La izquierda colombiana se prepara para ser oposición en el gobierno de Abelardo de la Espriella, y eleva el tono de la confrontación al dar los primeros pasos en esa dirección. El senador Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico que perdió por un estrecho margen la segunda vuelta, le ha exigido este martes al presidente electo que renuncie a su ciudadanía estadounidense antes de posesionarse el próximo 7 de agosto –y que aclare si ha sido colaborador o miembro de las agencias de seguridad de Estados Unidos–. Si no lo hace, ha anunciado en una rueda de prensa y un comunicado, su posesión “estaría viciada por ser ilegal e ilegítima”. Cepeda señala que en ese caso iniciaría una “desobediencia civil pacífica”, a la que convoca a sus seguidores.“Si estas condiciones de legalidad no se cumplen (…) no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”, ha dicho Cepeda en una declaración que enmarcó como un “anuncio de desobediencia civil ante violación de nuestra dignidad nacional”. El veterano senador de izquierdas recordó que obtuvo 12,7 millones de votos el 21 de junio, frente a los casi 13 millones del ahora presidente electo. E hizo un llamado a sus electores para que, si no se aclaran esas situaciones, “desconozcan pacíficamente cualquier orden de alguien que no responde a la condición de guardián de nuestra constitución política”.Cepeda incluyó otra serie de condiciones en su declaración. Entre ellas, respetar plenamente tanto la seguridad nacional como la soberanía judicial colombiana, cesar toda persecución contra el presidente saliente, Gustavo Petro, “y desistir de cualquier intento de extraditarlo”, como ha llegado a amenazar De la Espriella con hacerlo. También frenar la que llama una persecución contra los opositores políticos y dejar de estimular su judicialización por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El abogado de ultraderecha obtuvo, después de la primera vuelta del 31 de mayo, el “respaldo total” del presidente Donald Trump, y ha prometido que Colombia se unirá desde el propio día de su investidura al Escudo de las Américas, la alianza del republicano con líderes políticos del continente afines a su ideología, montada con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Ese anuncio, a juicio de Cepeda, “implica el alineamiento militar bajo las órdenes de Estados Unidos y sus objetivos geoestratégicos que no necesariamente son los de nuestro país”.El presidente electo, además de la colombiana, tiene las nacionalidades estadounidense e italiana –que también tiene el presidente Petro y no ha sido motivo de controversias–. “Para obtener esa ciudadanía [la estadounidense], De la Espriella prestó juramento de nacionalización en ese país, lo cual trae ineludiblemente compromisos y obligaciones que se hacen incompatibles con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia”, ha afirmado Cepeda este martes sobre la naturalización que firmó De la Espriella en Florida en febrero de 2023. “El juramento de ciudadanía de Estados Unidos establece una obligación de lealtad exclusiva al orden constitucional de ese país cuando exista un conflicto con otros órdenes constitucionales. Es decir, que ante cualquier conflicto entre la soberanía constitucional de nuestro país y la de Estados Unidos, De la Espriella tendría que tomar partido por esta última”, ha agregado Cepeda. Es un reclamo que ya había ventilado en campaña un grupo de juristas, sin demasiado eco debido a su compleja y debatida argumentación jurídica.El senador del Pacto Histórico, el partido de izquierda que pasa del poder a la oposición, pero mantiene la mayor bancada en la próxima legislatura, aunque lejos de las mayorías, también ha recordado la carta de un grupo de congresistas demócratas en Estados Unidos, revelada en su momento por EL PAÍS. En la misiva, los legisladores expresaban su “profunda preocupación ante la injerencia descarada de altos funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Trump, en las elecciones presidenciales de Colombia”. Para los firmantes, De la Espriella cuenta “con un historial sumamente inquietante que parece contravenir los intereses y, potencialmente, las leyes de los Estados Unidos”. “En lugar de hacer campaña a su favor, nuestro Gobierno debería examinar sus vínculos con una organización designada como terrorista y con una persona acusada de lavado de dinero, así como posibles irregularidades financieras relacionadas con empresas con sede en Florida y con transacciones inmobiliarias”, advertía el texto de los congresistas demócratas, dirigido a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Comercio, Scott Bessent, así como al fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche. Se referían a las “estrechas relaciones” del político ultra “con varios líderes de la organización paramilitar y narcotraficante conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, así como a su conocido ejercicio como abogado de Alex Saab, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro.