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La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, pidió a la presidenta electa, Keiko Fujimori, que derogue las leyes procrimen aprobadas por el Congreso. En su demanda, precisó que la Ley 32326 obstaculiza la recuperación de propiedades y dinero de origen ilícito, por lo que exigió su revisión urgente al advertir que la norma debilita y pone trabas a la lucha contra la delincuencia en el país.
“(…) tengo el deber ético e institucional de alzar la voz con absoluta firmeza técnica frente a contrarreformas legislativas. Me refiero de manera directa a la Ley 32326. Esta modificación normativa, lejos de dotar al Estado de mejores herramientas para combatir los activos criminales, representa un severo retroceso estructural que debilita el núcleo del sistema de recuperación de activos”, señaló.
Tello expresó que esta ley obliga a los jueces a esperar una condena penal firme antes de poder retener los bienes ilícitos a sospechosos. Explicó que condicionar la extinción de dominio —mecanismo para incautar dinero y bienes a las mafias— a juicios que pueden extenderse indefinidamente significa un retroceso para el Poder Judicial.
Además, la jueza explicó que exigir una sentencia penal previa va en contra de los tratados internacionales de la ONU y de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Advirtió que esta ley no es un debate teórico, sino que ya causó un daño económico al país durante el año pasado.
