Al juicio por la operación Kitchen le quedan días para llegar al "visto para sentencia", tras tres meses de jornadas memorables, como lo fue la declaración del inspector jefe Manuel Morocho, investigador del caso Gürtel, que ha denunciado presiones de sus superiores para que borrara de sus informes nombres de dirigentes del PP que habían percibido dinero opaco.PublicidadEste jueves ha sido el turno de los informes finales de las acusaciones. PSOE y Podemos, que ejercen la acusación popular, coinciden en un argumento central: los acusados conformaron una organización criminal. Son las únicas acusaciones que consideran que hubo un reparto de funciones para lograr el objetivo criminal, que era "sustraer pruebas incriminatorias contra el Partido Popular y sus dirigentes en aquel momento, entre los que se encontraban sin lugar a dudas, como se ha podido comprobar por la prueba practicada, pese a las limitaciones impuestas a esta parte, el presidente Mariano Rajoy y su secretaria general, la señora Cospedal", ha indicado Gloria de Pascual, la letrada del PSOE.La abogada ha reproducido los argumentos que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, dio en el juicio del caso mascarillas para argumentar que el exministro socialista José Luis Ábalos formaba parte de una organización criminal.Por parte de Podemos, el abogado Jaime Montero ha expuesto que el objetivo de Kitchen fue "la obstaculización de la investigación que llevaba a cabo el Juzgado Central de Instrucción 5, conocida como Gürtel, no porque les afectara personalmente, sino porque afectaba, o podía afectar, a dirigentes del Partido Popular, de los que dependerían las carreras políticas o profesionales de los acusados".Ambos letrados han desgranado la participación de cada uno de los acusados, desde la jefatura del que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, pasando por el comisario Villarejo; y piden condenas por organización criminal, revelación de secretos y obstrucción a la justicia. PublicidadEl reparto de funciones de "manera concertada y coordinada" para acometer ilícitos es la característica del delito de organización criminal descrito en el artículo 570 bis del Código Penal, que ya de por sí castiga con penas de hasta ocho años la pertenencia a la agrupación criminal, independientemente de los delitos cometidos. La Fiscalía, que no ve organización criminal, pide 15 años para el exministro, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, por los delitos de encubrimiento, cohecho, malversación y contra la intimidad.La cúpula Fue en la cúpula del Ministerio del Interior donde se asumió el proyecto criminal, considera la letrada del PSOE. "Echamos en falta a los que se beneficiaron de la operación Kitchen", en relación a los más altos dirigentes del PP. El ministro Jorge Fernández Díaz ejerció "las labores de dirección y supervisión", indica el letrado de Podemos.Gloria de Pascual ha invocado un archivo de audio que da cuenta de la reunión del 16 de diciembre de 2012, meses antes de que se pusiese en marcha la operación Kitchen, entre Fernández Díaz, el entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino, y el comisario Villarejo en el Ministerio del Interior en la que se escucha decir al ministro: "Yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido". PublicidadEl exministro, que dijo que había coincidido con Villarejo dos o tres veces en actos públicos, no pudo ser preguntado por ese audio porque se negó a contestar a las preguntas de las acusaciones. "No obstante, el archivo de audio evidencia que no solo conoce a Villarejo de actos públicos, sino que pocos meses antes de la operación Kitchen mantuvo relaciones con el comisario junto al resto de acusados en esta causa", ha dicho De Pascual. Los mensajes del ministroPor su parte, Jaime Montero ha planteado que no es lógico que su ex número dos, Francisco Martínez, "protocolice unos mensajes que resultan incriminatorios para el ministro, pero también para él, mensajes por los que enfrenta unas penas elevadas y que resulte que esos mensajes auto incriminatorios sean falsos".Según declaró Francisco Martínez, él entró en contacto con Villarejo por indicación del propio ministro, a quien se lo recomendó el Juan Cotino, exdirector general de la Policía. Para la acusación del PSOE, Martínez desempeñó en Kitchen el papel de "enlace político, en cuanto traslada la información y las órdenes" y también fue el "director operativo, quien coordina con el resto de agentes implicados, recibe la información, coordina las actuaciones, autoriza o da las órdenes". Respecto al ex DAO, la acusación de Podemos dice que "aparece menos en las agendas de Villarejo que Francisco Martínez, porque le pide expresamente al sr. Villarejo que despache este tema directamente con el secretario de Estado". Pero llama la atención algunos apuntes que revelan el "interés" en saber cómo iba la operación, ha explicado el letrado. AgravantesEl PSOE considera que ha de tenerse en cuenta el agravante de uso de medios tecnológicos por parte de la trama: "Se ponen a su disposición y se utilizan todos los medios de que dispone el Ministerio del Interior que son muchos, el acceso a sistemas policiales, bases reservadas, herramientas de inteligencia y comunicaciones protegidas, y es esto lo que otorga una capacidad cualitativamente superior para ejecutar los delitos y garantizar la impunidad", ha sostenido Gloria de Pascual, que ha citado expresamente el sistema SITEL para geolocalización del coche de Bárcenas, conducido por el 'topo' Sergio Ríos. La letrada ha hecho ver la "capacidad de modificar las bases de datos policiales" de los acusados, "a fin de garantizar su impunidad como se desprende del 'parte investiga' y su registro en la base GATI, que efectuó el comisario Gómez Gordo con posterioridad a Kitchen para darle cobertura legal.Podemos considera que el delito de descubrimiento y revelación de secretos debe considerarse como continuado, al entender que la víctima es, en última instancia, el el señor Luis Bárcenas, pues la documentación de la que se apoderan en todos los casos es titularidad del mismo, que en este punto sería el único ofendido", ha dicho Jaime Montero.PublicidadLa formación morada pide de 27 años de prisión para Jorge Fernández Díaz, Martínez y Pino, mientras que el PSOE ha rebajado un año las penas que pedía inicialmente, 47 años de cárcel para el exministro.