De cara a las elecciones generales del 2027, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha comenzado a discutir por primera vez cómo enfrentar uno de los desafíos más recientes para los procesos democráticos: el uso de la inteligencia artificial (IA) y su potencial para generar desinformación.
Aunque la propuesta de crear un observatorio con apoyo de universidades ha sido bien recibida, analistas advierten que el mayor reto será construir reglas claras para su regulación y contar con la capacidad institucional para hacerlas cumplir.
Para Jahir Dabroy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el TSE no parte desde cero, ya que cuenta con la Unidad de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, creada precisamente para monitorear este tipo de contenidos, además de otras dependencias que han acumulado experiencia en los últimos procesos electorales.
"Se supone que ya con dos procesos electorales deben de tener una capacidad instalada, tanto en recurso humano como en equipo técnico", señaló.
Sin embargo, considera que la capacidad técnica no será suficiente si el Tribunal no define con precisión el alcance de las medidas que pretende adoptar. A su juicio, el primer paso consiste en establecer qué entenderá el TSE por desinformación.
