Hoy los octógonos negros con letras blancas son parte del paisaje cotidiano: están en las cajas de cereal del desayuno, en los jugos del kiosco, en las galletas que los niños piden en el supermercado. Chile decidió hacer algo que ningún país había hecho antes: ponerle una advertencia frontal, clara e imposible de ignorar, a todo alimento que superara ciertos límites de azúcar, sodio, grasas saturadas o calorías. La ley se promulgó en el 2012 (Ley 20.606) y entró en vigencia en junio de 2016.
Diez años después, la evidencia habla. Un estudio de Guillermo Paraje et al., publicado en The Lancet recientemente, analizó datos de más de 300.000 niños en edad escolar. Los niños tuvieron menos de probabilidad de tener exceso de peso. Las niñas en colegios subvencionados mostraron reducciones aún más marcadas, de hasta 4,5 puntos porcentuales. Es la primera vez que se demuestra, con metodología rigurosa, que un paquete de políticas alimentarias —no una medida aislada, sino la combinación de sellos, restricciones publicitarias y regulación escolar— reduce la obesidad infantil a nivel nacional.
A comienzos de la década de 2010, Chile tenía de las tasas más altas de obesidad infantil de América Latina. El consumo de ultraprocesados era masivo. La publicidad apuntaba directamente a los niños. Investigadores del INTA llevan décadas documentando esto, y fueron ellos quienes empujaron con mayor fuerza la iniciativa legislativa, que tardó años en aprobarse. La industria propuso círculos en vez de octógonos. Quiso cambiar “exceso de” por “alto en”. Litigó alegando violación de normas de propiedad intelectual. Cuestionó que los límites se midieran por 100 gramos y no por porción —una distinción que no es técnica sino estratégica: las empresas pueden definir porciones pequeñas para diluir el contenido de nutrientes por unidad declarada.
