El catedrático de Veterinaria Julián Garde (Madrid, 59 años) va a presidir durante tres años la conferencia de rectores (CRUE) en un momento de velada tensión. Las universidades privadas pronto superarán a las públicas en número; algunos socios están en contra del decreto antichiringuitos ―que la institución apoyó sin fisuras― y un nuevo modelo de financiación pública no llega a concretarse. Garde, que antes fue presidente de la sectorial de investigación en CRUE, está además al frente de la Universidad de Castilla-La Mancha. La conferencia es una organización privada que representa a las 50 universidades públicas y a 27 de las 49 privadas y que cuenta con un proceso de evaluación para ingresar.El rector atiende a EL PAÍS, el primer periódico que le entrevista, en la sede de CRUE en Madrid y no oculta que su principal objetivo es “defender lo público”. Comparte un dato preocupante: “Las universidades públicas recibimos de media el doble de solicitudes de plaza que las que ofertamos”. Aunque la escasez es un hecho, algunas carreras desvirtúan esa media, como Medicina con 10 peticiones por cada puesto disponible o Veterinaria con siete, porque muchos candidatos prueban suerte en varias autonomías.Pregunta. ¿Va a cerrarse un acuerdo para invertir el 1% del PIB en universidades públicas (hoy el 0,6%)?Respuesta. Lo que viene a decir la ley [LOSU, 2023] es que el Gobierno, las comunidades y las universidades tenemos un objetivo compartido: llegar en 2030 a un 1% del PIB en inversión pública en universidad pública. Aportaremos todos los estudios que hagan falta. Hemos solicitado un calendario de plazos y de procedimientos, que luego puede fluctuar, para llegar a este objetivo compartido. Con datos extrapolados de 2023, necesitamos del orden de 3.946 millones de euros más.P. ¿Qué urge?R. Necesitamos claramente una financiación basal de la investigación y un plan de fortalecimiento institucional a largo plazo para renovación de equipamiento, instalaciones o retención de talento.P. En su programa electoral denunciaba el “riesgo de generar y consolidar desigualdades entre universidades” porque no todas las comunidades apuestan por financiar.R. Esa es una clave inicial del problema de la financiación. Hay que corregir esas diferencias prorrateadas por estudiante. Muchas de estas desigualdades se arrastran desde que se transfirieron las competencias de las universidades a las comunidades autónomas [entre 1985 y 1996]. Son diferencias históricas.P. ¿Hay que cambiar el sistema de becas? Cada vez se destinan más fondos, pero no llegan a más alumnos.Desde CRUE tenemos una preocupación global por el sistemaR. Hay que revisar los criterios. Aunque la partida se ha incrementado notablemente [un 84% más que en 2018], estamos muy por debajo de lo que se dedica a becas de estudios en nuestro entorno y en la OCDE también. La cuantía tiene que aumentar.P. Su predecesora, la rectora Eva Alcón, afirmaba que la vivienda empezaba a ser un factor más limitante para estudiar que las matrículas. ¿Lo comparte?R. Sin duda. El precio de los pisos se ha disparado y no hay suficientes plazas en residencias, y se está generando una mezcla explosiva. Hay gente que no está estudiando lo que quiere y donde quiere por estos problemas. Intentamos promover una solución. Tenemos confianza en el protocolo que firmaron en 2024 el Ministerio de Ciencia con los de Vivienda y Economía para poner en marcha residencias para estudiantes y personal vinculado a las universidades. Espero que en pocos meses tengamos los primeros proyectos.P. ¿Pero se está trabajando en ello?R. Sí. Tiene que ser una colaboración público-privada. Que las universidades, las comunidades autónomas o los ayuntamientos pongamos los terrenos dotacionales y que las empresas construyan las residencias con la ayuda del ministerio. Evidentemente, tiene que haber unos alquileres sociales porque, si no, no se cumple el objetivo. P. ¿Su universidad se está beneficiando de un alojamiento mucho más barato que Madrid o Barcelona?R. Bueno, hay dos ciudades tensionadas. Toledo, por los pisos turísticos y por estar cerca de Madrid, y Albacete por falta de residencias universitarias oficiales. Y agrava el problema de que el 62% de nuestros estudiantes tiene la residencia familiar a más de 125 kilómetros de donde estudian. Y quedan dos opciones: o dormir o venir todos los días, que ha ido a más por los precios. Otro dato interesante es que el 24% de los inscritos este año habían hecho la PAU en otra comunidad. No creo que sea solo por la vivienda; estamos en ciudades tranquilas.P. En Cataluña hay ahora un profundo debate sobre por qué los alumnos no van a clase. ¿Les afecta?R. Hay estudios parciales, pero se requiere un análisis multifactorial. He leído que se achaca todo a la falta de interés de los estudiantes vinculado a las nuevas tecnologías. Pero no hay que olvidar que hay quien, para poder estudiar, tiene que trabajar. Y serán más si no conseguimos que el sistema de becas y el de alojamiento sean mejores.P. Las notas de acceso a la universidad pública se han convertido en un problema de gran magnitud.R. Necesitamos más financiación porque la universidad pública oferta plazas en base a los recursos de que dispone. Si queremos seguir siendo un ascensor social, deberíamos ofrecer más plazas. De media, y teniendo en cuenta todas las disciplinas, las universidades públicas recibimos el doble de solicitudes de prescripción que las plazas que ofertamos. Y de los que entran, el 30% no estudian lo que pidieron en primera opción.Si queremos seguir siendo un ascensor social, deberíamos ofrecer más plazasP. En su mandato, previsiblemente las universidades privadas (ahora 49) superarán a las públicas (50): Extremadura tiene una en tramitación y Madrid tres en la recámara. ¿Tienen que hacer algo las públicas?R. Desde CRUE tenemos una preocupación global por el sistema. Todo el mundo tiene cabida siempre que se cumplan unos requisitos mínimos. Pero, y así lo dije en el programa electoral, vamos a defender lo público como el ascensor social que ha sido y va a seguir siendo. La universidad tiene que definir el futuro de este país.P. Su comunidad, Castilla-La Mancha, no tiene privadas, pese a las ofertas, y se van a quedar solos porque Asturias está maniobrando para saltarse el decreto de su propio partido.R. El Gobierno está elaborando la ley regional de universidades que va a exigir que se cumplan claramente las tres misiones que son propias de una universidad del siglo XX: docencia, investigación y transferencia de conocimiento. Para cumplirlo, no solo hay que tener fondos, sino permitir que los profesores hagan investigación.P. El Grupo CEU ha recurrido el decreto antichiringuitos cuando su rectora ha sido hasta mayo vicepresidenta de CRUE, que lo apoya. ¿Hay riesgo de que la institución desaparezca cuando la brecha de intereses se agranda entre públicas y privadas?R. No veo ese riesgo. Lo que hagamos, lo vamos a hacer ordenado y con la participación de todos. Ahora tenemos que adaptar los estatutos y tenemos parada la admisión de más universidades.P. Tres de los cuatro últimos presidentes de CRUE se han pasado a la Universidad privada tras gobernar una pública (Eva Alcón dice que no lo hará). Hay rectores que piensan que debería regularse ese paso.R. Cada uno es libre de hacer lo que estime. Yo tengo muy claro lo que voy o no voy a hacer.