EditorialMar�a Jes�s Montero construy� alrededor de la Sepi un espacio de poder en el que la propia Gualda destaca como figura de su confianzaBel�n Gualda, presidenta de la Sepi, en su comparecencia en el Congreso.Actualizado Lunes,
junio
23:01Audio generado con IALa imputaci�n de la actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Bel�n Gualda, supone un avance cualitativo en la investigaci�n sobre la trama que, seg�n la Fiscal�a Anticorrupci�n y la Guardia Civil, oper� alrededor de este organismo estrat�gico. La decisi�n del juez Santiago Pedraz de citar como investigada a quien hoy dirige el brazo inversor del Estado vuelve a ampliar el per�metro pol�tico del caso y confirma que el ecosistema de corrupci�n que se asent� en torno a la Sepi termina arrastrando a cuantos ocuparon posiciones de responsabilidad en una instituci�n esencial para la econom�a espa�ola.La Sepi constituye el principal m�sculo industrial del Estado. Precisamente por ello resulta devastador que la investigaci�n describa un esquema estable de utilizaci�n de informaci�n privilegiada y acceso preferente a los centros de decisi�n e influencia sobre operaciones econ�micas de enorme relevancia, bajo el presunto liderazgo del ex secretario de Organizaci�n del PSOE Santos Cerd�n.Los indicios conocidos explican la decisi�n judicial. Seg�n la Fiscal�a, el ex presidente de la Sepi Vicente Fern�ndez traslad� a la fontanera Leire D�ez documentaci�n en la que se afirmaba que Bel�n Gualda se hab�a comprometido con el consejero delegado de Tubos Reunidos para que el rescate de la empresa vasca fuera aprobado en unas fechas concretas. No sabemos si Gualda actu� de esta forma, pero s� sabemos que el rescate se produjo.Las nuevas imputaciones, que afectan a la �lite de las empresas del Estado -en total, 25 personas-, muestran adem�s un fen�meno especialmente preocupante. Cinco de los cargos p�blicos investigados contin�an ejerciendo responsabilidades. Por ello, urge comprobar hasta d�nde alcanz� la captura de un organismo que debe estar guiado exclusivamente por criterios t�cnicos y por la defensa del inter�s general.Todo ello remite de manera inevitable al origen pol�tico del problema. Mar�a Jes�s Montero no s�lo nombr� y protegi� durante a�os a Vicente Fern�ndez, permiti�ndole conservar una influencia extraordinaria tras su salida formal de la presidencia. Tambi�n construy� alrededor de la Sepi un espacio de poder en el que la propia Gualda destaca como figura de su confianza. Hoy est� imputada, como tambi�n lo est� el tercer presidente de la Sepi durante la etapa de Montero: Bartolom� de Lora, en este caso por el rescate de Air Europa. La secuencia es insoportable. En este contexto destaca la actuaci�n de la ministra Sara Aagesen, entonces secretaria de Estado: como revel� EL MUNDO, tras rechazar el rescate de Tubos Reunidos, en tres semanas cambi� de opini�n. Hace apenas unos d�as, el Tribunal Supremo advert�a en su sentencia del caso �balos del riesgo que supone la colonizaci�n partidista de las instituciones. La investigaci�n sobre la Sepi parece confirmar la sospecha de que el Gobierno no ha administrado los recursos comunes con los criterios debidos de neutralidad, transparencia y sometimiento exclusivo a la ley.
