Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea de Madrid y exmano derecha de Isabel Díaz Ayuso en el Gobierno regional hasta 2023, se abstuvo el jueves en la votación que sirvió para que el PP impidiera que el Parlamento autonómico investigue el caso FP. Esta polémica, que está judicializada por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa, se centra en la supuesta concesión a dedo (a través de contratos menores, principalmente al grupo Virelec) de obras que deberían haber salido a concurso público (permitiendo la competencia entre empresas). Ossorio, según fuentes parlamentarias, se ha abstenido para evitar un conflicto de intereses, ya que en la época investigada por la justicia (2021-2023), él estaba al frente de la consejería de Educación, de la que dependían los dos excargos y la decena de centros investigados. En la instrucción judicial, ningún documento refleja que conociera lo que ocurría, aunque participara en los procesos de firma de todos los expedientes administrativos. Un portavoz de la Asamblea no ha aclarado si la razón de esta abstención, que no es habitual, es para evitar un conflicto de intereses, como opina la oposición. En todo caso, la falta de una mayoría a favor de la iniciativa ha hecho innecesaria su participación en la votación, dejando en nada el apoyo que le han dado a la propuesta del PSOE tanto Más Madrid como Vox (un portavoz de este último partido precisa que su apoyo ha sido por coherencia con su deseo de que haya actividad parlamentaria en julio, bajo la forma de un pleno extraordinario para hablar de corrupción, y no tanto por el asunto concreto). “En abril de 2025 se debatió y rechazó en el pleno de la Asamblea la creación de una comisión de investigación sobre el caso”, recuerda un portavoz de la Asamblea de Madrid. “La Mesa ha considerado que el objeto de aquella comisión es el mismo que el que se propone actualmente”, sigue, obviando que ese criterio es exclusivamente el del PP, pues el resto de partidos con representación en el organismo (PSOE, Más Madrid y Vox) sí han apoyado la iniciativa. “La solicitud de la creación de una comisión de investigación, que ahora se plantea por parte del grupo socialista, está basada en una información aparecida en la prensa el 10 de junio de 2026″, añade en referencia a un artículo de EL PAÍS. “Así se afirma expresamente en el escrito del Grupo Socialista”, recalca. “La Mesa ha puesto de manifiesto que el 25 de marzo de 2025, dos semanas antes de que el pleno de la asamblea rechazara la anterior comisión, el mismo medio publicó una noticia con el mismo contenido sobre el proceso de firma en los expedientes administrativos de la Consejería de Educación”.Se trata por lo tanto de la segunda vez en la que el PP consigue impedir que la Cámara investigue el caso FP, muy presente en los debates de la Asamblea, donde ha dado munición a la oposición. En esta ocasión, ha sido tras dos empates en sendas votaciones, lo que ha hecho que el asunto decaiga al no haber mayoría a favor, según explica una fuente parlamentaria. Entre los partidos de izquierdas no ha sorprendido la abstención del presidente en la votación. En febrero de 2025, Ossorio detuvo un debate en el pleno de la Cámara para impedir que una diputada de Más Madrid, Beatriz Borrás, insistiera en señalar que él estaba al frente de Educación en la época investigada y que suya era la responsabilidad de que todo se hiciera correctamente. Ni antes ni después de aquel encontronazo ha habido ninguna prueba documental que haya vinculado al exconsejero con el caso. Pero “por razones que no ha hecho falta explicar”, según una fuente presencial, Ossorio se ha abstenido. La investigación intenta dirimir de quién es la responsabilidad de estos pagos irregulares: de los cargos de Educación de la Comunidad de Madrid o de los directores de los centros que fueron reformados con contratos menores (hasta 40.000 euros) pese a que el montante millonario final (que supera los tres millones) exigía por ley que se hiciera un concurso público. No obstante, las auditorías enviadas al juzgado por la propia administración, a petición de la Fiscalía, coinciden en señalar la responsabilidad de la Consejería de Educación, entonces dirigida por Ossorio.Prevaricación administrativa“Se han detectado gastos tramitados como contratos menores que superan la cuantía del contrato menor”, se lee en ellas. “Asimismo, se ha observado fraccionamiento del objeto del contrato (...) a fin de no superar los límites establecidos para el contrato menor (...) y eludir el procedimiento de contratación con licitación aplicable”, se añade. “Teniendo en cuenta el objeto e importe de dichos gastos, hubiera procedido la tramitación de expediente de contratación por órgano competente de la consejería”, se explicita.Durante su investigación, desarrollada a lo largo de 2024, la Fiscalía ya vio “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento” aplicada por el Gobierno regional.La jueza, por su parte, ya advirtió en noviembre de 2024 “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]”.