NoticiaEsto, tras la condena de la Corte IDH al Estado colombiano por las violaciones de derechos humanos contra la UP.Jahel Quiroga, senadora, y Gabriel Becerra, representante. Ambos de la UP. Foto: Twitter: @UP_Colombia01.07.2026 11:57 Actualizado: 01.07.2026 11:57
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aprobó un acuerdo entre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la senadora Jahel Quiroga Carrillo, mediante el cual el Estado colombiano la indemnizará a ella y a su familia por los perjuicios sufridos durante la persecución, las amenazas y el desplazamiento forzado que vivieron por su trabajo de denuncia en la violencia contra la Unión Patriótica (UP) en la década de los 90.El acuerdo conciliatorio entre la Agencia y los convocantes: Jahel Quiroga Carrillo, María del Carmen Santiago Quiroga, César Augusto Santiago Quiroga y Jahel del Carmen Santiago, repara los perjuicios morales y el daño a la salud que sufrieron la congresista, sus dos hijos y su nieta. Esta conciliación se da después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2023. Quiroga comenzó su militancia en la UP en Barrancabermeja, Santander, donde fue fundadora del Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) y concejal en dos ocasiones. No pudo terminar su segundo periodo porque en 1991 su secretaria, Blanca Durán, fue asesinada por sicarios que la confundieron con ella. 11 de octubre, día en que se conmemoran las víctimas del exterminio de la Unió Patriótica. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoaTras el atentado, Quiroga salió exiliada a Estados Unidos, y a su regreso en 1993 fundó la Corporación Reiniciar, con la que documentó el exterminio de su partido y llevó el caso ante la CIDH. En 2022 llegó al Senado de la República por el Pacto Histórico, en representación de la UP.La decisión tuvo en cuenta el patrón sistemático de persecución que se prolongó entre 1998 y 2021, e incluyó amenazas persistentes, actividades de inteligencia ilegal por parte del extinto DAS, el homicidio de un escolta de Quiroga, un intento de homicidio en su contra y hostigamientos que se extendieron a su núcleo familiar, con el exilio temporal de sus hijos.Desde 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había determinado que el Estado colombiano era responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la protección de la honra y la dignidad, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación en defensa de los derechos humanos, y a las garantías judiciales y la protección judicial de Quiroga y su familia, sin que hubiera una investigación adecuada de los hechos por parte del Estado.Así el Estado tendrá que indemnizar económicamente a la senadora y su familia: "Los montos reconocidos reparan de manera integral los perjuicios causados a los convocantes por la vulneración de los derechos a la integridad personal, a la protección de la honra y dignidad, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación en defensa de los derechos humanos, a las garantías judiciales y a la protección judicial" se lee en el documento de los magistrados Andrew Julián Martínez Martínez, Fernando Iregui Camelo y José Élver Muñoz BarreraJhon Jairo Camargo, director (e) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Foto:Archivo particularEl 30 de enero de 2023, tras casi tres décadas de litigio iniciado por la Corporación Reiniciar —la organización que fundó Quiroga en 1993—, la Corte IDH condenó al Estado colombiano por sucesivas y graves violaciones de los derechos humanos de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes de la Unión Patriótica, en hechos que comenzaron en 1984 y se extendieron por más de 20 años. La Corte calificó lo ocurrido como un plan de exterminio político, catalogado como crimen de lesa humanidad, entre los que se encuentra el caso de Quiroga.Entre las medidas de reparación que ordenó la Corte IDH al Estado colombiano están medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnizaciones, así como la construcción de un monumento en memoria de las víctimas, la colocación de placas conmemorativas, la elaboración de un documental audiovisual sobre la violencia y estigmatización contra la UP, y una campaña nacional de sensibilización en medios públicos.Para dar cumplimiento a estas órdenes, el Gobierno nacional creó una comisión encargada de verificar la identidad y el parentesco de las víctimas listadas en la sentencia, bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.Natalia Peláez Sabogal Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO Redacción Justicia Conozca más noticias de Justicia: LEA TAMBIÉN Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
