“Es como si las Administraciones decidieran no combatir más los incendios porque total, muchos son fortuitos y los bosques también se regeneran con el tiempo. El mar se está comiendo el parque natural Bahía de Cádiz y nadie interviene para frenarlo porque está provocado por la naturaleza. Así de alucinante”. Federico Fernández no da crédito a la inacción de las Administraciones para evitar que este enorme humedal salado, el mayor del país de influencia mareal según los expertos, desaparezca sepultado por el Océano Atlántico. Los expertos climáticos vaticinan que la subida del mar oscilará entre 55 y 70 centímetros a finales de siglo en la costa española, aunque con el peor escenario podría alcanzar los 75 centímetros.Para dar un vuelco a la dramática situación, los investigadores de la Universidad de Cádiz y el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC), los empresarios salineros y acuícolas, y los ecologistas han creado esta primavera la Alianza Bahía Azul, que reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y la Consejería andaluza de Sostenibilidad y Medio Ambiente que protejan del oleaje del mar y las inundaciones de los ríos esta reserva tan valiosa como desconocida en el resto del país. De momento, la plataforma exige a los responsables políticos que unan fuerzas como hicieron en el Mar Menor, e intenta explicarles que el parque “es hoy un paciente crítico en la UCI y que hay estabilizarlo para que pase a planta”, detalla metafórico Fernández, portavoz de la alianza. Al sur de Doñana ―con marismas salinas pero también dulces―, entre la ciudad de Cádiz y los ríos Guadalete y San Pedro, el parque copa 10.500 hectáreas compuestas por marismas naturales, salinas y esteros donde descansan aves limícolas u otras como los flamencos o las águilas pescadoras, rodeados de flora autóctona. Es un sitio Ramsar y una zona de especial protección de las aves. La reserva está protegida frente a las mareas por los llamados “vueltas de afuera”, unos muros formados por barro y materiales blandos, muy dañados por el paso del tiempo. El pasado martes en el extremo sur de Puerto Real, a escasos 200 metros de las primeras casas, se veían con claridad los achaques de un muro y la playa de barro con la marea baja. El mar, en su avance progresivo, se come cada año unos tres metros de barrera natural vegetal, según los cálculos científicos. Los cangrejos recorrían veloces los márgenes de los canales, similares a la estampa luminosa que retrata la película La isla mínima.“Cuando una salina se abandona, se colmata de vegetación y las aves ya no vienen, por lo que se pierde la biodiversidad. Y de las 150 salinas, calculamos que el 80% están abandonadas. Ahora es fácil reconstruir los muros, pero en 50 años esto será un caos y tendrán que levantar hormigón para proteger las vías del tren y las primeras casas”, advierte Javier Benavente, decano de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz. La intervención del hombre para adaptar las marismas y producir sal es histórica en la bahía gaditana y empezó hace más de 2.500 años con los fenicios y los romanos, aunque a partir de las hambrunas del siglo XII su producción se multiplicó al mirar la población hacia el mar para sacarle provecho. El franquismo tenía planes urbanísticos para desecar las salinas e inundarlas con hoteles, un aeropuerto y más turismo, pero por suerte la idea no cuajó por el valor de su actividad económica y la Ley de costas protegió la zona en 1988 sin vuelta atrás. Hasta los años 90, las salinas fueron muy rentables, pero el negocio fue decayendo ante el uso extendido de los frigoríficos y la competencia de la sal procedente de los yacimientos naturales en la tierra, alejados de la costa, y más barata de extraer, aunque de peor calidad. Las salinas son concesiones del Gobierno porque los terrenos están en el dominio público marítimo-terrestre. De los 160 salineros artesanales que existían en los años 70 del siglo pasado, hoy solo quedan cuatro que ocupan unas 250 hectáreas, según cálculos del fondo Salarte.En la actualidad los salineros artesanales sobresalen en el mercado por las propiedades, textura y sabor de su sal marina virgen, muy apreciada entre los restaurantes de primera. “Yo exporto a Japón, EE UU y Polonia, pero no tengo terrenos para crecer porque el Miteco no retira las concesiones a los que no las explotan. Hemos escrito cartas a la Dirección General de Costas y solo da la callada por respuesta”, critica Juan Carlos Sánchez de Lamadrid, empresario salinero que produce este producto ecológico en colaboración con el famoso cocinero Ángel León.Entre las empresas con salinas sin explotar sobresale Cupimar, cuyo director general, Alejandro Fernández, rechaza precisar el número de hectáreas que mantiene sin actividad. “En vez de explotarlas yo, lo hace otro. Todas las inactivas están en el mercado para alquiler y las concesiones del Estado permite actividades como la acuicultura”, defiende. La Ley de Costas exige que un concesionario solo puede ceder a un tercero la explotación de una salina si el Ministerio lo autoriza de manera expresa, una condición que muchas empresas incumplen en la Bahía gaditana, según varias fuentes consultadas. “El territorio está secuestrado por concesionarios que no explotan ni mantienen las salinas, pese a que la ley exige que el concesionario mantenga la utilización y explotación conforme a la finalidad para la que se otorgó la concesión”, afirma Juan Martín, presidente del Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera (Salarte). La Alianza Azul ya ha recabado el apoyo de los Ayuntamientos de San Fernando, Chiclana, Puerto de Santa María y Puerto Real, y la pasada primavera se reunió con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para definir un plan de acción, con resultado positivo. Preguntado al respecto, el Departamento de Sara Aagessen ha rechazado aclarar si invertirá fondos en la reserva marina, al igual que hace cada temporada con las playas dañadas por los temporales. La Consejería andaluza de Sostenibilidad y Medio Ambiente parece dispuesta a invertir y recoger el guante lanzado por la Alianza Azul: “La solución pasa por la corresponsabilidad institucional y por la implicación activa de todas las administraciones. Valoramos positivamente cualquier iniciativa que contribuya a sumar esfuerzos para la conservación y recuperación del parque y reiteramos nuestra disposición a colaborar en la definición de una estrategia conjunta que permita afrontar este desafío con garantías de éxito”, subraya un portavoz.El parque natural está muy expuesto al cambio climático, y mientras que los grandes oleajes dañan las barreras históricas, las inundaciones hacen estragos a través de las dos desembocaduras fluviales. Rodeada por completo por la reserva y por debajo del nivel del mar está San Fernando (94.000 habitantes), localidad conocida como La Isla. “Como los esteros no están explotados y no tiene mantenimiento, la estructura perimetral [vuelta de afuera] se va deteriorando y esta es la barrera natural de la ciudad y por donde el agua se puede adentrar. Debemos actuar para proteger el ecosistema del parque y porque protege las viviendas y bienes de los ciudadanos. Las Administraciones implicadas no hemos dado resultados los últimos 40 años. Todos tenemos claro que el espacio es maravilloso y que hay que ponerlo en valor, pero al final todo queda en nada porque las competencias están muy divididas. Ahora esta alianza debería ser el impulso para cerrar acuerdos”, confía la alcaldesa isleña, Patricia Cabada (PSOE). María del Mar Agraso, directora general de la Fundación centro tecnológico de acuicultura de Andalucía, CTAQUA, reflexiona: “Los espacios de contención necesitan estar bien mantenidos y robustos para ejercer como barrera natural ante el avance del nivel del mar, las mareas de coeficiente alto o cuando arrecian los temporales. Hay que intervenir en dos polos: la sociedad no tiene conciencia de la riqueza y biodiversidad de la zona, y esta debe ser consciente del peligro que supone la no intervención”. Los empresarios están atrapados entre los requisitos que exigen la Demarcación de Costas, la Junta andaluza ―Medio ambiente pero también Patrimonio histórico― y los Ayuntamientos, ya que a menudo se contradicen y mientras una Administración autoriza ciertas actividades, otra pone palos en la rueda. “Los políticos son muy restrictivos porque piensan en los hoteles de Benidorm y en los grandes beneficios, que aquí son endebles. No son chiringuitos a pie de playa, estos son proyectos personales y sueños, mucho más que negocios. A esta gente habría que pagarle dinero, no cobrarle un canon”, considera Fernández. El objetivo de la alianza es, en paralelo a la inversión pública, fomentar que el parque penetre en la sociedad gaditana a través de más visitas de escolares. El cocinero Ángel León ubicó su restaurante Aponiente en una marisma degradada del parque natural, y ha restaurado 20 hectáreas creando una salina artesanal que gestiona Dama Blanca, y una huerta marina. “Desde la carretera crees ver un erial, pero si te adentras ves las láminas de agua y toda la biodiversidad generada por el hombre; es un paisaje transformado como dehesas litorales”, ilustra. El biólogo de Aponiente y presidente de Salarte, Juan Martín, concluye: “Estamos perdiendo una entidad territorial que países como Francia tienen en Guérande o la isla de Ré con facturaciones millonarias. Eso era la Bahía de Cádiz, un imperio económico de marisma salinera, y trabajamos sin descanso para que lo vuelva a ser”.