En las diligencias abiertas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz contra Belén Gualda, actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), investigada en el caso de la presunta trama corrupta de Leire Díez, según han alegado fuentes del Gobierno, “no aparece ningún elemento que la comprometa”. “Por lo tanto, mantenemos toda la confianza en ella y en el gran trabajo que está desempeñando al frente de una empresa pública que ha logrado salvar miles de empleos”, han resaltado fuentes gubernamentales.“Como no puede ser de otra manera, está garantizada la colaboración y el respeto con las decisiones judiciales”, han advertido en el Ejecutivo. “Pero también queremos destacar la integridad de los profesionales que integran la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales”, han añadido.El Gobierno ha defendido, en este sentido, “el rigor” de los expedientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), un fondo gracias al cual ha recalcado que “se garantizó la viabilidad de 30 empresas y se salvaron 62.000 empleos”.Y ha enumerado los controles y la fiscalización al que ha estado sometido. Tanto por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que “ha auditado la gestión del FASEE y el cumplimiento de la normativa aplicable, dando su opinión favorable a las cuentas en todos los ejercicios”, como por parte de la Comisión Europea, que en julio del 2020 “avaló la normativa que regula el FASEE”. “La Comisión Europea ha sido puntualmente informada de todas las operaciones del FASEE”, ha señalado el Ejecutivo.Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) “ha avalado en una sentencia de junio de 2024 el régimen de ayudas a otorgar por el FASEE”. Y, por último, el Gobierno ha señalado que el Tribunal de Cuentas “ha avalado, en su informe publicado el pasado 27 de septiembre del 2024, todas las ayudas concedidas por el FASEE”. De hecho, ha resaltado que en su informe concluye que “la SEPI aplicó adecuadamente la normativa en cuanto al cumplimiento de estos requisitos y a sus condiciones de financiación”.Madrid, 1966. Redactor de La Vanguardia en Madrid desde 1997