el 43,9 por ciento de las mujeres han sufrido las agresiones de sus esposos o parejas, que suelen agudizarse en los grandes eventos deportivos, como denuncia la Red Nacional de Refugios. En los primeros 21 días del Mundial, colectivos feministas contabilizaron 289 feminicidios en México (14 mujeres asesinadas por día en contraste a 10 feminicidios al día en promedio).Esta problemática afecta a todos los países de América Latina. Por ejemplo en Colombia, de enero a abril de 2026 se reportaron 41 feminicidios, según el Observatorio de Violencia Feminicida; y el 22 de junio, el país se estremeció con el hallazgo del cuerpo de Natalia Villalba Angarita, de 36 años, dentro de una maleta en un apartamento de Bogotá. LEA TAMBIÉN La desfinanciaciónUna semana antes del inicio del torneo mundialista, en Argentina, miles de personas salieron a las calles para protestar por el feminicidio de Agostina Vega, de 14 años. El asesinato de dos mujeres más se sumó a la indignación de la ciudadanía y de grupos feministas. Sin embargo, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina presenta una cuestionada baja de 12,3 por ciento en el índice de los casos en 2025 con respecto al año anterior. “Reconocer el femicidio es clave para entender que no se trata de homicidios comunes, sino de violencia estructural que exige políticas específicas”, expresó en un comunicado Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.Reconocer el femicidio es clave para entender que no se trata de homicidios comunes, sino de violencia estructural que exige políticas específicasMariela BelskiDirectora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.Las declaraciones del fiscal de Córdoba, Raúl Garzón, quien lleva el caso de Agostina, solo alimentaron la indignación. Primero, evitó calificar el crimen como feminicidio. Luego, les dio mérito a los perros de búsqueda que dieron con los restos de la menor.Para Aimée Zambrano, coordinadora del Monitor de Feminicidios Utopix, con sede en Venezuela, el asesinato de Agostina está siendo tan relevante como lo fue en 2015 el caso de Chiara Páez, otra adolescente de 14 años, que dio origen al movimiento Ni una menos. Además, Zambrano señala que la actitud del fiscal Garzón “es un indicador del tipo de ideas que ahora hay en Argentina, que vienen de la mano de negar los derechos de las mujeres y de que existe un Estado patriarcal, y que hay un tratamiento diferenciado desde lo masculino hacia lo femenino”.Mujeres reunidas en una marcha de 'Ni una menos' en Buenos Aires, Argentina, el 3 de junio de 2026 Foto:AFPEn efecto, Javier Milei decidió recortar casi en 90 por ciento el presupuesto para prevenir la violencia de género y eliminó el programa Acompañar y la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. “El Gobierno optó por desfinanciar y suprimir estos programas y entidades, evitando contemplar que las iniciativas ahora vaciadas surgieron para dar respuesta a un problema estructural que persiste y que exige presencia estatal”, publicó El País de España.María Elena Martin, investigadora de la Universidad Nacional de Misiones, explica que desde la llegada de Milei a la presidencia “prácticamente se han desmantelado todas las políticas públicas de igualdad de género y los observatorios. Solamente queda el de la Corte Suprema de Justicia, que registra feminicidios”. Pero no ha podido desintegrar la vigilancia de la sociedad civil. LEA TAMBIÉN El 10 de junio, el diputado argentino Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para declarar “emergencia pública nacional por violencia de género contra las mujeres y diversidades”. En lo que va de 2026, se registra un intento de feminicidio en ese país cada 26 horas. “Hay un sistema que garantiza impunidad y que tiene una política de negacionismo, desfinanciamiento y desmantelamiento de las políticas para prevenir esta situación”, argumentó Paulón.El caso regionalPor su parte, la Asociación Civil Franco-Argentina MundoSur muestra en su Informe Anual 2025 que América Latina registró un aumento en el índice de feminicidios, ya que hubo más de 3.700 muertes violentas de mujeres y niñas por razones de género, un promedio de 315 por mes y un aumento del 18 por ciento con respecto al 2024. Y el Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que en la región se encuentran 14 de los 25 países del mundo con mayor tasa de feminicidios. Las naciones con las tasas más altas en 2024 en la región, según la Cepal, fueron Honduras (4,3 por cada 100.000 mujeres), Guatemala (1,9) y República Dominicana (1,4). LEA TAMBIÉN El Centro de Derecho de Mujeres de Honduras reportó que tan solo en los primeros cinco meses de este año 111 mujeres fueron asesinadas, lo que equivale a un feminicidio cada 32 horas. El país “enfrenta tasas de impunidad alarmantes”, dijo el organismo en un pronunciamiento sobre una reforma al Código Penal que aumentó la condena por feminicidio hasta 60 años en casos agravados.No obstante, para esa ONG, aumentar las penas no es una medida suficiente. “La investigación criminal deficiente, la ausencia de la aplicación de la perspectiva de género de parte de los operadores de justicia y la revictimización institucional de las mujeres que denuncian, hacen que el mayor obstáculo no sea la insuficiencia de las penas, sino la casi nula probabilidad de que los agresores sean efectivamente investigados, procesados y condenados”, dice el pronunciamiento.La investigación criminal deficiente, la ausencia de la aplicación de la perspectiva de género de parte de los operadores de justicia y la revictimización institucional de las mujeres que denuncian, hacen que el mayor obstáculo no sea la insuficiencia de las penas, sino la casi nula probabilidad de que los agresores sean efectivamente investigados, procesados y condenadosCentro de Derecho de Mujeres de HondurasEstas cifras regionales, sin embargo, no reflejan la realidad, porque más de la mitad de los países no cuentan con información pública. MundoSur utiliza la información que aparece en los medios digitales como fuente principal para construir un mapa anual regional de feminicidios. La prensa se convierte en “una herramienta invaluable para poner en agenda la necesidad de que el Estado asuma sus compromisos y sus obligaciones”, señala Eugenia D’Angelo, directora ejecutiva y fundadora de MundoSur. Lo anterior se agudiza aún más ante la inexistencia de una definición jurídica homologada en los países y ante las diferencias en las capacidades institucionales para registrar, sistematizar y publicar información. LEA TAMBIÉN Los costosPor su parte, la Secretaría General Iberoamericana (Segib), la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) presentaron en mayo el informe Medir para transformar: el coste de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica, donde llaman la atención sobre el alto subregistro en la mayoría de los países de la región.Ponen como ejemplo a México, donde apenas el 13,6 por ciento de los casos llega a denuncia formal, y a Ecuador, donde solo se denuncia el 5 por ciento. “Todas las estimaciones de costo disponibles son necesariamente conservadoras y el valor real de la violencia contra las mujeres en la región es mayor que las cifras publicadas”, alerta Segib en un comunicado oficial.Todas las estimaciones de costo disponibles son necesariamente conservadoras y el valor real de la violencia contra las mujeres en la región es mayor que las cifras publicadasSegibAdemás, el informe Medir para transformar muestra que la violencia contra las mujeres produce un alto desgaste económico para los países. En algunos de ellos, como Paraguay y Ecuador, alcanza hasta el 5 por ciento del PIB, representado en gastos de salud y justicia, descapitalización de microempresas y falta de rendimiento de las trabajadoras víctimas de violencia, entre otros factores.“No es solo un costo económico. Tiene un impacto humano y social. Tiene impacto sobre la salud, la autonomía de las mujeres y en su participación laboral”, ahonda Azul Picón, coordinadora del área de prevención de las violencias de Grow-Género y Trabajo, asociación civil especialista en temas de género en el ámbito laboral.Marcha por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M), en Santiago (Chile). Foto:EFEEn su informe 2025, MundoSur advierte que en la región avanza una regresión política y el debilitamiento de las “organizaciones que históricamente han sostenido el monitoreo independiente de los feminicidios”. En ese sentido, denuncia un “creciente backlash contra los derechos de las mujeres”, lo cual es evidente a partir de los recortes de presupuestos, debilitamiento institucional y discursos antiderechos.D’Angelo explica que en Latinoamérica hay al mismo tiempo avances y retrocesos y algunos países han desarrollado marcos normativos e institucionales relevantes para proteger los derechos de las mujeres. “Pero la existencia de una legislación avanzada no garantiza por sí sola una protección efectiva. Que exista la ley no significa que el derecho sea efectivo y que sí pueda ser ejercido claramente por las personas”, señala.Pero la existencia de una legislación avanzada no garantiza por sí sola una protección efectiva. Que exista la ley no significa que el derecho sea efectivo y que sí pueda ser ejercido claramente por las personasEugenia D’AngeloDirectora ejecutiva y fundadora de MundoSurPero otro factor igualmente preocupante entra en el juego. “Hay un alineamiento con el gobierno de EE. UU., que tiene una clara agenda antifeminista”, afirma esta jurista doctora en derechos humanos. Asimismo, considera que “la persistencia de los feminicidios y la especial vulnerabilidad de las mujeres de pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes, rurales, con discapacidad y personas trans, muestran que este tipo de violencia sigue siendo una expresión extrema de desigualdades estructurales que no han sido resueltas en la región”. LEA TAMBIÉN El marco normativo internacional existe y muchos países lo tienen considerado, “pero no hay nadie que controle que se cumpla”, acusa Picón.En este escenario de violencia contra las mujeres, las expertas coinciden en que para muchas de ellas el Mundial de Fútbol no es motivo de celebración, sino de angustia, porque en estos ambientes se reafirman los discursos patriarcales. Insisten en que solo habrá resultados si se consolidan políticas gubernamentales encaminadas a la prevención, lo cual no solo representaría menores costos económicos, sino que ayudarían a proteger derechos y, sobre todo, a salvar miles de vidas en el continente.(*) Periodista mexicano. Miembro de la Mesa Editorial de Connectas. (**) Iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas. Este análisis contó con la colaboración en reportería de Federico Ruiz. Sigue toda la información de Internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
