Las alarmas saltaron cuando el Gobierno vasco constató que adjudicatarios de viviendas de protección oficial (VPO) se estaban anunciando en portales inmobiliarios con la finalidad de poner sus pisos a la venta “con prácticas de sobreprecio encubierto”, una práctica que está prohibida por la ley vasca de Vivienda y que la consejería del ramo ha decidido combatir de forma taxativa. La plataforma Idealista y otras similares han optado por acatar el requerimiento por escrito que recibieron del Ejecutivo vasco y, en consecuencia, han retirado todas las entradas que ofrecían la posibilidad de adquirir pisos protegidos del País Vasco.“La VPO no es un producto especulativo, sino un instrumento clave de cohesión social, diseñado precisamente para amortiguar las tensiones de un mercado inmobiliario cuyos precios se han desacoplado de las capacidades adquisitivas de buena parte de la ciudadanía”, escribe el consejero de Vivienda Denis Itxaso en una carta fechada el pasado 22 de junio y dirigida al CEO y fundador de Idealista, Jesús Encinar.La carta de Itxaso está firmada también por el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el también socialista Javier Hurtado. Los dos consejeros dejan constancia de su “profunda preocupación institucional” en relación con los anuncios publicados en Idealista en los que se ofrece la compraventa de viviendas protegidas. El Gobierno vasco tiene constancia de que al menos existen seis casos de esta naturaleza “fraudulenta”.Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), conocida en marzo pasado, desestimó un recurso de apelación presentado por una agencia inmobiliaria y confirmó la legalidad de una sanción impuesta por el Gobierno vasco tras detectar prácticas fraudulentas en la comercialización de VPO. El máximo tribunal en esta comunidad autónoma ratificó que “condicionar la compraventa de una vivienda protegida a la adquisición obligatoria de mobiliario constituye un sobreprecio encubierto”. La inmobiliaria exigía el pago íntegro de los muebles como condición indispensable para elevar a escritura pública la venta del inmueble. Se daba la circunstancia de que en el inventario de supuestos muebles se incluían elementos propios de la estructura del piso como la bañera, el lavabo o el inodoro.El Ejecutivo autonómico ha comprobado que este tipo de compraventas se siguen dando tras observar la existencia de ofertas en las que la transmisión de viviendas protegidas “se condiciona de forma indisociable al pago adicional por mobiliario u otros conceptos accesorios”. La trampa consiste en ofrecer una aparente compraventa de muebles cuando lo que en realidad se encubre es “un sobreprecio que vulnera de manera clara el régimen jurídico de las VPO y desnaturaliza los objetivos de interés público que las sustentan”, exponen en la misiva los dos consejeros.Los representantes del Gobierno trasladan a Idealista que no van a aceptar esta picaresca porque el parque de vivienda protegida ha supuesto un “esfuerzo sostenido durante décadas” por las instituciones vascas con la finalidad de ”garantizar el acceso a una vivienda digna de las clases medias y trabajadoras“. Por este motivo, advierten a los portales inmobiliarios: “No podemos, por tanto, admitir que este objetivo se vea pervertido mediante prácticas que, bajo apariencia de legalidad, introducen incrementos ilegítimos en el precio efectivo de las viviendas. Es evidente que el mobiliario tiene un valor en el mercado; pero resulta igualmente evidente que no puede imponerse su adquisición como condición necesaria para acceder a una vivienda protegida”. El Gobierno vasco reclama formalmente a estas plataformas de venta de pisos por internet que “procedan a la revisión inmediata” de los anuncios de viviendas de protección oficial publicados en sus web, retiren “sin demora” todos aquellos que sean fraudulentos y establezcan “mecanismos de control y verificación más estrictos que impidan la publicación y difusión de este tipo de prácticas en el futuro”.El Departamento de Vivienda, por su parte, ha iniciado “actuaciones de inspección y análisis” de expedientes referidos a adjudicatarios que hayan recurrido a este tipo de actuaciones que no se ajustan a la legalidad. Si se demuestra que no se adecuan a la normativa, apuntan fuentes de la consejería, el Gobierno “tantea de primeras la vivienda y se compra a precio de VPO sin muebles”.El consejero Itxaso anunció recientemente en el Parlamento su deseo de impulsar una reforma de la ley vasca de Vivienda, en vigor desde 2015, con la finalidad de “desplegar medidas estructurales destinadas a preservar el parque de viviendas protegidas”. Entre estas, destaca la decisión de “prorrogar la calificación protegida de las VPO en zonas tensionadas y la creación de un derecho de adquisición legal sobre las segundas y posteriores transmisiones de vivienda protegida”.También figura en su plan de choque a favor de la vivienda protegida la reforma legal que permita al Gobierno vasco erigirse como “una gran inmobiliaria pública” para garantizar la función social de estos pisos. “Cuando una persona quiera vender una vivienda protegida deberá ofrecerla previamente al Departamento de Vivienda, que designará con criterios objetivos a la persona compradora entre quienes figuren inscritas en el servicio público Etxebide”, expuso Itxaso en la Cámara vasca. El objetivo último, según sus palabras, es “evitar fraudes por sobreprecio”.La ofensiva que el Gobierno vasco ha emprendido contra los portales inmobiliarios que han dado cobijo a este tipo de ventas “ilegales” ha dado sus frutos en muy poco tiempo: la respuesta de estas plataformas, según fuentes de Vivienda, ha consistido en “eliminar los anuncios” y, además, “comprometerse a colaborar en [cerrar el paso] a estos casos”.