La Fiscalía de Málaga ha abierto una investigación para aclarar si un laboratorio del hospital de la Axarquía ha estado utilizando reactivos caducados para la realización de análisis. El organismo público ha pedido información sobre el caso al centro hospitalario después de que el sindicato CSIF haya presentado una denuncia, según han confirmado fuentes del organismo público. Este paso el inicial para determinar si lo ocurrido reúne indicios de que pueda ser constitutivo de delito o, simplemente, queda archivado. Desde la Junta de Andalucía aseguran que ya ha remitido la documentación solicitada, pero que al tratarse de un proceso judicial abierto no pueden difundir más datos sobre el caso. Las diligencias abiertas por las fiscalía malagueña —adelantadas por eldiario.es— responden a la denuncia que CSIF presentó el masado mes de marzo, después de hacerla pública y, primero, haber expuesto el caso ante la dirección del centro ubicado en Vélez-Málaga, que según el sindicato archivó el caso. El documento recogía decenas de fotografías, cientos de mensajes en conversaciones de Whatsapp y otros documentos que exponen, según su versión, que el uso de reactivos caducados para la elaboración de análisis es una “práctica habitual”. Y que ello podría llevar a error sobre posibles enfermedades o los tratamientos a realizar a los pacientes. “Las propias máquinas detectaban que los reactivos no ofrecían garantías en sus resultados, que son inexactos y poco fiables, pero se forzaban para utilizarlos”, señalan fuentes sindicales. Añaden que han recopilado casos de etiquetas falseadas —nuevas puestas sobre botes viejos— y envases rellenados con restos, lo que hace que se pierda la trazabilidad. “Es como si te dan un blíster de Nolotil compuesto por distintos lotes y partidas. Si pasa algo, no hay manera de rastrear el origen del problema”, subrayan estas fuentes, que señalan que las prácticas se podrían estar desarrollando de manera conscientes desde 2020, que afectan “a miles de pacientes” y que responde a un criterio “economicista llevado al límite”.Tras analizar la situación durante años, CSIF decidió presentar el caso ante la dirección del hospital el pasado 22 de enero durante una reunión con el gerente del área sanitaria, Miguel Moreno. Insistió en otros dos encuentros celebrados el 9 y el 16 de febrero. “Pedimos que se abriese una investigación para que ninguna analítica se realizase así nunca más, porque los protocolos no se cumplían. Pero también para aclarar la situación y ver si cabía la posibilidad de que realmente no hubiese problemas y no generase peligro”, apuntan desde el sindicato, donde señalan que luego pusieron el caso en manos de la Junta de Andalucía con una denuncia de 13 folios bien detallada. También pedían, como medida preventiva, que se apartase de su trabajo a dos cargos intermedios que, según sus informaciones, autorizaban estos usos irregulares. Estas dos personas se han querellado contra tres delegados sindicales de CSIF y el propio sindicato en un proceso que está actualmente. Fotos, testimonios y mensajes de WhatsAppLa investigación interna que se abrió tras este movimiento se cerró sin consecuencias. “La actuación de la gerencia ha arrojado aún más dudas y preocupación sobre unos posibles hechos que, de confirmarse, podrían tener importantes repercusiones”, apuntaba la organización sindical en un comunicado enviado en marzo. Por eso, finalmente, ese mes decidían ir un paso más allá y trasladar la información a manos de la fiscalía. Lo hicieron con una denuncia que incluye más de un centenar de fotos de reactivos con fechas caducadas o formas para forzar las máquinas para usarlos, además de unos 3.000 mensajes de conversaciones de WhatsApp y los testimonios de al menos una decena de personas que han trabajado en los últimos años en los laboratorios del centro hospitalario malagueño. Los técnicos también denuncian el hostigamiento que están recibiendo desde que se hizo público el caso. “No tenemos la verdad absoluta, pero sí entendemos que hay cosas que no se están haciendo nada bien y es un peligro para los pacientes. La sanidad pública, que es un auténtico tesoro, no puede permitirse estas cosas”, añaden desde CSIF. “La dirección gerencia del Área Sanitaria ya remitió en su día la documentación solicitada por la Fiscalía. Al tratarse de un tema que se encuentra en proceso judicial, no podemos difundir ningún dato ni información”, han informado desde la Junta andaluza. “Andalucía merece una sanidad pública con recursos, seguridad y garantías, no el deterioro al que la está sometiendo el PP”, apuntan desde el PSOE. Este caso se une a otro reciente ocurrido en el Hospital Clínico Virgen de la Victoria de Málaga, donde una contaminación con líquido de limpieza en la maquinaria que analiza la sangre oculta en heces produjo 400 falsos positivos. Fueron los propios técnicos los que detectaron un número anormal, comprobaron lo ocurrido y, tras detectar el problema, volvieron a llamar a los pacientes para repetir las pruebas. “La incidencia”, contaron entonces desde la administración pública, “es una incidencia técnica y no una incidencia ni del sistema, ni del protocolo, ni de los profesionales, limitada en el tiempo”.