El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes la incorporación al catálogo de vestigios fe la Guerra Civil y la dictadura franquista de dos monumentos y dos inscripciones que, de acuerdo a lo previsto en la ley de Memoria Democrática, deberán ser retirados. Se trata del monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, conocido coloquialmente como “monumento a Franco”; el de los rumanos caídos de Majadahonda (Madrid); y dos inscripciones de homenaje a José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, en las catedrales de Almería y de Murcia. Las administraciones afectadas, del PP y Coalición Canaria, así como las autoridades eclesiásticas, ya han sido informadas de la decisión, tomada tras la deliberación de una comisión técnica integrada por expertos en historia del arte y contemporánea, arquitectura y ciencias políticas. Monumento a la victoria de Santa Cruz de TenerifeInaugurado en 1964, la comisión técnica de expertos ha concluido que el conjunto escultórico presenta la Guerra Civil española como una “cruzada” salvadora, exalta la figura del dictador Francisco Franco y el triunfo del bando sublevado tras el golpe de Estado de 1936. Al carecer de valor artístico, tampoco cabe su resignificación, sino su retirada para que no esté a la vista del público. Es uno de los monumentos franquistas de mayores dimensiones que aún quedan en España. Las esculturas son obra de Juan de Ávalos, autor también de las figuras del Valle de Cuelgamuros, y representan a un ángel sosteniendo a Franco. El Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias rechazó recientemente que el monumento fuera declarado como Bien de Interés Cultural al considerar que carece del valor patrimonial o artístico suficiente. No obstante, dicho expediente aún no ha concluido, por lo que los seis meses que el Gobierno central da a las autoridades competentes para retirarlo no empezarán a contar hasta que finalice completamente ese proceso. El ayuntamiento tinerfeño ha tratado de resistirse en el pasado a la retirada de vestigios franquistas de la localidad. La ley de Memoria Democrática califica como infracción grave, castigada con multas de entre 2.001 y 10.000 euros, “el incumplimiento de la resolución por la que se acuerde la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática”, y como infracción muy grave, sancionada con multas de entre 10.001 y 150.000 euros, “la falta de adopción de las medidas necesarias” para impedir actos de exaltación de la Guerra Civil, la dictadura o sus dirigentes. Monumento a los Rumanos Caídos de Majadahonda Fue inaugurado en 1970 para homenajear a Ion Moța y Vasile Marín, dirigentes de la Guardia de Hierro rumana fallecidos en 1937 mientras combatían junto a las tropas franquistas en la Guerra Civil española. La Guardia de Hierro, ha explicado el ministro, citando el estudio realizado por la comisión técnica, “era una organización fascista que colaboró con el nazismo” y fue “responsable de la persecución y violencia contra minorías y opositores políticos en Rumanía”, por lo que el monumento representa “la exaltación del fascismo europeo y del franquismo”. El lugar se ha convertido en centro de peregrinación de grupos de extrema derecha, por lo que el Gobierno lo considera “incompatible con lo establecido en la ley de memoria democrática”. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, tiene tres meses para retirarlo. Inscripción en las fachadas de las catedrales de Murcia y AlmeríaEl Gobierno ha concedido igualmente tres meses de plazo a las autoridades eclesiásticas para la retirada de sendas inscripciones en las fachadas de la catedral de Murcia y Almería en honor a José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange. La comisión técnica de expertos ha dictaminado que ambas carecen de valor artístico y constituyen un reconocimiento público a uno de los referentes ideológicos del franquismo y un ejemplo de la identificación entre la Iglesia católica y la dictadura característica del llamado nacionalcatolicismo.Retirar esos monumentos e inscripciones, ha explicado el ministro, “es un acto de dignidad democrática y una garantía de que las nuevas generaciones no hereden espacios públicos presididos por la exaltación del odio y la dictadura”. Torres informó de que el ministerio trabaja en el estudio de más vestigios similares y que “se están ejecutando los procedimientos relativos a la Cruz de los Caídos de Cáceres y al Monumento a las Víctimas del Crucero Baleares, en Palma”. En el primer caso, tanto el Ayuntamiento como el Gobierno autonómico, es decir, el PP y Vox, se resisten a retirarlo y el conflicto está en el contencioso-administrativo. En el segundo, tanto el Ayuntamiento como la comunidad, con los mismos partidos involucrados, han recurrido la decisión. En los últimos años han proliferado asociaciones y grupos antimemorialistas que batallan en los tribunales contra la retirada de esos símbolos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de enmendarse a sí mismo tras dar el pasado 15 de junio la razón a una de estas asociaciones, que había reclamado la paralización de las catas en la explanada del Valle de Cuelgamuros para el proyecto de resignificación impulsado por el Gobierno. El TSJM suspendió como medida cautelar los trabajos alegando, entre otros motivos, que se trataba de un Bien de Interés Cultural y por tanto protegido, pero no es así, tal y como explicó este periódico y el lunes rectificó en un nuevo auto, revocando las medidas cautelares. Sí ha sido retirada, en cumplimiento de la ley de Memoria Democrática, la simbología de exaltación fascista en Carcaixent (Valencia) del panteón de Vjekoslav Luburić, criminal de guerra croata conocido como El Carnicero. Torres recordó durante su comparecencia este martes que el ministro de Exteriores serbio les había hecho llegar una carta de agradecimiento por dicha decisión. Luburic huyó de los Balcanes y se refugió en la España de Franco, que le facilitó una identidad falsa (Vicente Pérez García) y le ayudó en sus negocios, como explicó en este periódico Francesc Bayarri, autor del libro Cita a Sarajevo. En 1969, un inmigrante de origen croata, Ilija Stanić, entonces de 23 años, lo asesinó a golpes en su domicilio.