Me imagino que Alberto Núñez Feijóo se habrá arrepentido todos los días de haber ordenado a finales de 2025 a los presidentes de las comunidades autónomas de Extremadura y Aragón disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, con la doble finalidad de intentar obtener una mayoría absoluta que pusiera fin a la dependencia de Vox en ambos Gobiernos autonómicos y de erosionar simultáneamente al presidente del Gobierno de la Nación. Dado que el calendario electoral imponía que en la primavera de 2026 se tenían que celebrar las elecciones en la comunidad autónoma de Castilla y León y que antes del mes de julio también había que convocarlas en Andalucía, la concatenación de las cuatro elecciones daba al PP una oportunidad única para prefigurar un escenario de poner fin a la hipoteca de Vox, de derrota total del PSOE y de triunfo inevitable del PP en las próximas elecciones generales.
Como todo el mundo sabe, al presidente del PP el tiro le ha salido por la culata. No solamente no ha conseguido las cuatro mayorías absolutas que pretendía, sino que ha perdido la única de la que disponía en Andalucía. Vox ha conseguido imponer su “prioridad nacional” en las cuatro comunidades autónomas y ha dejado claro que también la impondría en el Estado tras las próximas elecciones generales, en las que resulta inimaginable que el PP pueda alcanzar la mayoría absoluta para la investidura.
