El cacao en el PP a la hora de atacar la ley de nietos encontró ayer una posición firme y pormenorizada en la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso pronunció una conferencia a mediodía centrada exclusivamente en este asunto, y lo hizo para sembrar una retahíla de sospechas sobre las intenciones del Gobierno a la hora de dar la nacionalidad a los descendientes de españoles en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Para Ayuso no es el qué, es el cómo. Y en torno a esta idea señaló los aspectos que más le "inquietan", sobre la base de la desconfianza absoluta en el Ejecutivo. "Pedimos transparencia y rigor, iremos a las instancias que haga falta, ante la Unión Europea y ante el tribunal que sea, y también pediremos observadores en las embajadas y consulados", dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, convirtiéndose en la punta de lanza de la oposición del PP a la iniciativa del Gobierno, si bien lo hizo sin utilizar las palabras o expresiones más combativas, como sí está haciendo, por ejemplo, Vox: no quiso decir "pucherazo" ni "golpe de Estado". Pero eso no le impidió ser radical en el rechazo. "Si alguien piensa que Sánchez hace algo de manera altruista es que aún no se ha enterado de quién es", dijo Ayuso La posición base de Ayuso no dista tanto de la que marca Génova, pero hay una diferencia de partida que ayer se pudo visualizar con claridad. Mientras Ayuso acudió al Siglo XXI bien pertrechada de argumentos para convertir la ley de Nietos en el tema del almuerzo, unas horas antes la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, dedicó sólo cuatro minutos a hablar de este tema en un el desayuno informativo del Fórum Europa. Y lo hizo en respuesta a una pregunta del conductor del evento. Ayuso lo considera un tema principal contra Sánchez, pero la dirección nacional entra con pies de plomo. Génova ha echado el freno después de que el propio Feijóo agitase el lunes las sospechas en torno al proceso. En una entrevista con Federico Jiménez Losantos, el líder del PP denunció que Sánchez no actúa "con ingenuidad", advirtió de su "ingeniería electoral" y subrayó las supuestas intenciones del jefe del Ejecutivo de "fabricar votantes". Un día después la dirección quiso desinflamar el debate por la negativa de "desviar el foco de la corrupción" del Ejecutivo y del PSOE. Y pese a las dudas en el procedimiento del Gobierno, zanjan que el Partido Popular no cuestiona la confianza en la limpieza del funcionamiento del censo exterior. Al menos por ahora. El debate es delicado porque el PP ha sido proclive desde hace décadas a nacionalizar a los descendientes del exilio en el exterior y es una posición que mantienen a día de hoy. Lo que no quiere el presidente popular es que el pasaporte español se convierta en una barra libre, sin "garantías", ni "transparencia", ni "requisitos" acreditados. Al igual que Ayuso, la censura de Feijóo es a las formas del proceso, no al fondo. Pero aun así la distancia con el discurso y la dedicación empleada por la presidenta regional es evidente. Génova opta por una posición preventiva, por lo que pueda suceder. Y Ayuso ha pasado ya a la batalla frontal. TE PUEDE INTERESAR Antes de señalar lo que en su opinión son arbitrariedades sobre el proceso que exigen explicación, Ayuso vinculó la ley de nietos con el proceso de regularización de inmigrantes, que según los cálculos policiales dará la residencia a 1,3 millones de personas que en este momento están en situación irregular (aunque no podrán votar en las próximas elecciones generales). Con la primera aumenta el número de escaños; por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se pasa de 136 a 145. Y con la segunda se incrementa el censo de una manera que la presidenta de Madrid considera sospechoso y que resumió en una pregunta llena de intención: "¿Están nacionalizando socialistas?". Ayuso extendió la sombra de la duda en varios puntos del proceso y lo hizo partiendo de la idea de quién lo apadrina: "un Gobierno mafioso". "Si alguien piensa que Sánchez hace algo de manera altruista o solidaria es que aún no se ha enterado de quién es este señor", dijo. Después se centró en el cuándo, porque "tras 8 años, cuando el proyecto está acabado y ve que va a perder las elecciones", se vuelca en la nacionalización "de manera acelerada". Y acabó en la finalidad: "Incentivar y desincentivar el voto según convenga, como cuando en 2023 se convocaron las elecciones con España de vacaciones". TE PUEDE INTERESAR La mandataria madrileña denuncia que en la ley de nietos el elector decide cuál es su circunscripción y, si no lo hace, "se le asigna automáticamente Madrid o donde decida el Gobierno". "¿Con qué criterio? ¿Quién lo decide? ¿Quién lo controla?", subrayó, para a continuación explicar que Sánchez está "jugando a los restos". "Allá donde le falten votos al PSOE, empadronar según los restos para llegar a los escaños que faltan. Van a favorecer el voto CERA allá donde el recuerdo de voto sea favorable al PSOE", dijo, sin paños calientes. Génova comparte las mismas suspicacias respecto al reparto de las circunscripciones, pero opta por la prudencia y se resiste a hacer esa interpretación a las claras. La siguiente duda de Ayuso quedó sembrada en el proceso administrativo, que se lleva a cabo en las embajadas y los consulados españoles. "Han multiplicado por dos el personal asignado", dijo. Y se preguntó: "¿Quiénes son?". También le inquieta la horquilla temporal establecida en la Ley de Memoria Democrática, pues según Ayuso está establecida para que se puedan acoger a la norma personas represaliadas por el franquismo. Además, apuntaló otra sombra de sospecha que también la dirección nacional ha exprimido en las últimas horas: la Instrucción dictada a posteriori para ampliar los supuestos y que abre la puerta a optar a la nacionalidad a los emigrantes más allá de que estén o no relacionados con el exilio, y que explica que el número de solicitudes se haya disparado por encima de los 2,4 millones de personas. La aplicación de la Ley de Memoria Histórica que José Luis Rodríguez Zapatero impulsó en 2007 se saldó con medio millón de peticiones. TE PUEDE INTERESAR "Es una instrucción de la hermana de Óscar Puente para buscar ideológicamente a la persona nacionalizada", dijo la presidenta madrileña, en referencia a Sofía Puente, exdirectora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia en tiempos de Juan Carlos Campo y hoy, con Félix Bolaños, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia. Vox ha sido el único partido en recurrir ante el Ministerio de Justicia este cambio en la ley para pedir la nulidad de los procedimientos, al entender que la ampliación de los supuestos sin el concurso de las Cortes invalida todo el proceso. En definitiva, Ayuso ha asumido por iniciativa propia la tarea de hacer oposición al Gobierno con la ley de nietos. Y es un hecho que no ha pasado desapercibido en la planta séptima de Génova, entre otras cosas porque allí hay quien piensa que todo lo que sea no hablar de los escándalos de corrupción es echar un capote al Gobierno. "Ayuso va por su carril, y la dirección marca la posición nacional", zanjan fuentes de la cúpula. Génova se mantendrá "vigilante" a lo largo del proceso por el evidente impacto en el censo electoral —en 2023 participó sólo el 10% de los inscritos en el exterior, aunque el volumen ahora sería mayor—, pero no ha secundado por ahora la ofensiva desplegada por la baronesa de Madrid ni su intención de hacer llegar el asunto a todas las instancias jurídicas o comunitarias. La dirección del PP se ha limitado a intentar recabar toda la información posible para intentar despejar sus recelos y llevará al Congreso una batería de preguntas parlamentarias, petición de informes sobre las empresas subcontratadas por el Gobierno y la comparecencia de Albares. "Esto no va de votos, sino de garantizar el cumplimiento de la ley", concluyen. El cacao en el PP a la hora de atacar la ley de nietos encontró ayer una posición firme y pormenorizada en la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso pronunció una conferencia a mediodía centrada exclusivamente en este asunto, y lo hizo para sembrar una retahíla de sospechas sobre las intenciones del Gobierno a la hora de dar la nacionalidad a los descendientes de españoles en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Para Ayuso no es el qué, es el cómo. Y en torno a esta idea señaló los aspectos que más le "inquietan", sobre la base de la desconfianza absoluta en el Ejecutivo.