OpiniónEl reto está en saber cómo se implementará el modelo de gobierno desde y para las regiones que propone el nuevo presidente.PROFESOR TITULAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL01.07.2026 22:01 Actualizado: 01.07.2026 22:01 Que el nuevo presidente decida gobernar desde y para las regiones implica un cambio de fondo en el ejercicio del gobierno y de la política en Colombia. Sobre todo en un país convencido de que gobernar es hacer grandes reformas en el Congreso. La intención de sacar el gobierno y la política de la órbita parlamentaria en la que han estado presos por más de 30 años significa acercar el gobierno a los ciudadanos y abrir los espacios de la política a los territorios.No es la primera vez que se recurre a esa fórmula para salir de una crisis. En los años 80, para resolver la ruptura entre el Estado y los ciudadanos, se expidió el Acto Legislativo 1 de 1986, que creó la elección popular de alcaldes. Y logró algo más que solventar la crisis. Desde las primeras elecciones, en 1988, abre la puerta a una generación de líderes políticos (tipo Mockus en Bogotá, Guerrero en Cali, Fajardo en Medellín o Rodolfo Campo en Valledupar) que marcan el camino para mejorar y modernizar la infraestructura urbana y de servicios en las ciudades, y producen un cambio profundo en la manera de hacer política en el país.Las políticas de los líderes sustituyen las visiones de la política tradicional, que explotan las necesidades de la gente, por una visión alternativa basada en las capacidades de lo local para proveer sus propias soluciones. Los sistemas de favores que facilitaban el control a distancia de los grandes jefes y jerarcas partidistas se reemplazan por nuevas formas de administrar los recursos y gestionar los problemas públicos, que dan lugar a novedosas formas de poder, responsabilidad y organización en las comunidades locales.El vacío político que produjo semejante democratización del poder redujo el margen de maniobra de los presidentes en los territorios. La necesidad de apoyo político que exigían hechos como el proceso 8.000, entre muchos otros eventos, llevó a que congresistas y el Gobierno Nacional asumieran que solo podían sobrevivir si recuperaban el poder intermediario para los parlamentarios. Mientras nuevas leyes recortaban competencias y recursos a los gobiernos territoriales y los gobiernos nacionales, de facto, se iban apropiando de atribuciones y fondos que tenían alcaldías y gobernaciones, los espacios de la política partidista en los territorios regresaba al control de los parlamentarios.El problema es que la parlamentarización del Gobierno Nacional y de la política llegó a tal nivel que el Congreso se desbordó. Se convirtió en el centro de la corrupción. El poder político fue quedando en manos de los congresistas, que saltaban del uribismo, al santismo, al duquismo y al petrismo, convertidos en los grandes “operadores” políticos. “Sin ellos, no había gobierno”.Si se trata de desmontar las trabas al desarrollo de las regiones y jalonar los proyectos desde allí, el asunto es más simple: armonizar los procesos de control y planeación bajo un sistema de relaciones entre niveles de gobierno.No se trata de cerrar el Congreso. Hay que darle el lugar y la importancia que tiene en un régimen presidencial.El reto está en saber cómo se implementará el modelo de gobierno desde y para las regiones que propone el nuevo presidente. La experiencia ha demostrado que los consejos comunitarios tipo Uribe debilitan las instituciones locales en la medida en que el presidente priorice los proyectos de inversión o defina las inversiones en el territorio por fuera de los procesos de planeación y siguiendo los aplausos de la gente.Si se trata de desmontar las trabas al desarrollo de las regiones y jalonar los proyectos desde allí, además de mejorar las capacidades de las alcaldías y gobernaciones más pobres, el asunto es más simple: armonizar los procesos de planeación y control bajo un sistema de relaciones intergubernamentales.El reto también lo tienen los partidos políticos, los gremios y las organizaciones sociales, que, igual, se deben “desparlamentarizar” y adecuarse a la nueva realidad del poder y la política en los territorios. Sin esas mediaciones, si la relación del presidente es directa con los líderes regionales, los empresarios y las comunidades, quedaríamos ante el riesgo de institucionalizar un régimen caudillista que le entrega al presidente todo el poder y toda la gloria. Y de allí difícilmente podremos salir.* Profesor titular de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Sigue toda la información de Opinión en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal. BOLETINES EL TIEMPORegístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa.EL TIEMPO GOOGLE NEWSSíguenos en GOOGLE NEWS. Mantente siempre actualizado con las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en Google News.EL TIEMPO WHATSAPPÚnete al canal de El Tiempo en WhatsApp para estar al día con las noticias más relevantes al momento.EL TIEMPO APPMantente informado con la app de EL TIEMPO. 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