El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias denunció este jueves 2 de julio la situación de desamparo estatal que han sufrido durante cuatro décadas las víctimas y los familiares de los más de 45 mil desaparecidos registrados durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).
Tras concluir una visita oficial al país, efectuada del 23 de junio al 2 de julio, las expertas Aua Baldé y Ana Lorena Delgadillo alertaron, en conferencia de prensa, sobre un retroceso en materia de justicia experimentado en los últimos ocho años debido al desmantelamiento de las instituciones de paz, el cual atribuyeron a las administraciones de los expresidentes Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024).
"Lo que pudimos presenciar es justamente todo el abandono que hay en estas familias por más de 40 años", afirmó Delgadillo, quien además criticó las medidas implementadas durante los ocho años de gestión de la exfiscal general Consuelo Porras Argueta, quien el pasado mayo dejó el Ministerio Público (MP), tras condicionar las exhumaciones de víctimas de la guerra e imponer cargas burocráticas a los familiares de los afectados.
"La ausencia de apoyo y protección por parte del Estado, en un contexto en que muchas de las familias han debido asumir directamente las labores de búsqueda e investigación de sus familiares desaparecidos, ha tenido un impacto significativo en el disfrute de derechos económicos, sociales y culturales", aseveró Baldé.
