El Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado un proceso competitivo para buscar un inversor que entre en el capital de la empresa lanzada por la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) para desarrollar una gigafactoría en Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid). Según fuentes próximas al proceso, la llamada SEPI digital quiere que un fondo de capital riesgo suscriba el 20% del accionariado, actualmente participado por Banco Santander, Telefónica y ACS, las cuales reducirán su porcentaje en el proyecto. La operación asciende a unos 300 millones de euros, ya que el proyecto consta de una inyección de capital de 1.500 millones y fondos europeos y deuda por otros 3.500 millones. La SETT ya se ha comprometido a aportar 720 millones, lo que le dará inicialmente el 47,99% de las acciones. Por su parte, Santander, Telefónica y ACS han firmado poner unos 150 millones cada uno, ya que de partida cuentan a título individual con el 15,67%. Sin embargo, con la entrada del nuevo socio, el banco dirigido por Ana Botín, la operadora presidida por Marc Murtra y la constructora controlada por Florentino Pérez disminuirán su presencia en el capital a cerca del 10%. El porcentaje final aún no está definido porque dependerá de las ofertas que reciba la SETT, que también ajustará ligeramente a la baja su paquete. Por tanto, los tres socios privados del Gobierno tendrán entre los tres cerca de un 30% del capital, lo que supondrá un desembolso de algo más de 400 millones. La Generalitat de Cataluña se ha subido a este proyecto con el 1%, mientras que Multiverse Computing tendrá el 4%. Pedro Sánchez reunió el pasado miércoles en Moncloa al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, de quien depende la SEPI digital; al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; al consejero delegado del Grupo Santander, Héctor Grisi; al director ejecutivo de Multiverse Computing, Enrique Lizaso, así como a Murtra y Pérez, para oficializar la 'joint venture', que estará dirigida por Francesc Fajula, exdirector de Mobile World Capital Barcelona. El proyecto español compite con otros 75 aspirantes del conjunto de la Unión Europea para cristalizar en una de las cuatro gigafactorías que se han planteado desde las instituciones comunitarias y crear así un ecosistema europeo de IA. El calendario para decidir qué proyectos acaban prosperando no es firme, pero las fuentes del sector apuntan que podría conocerse este mismo mes de julio. Una gigafactoría es una infraestructura tecnológica dedicada al desarrollo de modelos avanzados de IA y no produce productos materiales, sino que es un megacentro destinado a la computación, a las redes de alto rendimiento y al almacenamiento. El proyecto lanzado por el Gobierno tendrá su sede principal en Móra la Nova (Tarragona) y contará con una subsede técnica en San Fernando de Henares (Madrid) para reforzar la redundancia tecnológica y la capacidad de procesamiento. La gigafactoría será capaz de operar hasta 100.000 procesadores de última generación para entrenamiento y despliegue de servicios de inteligencia artificial. Durante la reunión con los socios del proyecto, Pedro Sánchez afirmó que la inteligencia artificial es una de las tecnologías que transformará en mayor medida la sociedad en las próximas décadas, en campos como el laboral, la investigación, el aprendizaje y las relaciones. En este sentido, instó a seguir trabajando para construir y gobernar las tecnologías estratégicas y a que "España contribuya, con ambición política e inversión, a que Europa pueda liderar ámbitos tecnológicos clave, recuperar competitividad y reforzar la capacidad de decidir sobre el futuro digital español y europeo". El Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado un proceso competitivo para buscar un inversor que entre en el capital de la empresa lanzada por la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) para desarrollar una gigafactoría en Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid). Según fuentes próximas al proceso, la llamada SEPI digital quiere que un fondo de capital riesgo suscriba el 20% del accionariado, actualmente participado por Banco Santander, Telefónica y ACS, las cuales reducirán su porcentaje en el proyecto.