Bartolomé Lora, vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha tenido este viernes una cita en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para declarar como investigado por un delito de prevaricación administrativa en relación a los controvertidos rescates de determinadas empresas durante la pandemia. Durante alrededor de una hora y media, Lora ha negado ante el juez irregularidades en la ayuda pública concedida a Air Europa ―la única compañía por la que ha sido cuestionado― en noviembre de 2020 por el importe de 475 millones de euros, que ya ha sido devuelto en su totalidad. Sin embargo, según fuentes jurídicas presentes en la declaración, el alto cargo del órgano público ha reconocido que en junio y julio de ese año, antes de que se abriera el plazo para pedir formalmente las ayudas, ya hubo reuniones para tratar este expediente.El juez José María Escribano, a cargo del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, ha citado a Lora como investigado tras admitir a trámite sendas querellas presentadas por los partidos políticos PP y Vox. Según han informado fuentes jurídicas, Lora ha contestado a todas las preguntas que le han formulado las acusaciones populares para defender la legalidad de la operación. Durante la fase clave de aprobación de esta y otras ayudas a empresas como Tubos Reunidos, Plus Ultra, Duro Felguera o Ávoris, Lora era el presidente en funciones de la SEPI , en sustitución de Vicente Fernández, que en octubre de 2019 dimitió por su imputación en el caso Aznalcóllar, del que la Audiencia de Sevilla le absolvió el pasado diciembre. Esta presidencia interina duró hasta el 30 de marzo de 2021, cuando Belén Gualda tomó el mando de la institución. La inyección de dinero en estas empresas ha sido objeto de sospechas de irregularidades por parte de la oposición política, que ha impulsado varias causas judiciales para que se investiguen. La querella presentada por la formación de Santiago Abascal pedía la imputación de Lora, de Vicente Fernández Guerrero (imputado en el caso Leire, al igual que Gualda) y del empresario Julio Martínez Martínez (administrador de la consultora Análisis Relevante, vinculada al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que asesoró a Plus Ultra en su rescate). Sin embargo, el magistrado instructor admitió a trámite las querellas de Vox y PP únicamente contra Lora (por el momento) y solo en referencia a la operación de Air Europa. Con este contexto delimitado, las preguntas formuladas durante el interrogatorio de este viernes se han centrado en la tramitación de la ayuda a la aerolínea. De acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas, Lora ha reconocido que, entre junio y julio de 2020, hubo cuatro reuniones para analizar este caso por parte de la SEPI. En esta línea, el vicepresidente del holding público ha explicado que la compañía se dirigió primero al Ministerio de Economía, que decidió elevar el caso al órgano público en el contexto del marco temporal de ayudas del Estado que se dieron en marzo y mayo de ese mismo año. Asimismo, ha precisado que la solicitud formal no fue realizada por el conglomerado Globalia en el que opera Air Europa, sino por Air Europa Holding, sociedad cabecera de la aerolínea.Instrumento creado en julio de 2020Las ayudas se canalizaron a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) ―dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales―, que se creó en julio de 2020 y se dotó de 10.000 millones de euros para dar oxígeno a empresas que atravesaban dificultades económicas como consecuencia de la pandemia. La orden ministerial se publicó y entró en vigor el 23 de julio de 2020, fecha a partir de la cual las empresas estratégicas afectadas por la Covid-19 pudieron enviar sus peticiones formales. Este instrumento se encuadra en el marco de apoyo económico por la pandemia, por el que en marzo de 2020 se adoptaron adoptaron medidas para atender las necesidades de liquidez de empresas y autónomos del sector turístico, a través de líneas de financiación ICO, y en mayo fue ampliado para adoptar medidas de recapitalización pública. Esto sirvió de base jurídica para que el Gobierno creara la FASEE.Una condición sine qua non para que el órgano público inyectara dinero era que las empresas acreditaran que no lastraban una mala situación financiera antes de la pandemia y que no tuvieran deudas con Hacienda o la Seguridad Social. Las ayudas tenían como objetivo evitar que las compañías quebraran por las consecuencias económicas de las crisis sanitaria. Sin embargo, para Vox y PP, Air Europa era una de las empresas que no cumplían los requisitos.Preguntado también por la participación de altos cargos gubernamentales en el rescate de la aerolínea española, Lora ha señalado al exsecretario de Estado de Transportes y actual presidente de Correos, Pedro Saura, y el secretario de Estados de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, pero ha justificado sus intervenciones puntuales en la importancia estratégica de la aerolínea. Sobre el primero ha concretado que su presencia se debió a que la compañía fue considerada muy relevante en el sector, aunque ha indicado que, previo a recabar su opinión, la SEPI solicitó informes a la Dirección General de Aviación Civil y a la Agencia de Seguridad Área. Con respecto al segundo, Lora ha señalado que se requirió su colaboración en el proceso porque estaba en marcha una operación de compra del grupo Air Europa por parte de IAG, que tenía un impacto directo en el PIB nacional, según las fuentes consultadas.Otras causas judicialesLa aerolínea fue la compañía que recibió la mayor ayuda, de 475 millones de euros ―que se encauzó a través de un préstamo participativo por importe de 240 millones de euros y un préstamo ordinario de otros 235 millones de euros―, pero su nombre ha salido a relucir en distintos casos de corrupción, como en el caso Koldo, por la presunta intermediación del exministro de Transportes José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. El antiguo consejero delegado, Javier Hidalgo, testificó en el juicio que se celebró en el Tribunal Supremo contra el exministro y sus colaboradores cercanos y aseguró que nunca había pagado ningún tipo de dádiva. De hecho, se quejó de que el rescate fue “el préstamo con peores condiciones que se han dado no en España, sino en el mundo entero”.También el juez de Madrid Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias o intrusismo profesional, entre otros, ha tratado de investigar el rescate de la aerolínea al creer que esta pudo mediar y que hubo encuentros con Hidalgo días antes de que se abriera el plazo para solicitar la ayuda pública. Sin embargo, la Audiencia de Madrid ha frenado el intento en varias ocasiones.Al respecto, Bartolomé Lora ha manifestado que solo ha coincidido con el exministro una vez, a finales de 2020, a petición del Ministerio de Economía para poner en marcha el fondo FASEE y nunca con Koldo García. Asimismo, ha negado haberse reunido personalmente con Hidalgo.Por otro lado, las fuentes jurídicas consultadas han señalado que la SEPI aún no ha aportado la documentación que requirió el juez instructor a través del auto de admisión a trámite de las querellas, dictado el pasado 5 de junio. Entre la batería de documentación, el magistrado solicitó el expediente relativo al rescate de Air Europa, listado de asistentes a las reuniones, informes de fiscalización o control de la ayuda, intercambio de comunicaciones en relación a esta operación.