Abelardo de la Espriella ha construido buena parte de su imagen política alrededor de las Fuerzas Militares. Durante toda su campaña, y ya como presidente electo de Colombia, ha repetido un gesto que se volvió su marca personal: llevarse la mano a la sien en un saludo castrense. Suele acompañar el ademán con la frase que ha adoptado como lema, “Firmes por la patria”. Esa cercanía simbólica arrastra, además, una promesa que le ha hecho a los uniformados: reintegrar a los oficiales de la Policía y el Ejército que fueron retirados durante la administración saliente, la del izquierdista Gustavo Petro. La promesa, sin embargo, tiene más obstáculos que posibilidades. El primero es de números. Según cifras del Comando de Personal del Ejército Nacional, solo entre agosto de 2022 y abril de 2024 —los primeros dos años del Gobierno de Petro— 16.384 militares dejaron la institución. De ellos, 513 habían salido porque fueron llamados a calificar servicios, figura que equivale a un retiro decidido por la institución. El resto, la inmensa mayoría, corresponde a retiros voluntarios (8.882) y a salidas por cumplimiento de tiempo de servicio para pensión (6.989), ajenos a las decisiones del Ejecutivo. Es decir, del universo real de militares que colgaron el uniforme bajo Petro, solo una fracción entraría en la categoría de “retirado por el Gobierno”.Reintegrar a uno de ellos, como lo ha prometido el presidente electo, no es un trámite complicado en sí mismo, pues es una facultad discrecional del presidente de la República que se ha ejercido en el pasado. El problema es la escala que promete De la Espriella. En campaña habló de revisar “caso por caso” a más de 50 oficiales retirados por supuestas razones ideológicas, una cifra que, según una fuente del Ministerio de Defensa, nadie en su equipo parece tener del todo precisa, empezando por el criterio para definir qué cuenta como un retiro “ideológico”. El problema de fondo es que los reintegros suelen implicar una reorganización interna. Uno de los generales retirados por este Gobierno explica la dificultad. “Es una buena estrategia para simpatizar con las Fuerzas Militares, pero puede generar roces con los militares activos, porque hacerle espacio a los reintegrados implicaría otra ronda de salidas forzosas”, dice, pidiendo la protección de su identidad para evitar problemas con sus compañeros.Es algo similar a lo que advierte Guillermo León León, general retirado de la Fuerza Aeroespacial y presidente del gremio de altos oficiales retirados (Acore), explica hay cuatro grandes riesgos. El primero es que se puede enviar un mensaje equivocado a los militares activos en la institución. “Es como decirles que no se confía en ellos, que no creemos que tengan las competencias para dirigir la institución y por eso se reintegran a los retirados. Eso genera una desmotivación porque pierden las expectativas de crecimiento”. La segunda, la politización de las Fuerzas Militares. “Esto es lo más peligroso porque se rompen los procesos internos y se induce a que los oficiales piensen que hay que acercarse más a la política para tener opción de ascender y no ser retirados”. Y tercero, la pérdida de la credibilidad de la institucionalidad. “Las personas que ya están llegando a altos niveles de mando se les trunca su camino militar porque otra persona, que ya estaba retirada, se cuela. Entonces se pierde la seriedad, la mística y la credibilidad de la institucionalidad militar”.Aunque el procedimiento de reintegro es sencillo, en la jerarquía de las Fuerzas Militares es muy atípico hacerlo. Esa jerarquía se rige por antigüedad, por lo que el oficial con más tiempo en una institución siempre ocupa el grado más alto. Eso significa que, si se reintegra a alguien muy antiguo, debería pasar automáticamente a ser el comandante general.En la Policía, la situación es similar, pero con un agravante estructural. Según cifras entregadas por la institución a La Silla Vacía, el alto mando policial tiene hoy la menor cantidad de generales y coroneles de los últimos 15 años: de un promedio histórico de 30 generales, cayó a apenas 17 en 2025; los coroneles son 138, la cifra más baja desde 2012 y cuando en 2018 llegaron a ser 289.Esa reducción no es un dato menor a la hora de pensar en los reintegros. Significa que, en este momento, los cargos de mando estratégico, como las direcciones o las policías metropolitanas, están ocupados por coroneles jóvenes o generales de primer y segundo año, que asumieron los liderazgos con mayor responsabilidad. “Cuando se promete reincorporar nosotros prendemos unos bombillos en rojo, porque con un remedio aparente se puede exascerbar la enfermedad, y acelerar la desinstucionalización de la Fuerza Pública”, señala León.Uno de los retiros más mediáticos, que hoy figura entre los casos prioritarios para un eventual reintegro, fue el del general de la Policía Edwin Urrego, apartado en medio de señalamientos por un supuesto complot para sabotear la reunión de Petro con Donald Trump en enero. Otro de los nombres que encabeza la lista es el del general del Ejército Erick Rodríguez, quien salió tras haber denunciado la “carnetización” de población civil por parte de las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá. El Ministerio de Defensa, sin embargo, afirma que su salida se dio por irregularidades relacionadas con un caso de corrupción. En todo caso, los dos retiros se convirtieron en símbolos de lo que De la Espriella y sus seguidores llaman “purga ideológica”. Según una fuente que participó en la reorganización del sector militar durante esta administración, al comienzo del Gobierno, un grupo de generales del Ejército aprovechó el interés del ministro Iván Velásquez en asuntos de derechos humanos para “sacar del camino a sus rivales internos”, mezclando a oficiales con investigaciones reales y a otros que simplemente les estorbaban. El resultado, según dice, fue la salida de 21 o 22 generales del Ejército, de los que, afirma, 5 no tenían ningún tipo de investigación o cuestionamiento. El costo de esa decisión se sintió luego, cuando el Gobierno intentó recomponer la comandancia del Ejército y encontró que los generales activos eran demasiado “reclutas”, con poca experiencia para asumir el liderazgo. Otro general retirado en este cuatrienio, que pidió no ser identificado, matiza el argumento de que los retiros respondieron a una limpieza ideológica. “En las Fuerzas Militares siempre hay un recorte en los ascensos por tratarse de una estructura piramidal”, recuerda, y advierte que el Ejército, por su mayor exposición a los problemas de orden público, tiende a generar más cuestionamientos que la Armada o la Fuerza Aérea. Pero también cuenta que se rumoraron casos de veto político explícito en las juntas de ascenso. “Se llegó a escuchar que decían ‘este no puede subir porque se lleva mal con el Gobierno’”, dice, aunque se muestra escéptico de revertirlo con velocidad o en bloque. Un coronel, que también ha pedido no revelar su identidad, menciona que varios de los oficiales cercanos al Gobierno entrante cuentan que les han prometido su regreso, pero explica que esas intenciones pueden chocar con la lógica de las Fuerzas Militares. “Cuando hay un solo reintegro, eso ya genera suspicacias. Imagínese con 10, 15 o 50”, resume. Señala que nadie ha explicado cuál sería el método para decidir quién vuelve, bajo qué cargo y con qué criterio se tomarían las decisiones. El nuevo presidente se ha mostrado convencido de los reintegros y ha designado a varios militares retirados en el empalme del sector Defensa. Lo lidera el general retirado Jorge Eduardo Mora, quien lideró su campaña en Norte de Santander y quien tiene, junto al general en retiro Alberto Sepúlveda, la función de “devolverle la moral” a las Fuerzas del Estado. Pero la decisión, dice el general León, puede no salir bien. “Por tratar de enmendar una decisión sesgada pueden llevar también a tomar decisiones que generan otro tipo de problemas”. Esa tarea, sin que hasta ahora se conozca un plan específico para lograrlo, es mucho más difícil de cumplir de lo que suena.