Resolver el problema de la vivienda requiere deshacer una enorme madeja, sin que la liberación de ninguno de los hilos sirva por sí mismo para solucionar el entuerto. Puesto que las dificultades asociadas a la construcción de vivienda conforman uno de los nudos principales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha realizado un estudio para tratar de agilizar los procedimientos, en el que recomienda coordinar y reducir normas, flexibilizar el uso del suelo y hacer más rápidos los planes urbanísticos. También aboga por simplificar la gestión y las licencias, evitar duplicidades entre Administraciones y mejorar la transparencia. En conjunto, todas estas propuestas buscan acortar plazos, reducir costes y aumentar la oferta de vivienda.Rebajar de forma drástica los plazos que median entre la compra de suelo y la entrega de las viviendas es uno de los ejes principales del documento Estudio sobre la transformación urbanística del suelo para vivienda, elaborado por la CNMC, y que ha sido publicado este lunes. Según el sector, este proceso puede alargarse hoy hasta 16 años, en buena medida por una cadena de trámites administrativos que retrasa tanto el inicio de las obras como su posterior desarrollo. Antes de que arranquen las grúas, el primer obstáculo es disponer de suelo apto para edificar. En este punto, Competencia propone dar un giro al modelo actual: que todo el suelo no protegido pueda considerarse urbanizable. A su juicio, esta medida permitiría ampliar la oferta disponible y reducir uno de los principales cuellos de botella del sistema.En esta línea, el supervisor de los mercados propone “replantear y racionalizar” los procedimientos de concesión de licencias para evitar retrasos indefinidos e interrupciones en los plazos. Como vía para lograrlo, plantea sustituir, “siempre que sea posible”, las licencias preceptivas por declaraciones responsables o comunicaciones previas. En la práctica, este cambio implica pasar de un sistema en el que es necesario esperar la autorización administrativa antes de iniciar la obra a otro en el que el promotor puede comenzar de inmediato, bajo su responsabilidad, quedando los controles para una fase posterior.Una vez solicitados los permisos iniciales, es necesario remitir a las Administraciones públicas los informes sectoriales preceptivos, pues son ellas quienes deben avalar el comienzo de las obras. Y es en este punto donde tradicionalmente los retrasos agrandan considerablemente su tamaño, puesto que la respuesta (afirmativa o negativa) por parte de estos estamentos suele dilatarse sobremanera, hasta el punto de que, cuando no se recibe una respuesta formal, la propuesta se da por rechazada. Es lo que se denomina “silencio administrativo negativo”. Para combatirlo, Competencia reclama cambiar el signo de esta ausencia de respuesta. Esto es, que pase a ser “positivo”, para que de esta forma no se paralicen los procesos urbanísticos.Mayor transparenciaEn otro gran bloque, el informe, de 262 páginas, propone una batería de reformas que afectan al conjunto del engranaje urbanístico. Por un lado, el supervisor aboga por “simplificar y consolidar la normativa urbanística” y por reforzar la coordinación entre Administraciones, de modo que se eviten solapamientos y diferencias injustificadas. También plantea avanzar en la digitalización y la transparencia, con más información accesible y procedimientos interoperables, así como impulsar una ordenación del territorio de carácter supramunicipal que reduzca la fragmentación normativa. En paralelo, también sugiere introducir “Memorias de Competencia” para evaluar el impacto de las decisiones urbanísticas y limitar restricciones que dificulten la entrada de nuevos operadores. En el plano más operativo, la CNMC reclama la necesidad de “reforzar la predictibilidad y la transparencia” de la actuación pública y de dotar de más medios a las Administraciones, con el fin último, de nuevo, de acortar plazos y facilitar la construcción de vivienda. “La vivienda es un elemento especial para el bienestar de la ciudadanía”, reconoce el texto. Y su disponibilidad y asequibilidad “inciden de manera determinante en las condiciones de vida de la población, así como en múltiples aspectos cruciales para la sociedad y economía de un país”, incide el documento.Si tiene dudas, sugerencias o simplemente quiere contarnos su caso, puede enviarnos un email a vivienda@elpais.es. Los datos que facilite serán tratados por EDICIONES EL PAÍS, S.L.U., (C/ Miguel Yuste, 40, 28037-Madrid), con la finalidad de gestionar sus dudas y/o testimonios y elaborar contenido informativo. Podrá ejercer sus derechos reconocidos en materia de protección de datos a través de la dirección dpo@prisa.com acreditando su identidad e identificando el derecho que desea ejercitar. Para más información consulte la Política de Privacidad.