Nada más llegar a la Moncloa después de la moción de censura, Pedro Sánchez emprendió una gira por Latinoamérica. En cada embajada española que visitó durante su periplo, prometió a los nacionales allí reunidos que acabaría con el llamado “voto rogado” que tantas quejas recibía. La gran mayoría de los electores no lograba superar los trámites administrativos para poder votar, ya que la documentación llegaba muchas veces cuando ya había finalizado el plazo. Antes de la implantación del voto rogado, el porcentaje de residentes en el extranjero que ejercían ese derecho superaba el 20%. Con ese sistema cayó al 5%. Sánchez cumplió en enero del 2022 y desde entonces se está recuperando la participación, si bien no alcanza ni mucho menos los niveles anteriores. O sea, ahora votan la mitad de los españoles que residen fuera respecto a la época de Mariano Rajoy. ¿Eliminó el líder del PSOE el voto rogado para lograr más apoyo electoral?En aquel momento el PP no puso en cuestión la medida. De hecho, una vez desaparecido ese método se produjo por primera vez una modificación del resultado electoral en la Comunidad de Madrid a partir de las sacas procedentes del exterior… y dio un escaño más para el PP. El voto exterior no suele modificar los resultados de las elecciones generales. Como explicó ayer el sociólogo Narciso Michavila en Antena 3, de los 4.500 diputados elegidos en democracia, el voto emitido en el extranjero solo influyó en cuatro escaños. En algunas elecciones autonómicas sí ha tenido una incidencia mayor y, por ejemplo, en Galicia, de donde fue presidente Feijóo, siempre se ha cuidado esa bolsa de electores emigrantes, con viajes de los presidentes autonómicos para reunirse con las colonias de residentes en otros países. Facilitar el voto de los que tienen la nacionalidad española y viven fuera siempre había sido una prioridad del PP.Sin embargo, el conflicto surge con los que obtienen ese derecho por ser hijos o nietos de exiliados de la guerra civil y el franquismo en virtud de la aplicación de la ley de memoria democrática de 2022. Es lo que se conoce como la “ley de nietos”. En su programa electoral de 2023, el PP abogaba por que pudieran conservar la nacionalidad, aunque apuntaba que la ley debería reformarse. El trasfondo es ideológico. Para el PP es más fácil justificar ese derecho por parte de descendientes de españoles en el extranjero que cumplan unos requisitos, sean éstos incluso económicos, pero que no estén vinculados al resarcimiento por el golpe de estado y la dictadura franquista.Se puede discutir sobre el voto de hijos o nietos de exiliados, pero es un debate sobre memoria, no electoral ni migratorioEs discutible otorgar el derecho al voto a quien nunca ha pisado territorio español, ni está empadronado ni paga aquí sus impuestos, pero en este caso se concede como un resarcimiento histórico y, por tanto, para avalarlo hay que estar de acuerdo con la existencia de esa injusticia previa, algo que Vox rechaza y el PP suele ponerse de perfil. Aun así, se puede debatir si ese derecho debe asistir a hijos, nietos o ir incluso más allá, como en otros países.Luis Müller, sociólogo e investigador del CSIC, considera que en España nunca ha existido una concepción de comunidad unida de españoles en el extranjero, como ocurre en otros países. Sí que hay, por ejemplo, un fuerte sentimiento de la comunidad vasca en el exilio y sus descendientes. Algo que sí existe entre los italianos o los portugueses, por ejemplo. Aun así, Müller es partidario de crear una circunscripción única para el voto exterior, sea este derivado de la ley de memoria o por motivos laborales, de estudios, familiares o cualquier otro. Esa comunidad de nacionales fuera de España dispondría de un número de diputados más o menos fijo, como una provincia, que los representara. Eso evitaría alteraciones bruscas en su incidencia electoral. Es lo que se ha hecho en varios países, entre ellos Italia.El PP y Vox están mezclando en el debate público cuestiones muy distintas: una cosa es el voto rogado, otra la nacionalidad de descendientes del exilio y otra los derechos de los inmigrantes regularizados. Lo cierto es que ninguna de ellas se ha demostrado hasta ahora determinantes para el resultado de unas elecciones generales. En el tercer caso, se insiste en que 1,3 millones de solicitudes de legalización de estancias irregulares darán un vuelco a las urnas. Veamos sus posibles efectos:No sabemos qué votarán los inmigrantes que finalmente obtengan ese derecho. Sí existe algún estudio aproximativo -a través de encuestas- sobre lo que eligen los que ya obtuvieron la nacionalidad española y, por tanto, viven aquí desde hace tiempo. La conclusión es que se reparten bastante al 50% entre derecha e izquierda, explica Müller. Por procedencia sí hay algunos sesgos: por ejemplo, los marroquíes se decantan a la izquierda, mientras que los latinoamericanos lo hacen hacia la derecha. Algo que tanto los populares como los socialistas conocen, y explotan, desde hace mucho, sobre todo cuando se acercan elecciones locales. En cualquier caso, la regularización no afectará a las próximas generales, ya que solo podrán votar en esos comicios una vez acrediten al menos diez años de residencia, salvo que procedan de Iberoamérica, que solo necesitan dos, o puedan acogerse a alguna otra excepción.Vox trata de difundir la idea de que Sánchez es capaz incluso de un pucherazo y, de paso, introduce el discurso sobre la inmigraciónEntonces, ¿por qué tanto revuelo? A Vox le interesa abrir el melón de un posible fraude electoral. El referente de Donald Trump es evidente. Santiago Abascal dedicó sus discursos en el último pleno del Congreso sobre la corrupción a este asunto. Sus intervenciones son después trasladadas en píldoras de segundos a las redes sociales. Para Vox, se trata de enviar el mensaje de que Pedro Sánchez es capaz de todo, también de adulterar unas elecciones, de montar un pucherazo como lo haría un dictador. Si además este asunto del voto exterior le permite introducir elementos ideológicos como la ley de memoria o, mejor aún, la inmigración y sus supuestos abusos y privilegios, Vox da en el blanco ante sus potenciales seguidores.El PP se ha sumado, con matices, a ese debate para mantener la competición con la extrema derecha. Pero Feijóo también ha recuperado su propuesta de imponer que gobierne la lista más votada, algo que ya había planteado antes de las elecciones del 2023 y a la que ahora ha aportado una novedad: añadir a esa lista ganadora un plus de diputados para garantizar la estabilidad. El sistema electoral español fue creado bajo la obsesión de garantizar la gobernabilidad, pero entonces se pensó en un modelo bipartidista, no en la fragmentación actual. Lo cierto es que existe ahora mismo un problema de bloqueo político que podría abordarse desde la perspectiva de un cambio electoral. Pero nadie se ha atrevido hasta ahora a plantearlo sin un acuerdo entre el PP y el PSOE. La cuestión es si Feijóo está pensando en acometerlo con Vox en caso de disponer de los 176 diputados (algunas encuestas apuntan a que rozarían los 200) necesarios para modificar la ley electoral. En ese caso, el actual revuelo político sobre posibles alteraciones del censo no sería más que un prólogo para preparar ese cambio.Licenciada en Periodismo y Políticas. Directora adjunta de La Vanguardia. Autora de la newsletter 'Política', que se publica cada jueves, y de los libros 'El naufragio' y 'El muro', sobre el conflicto catalán