La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), participada mayoritariamente por el Gobierno andaluz y principal cliente de Canal Sur, carecía de un protocolo de prevención de acoso sexual y laboral “actualizado” un mes antes de que una de sus reporteras denunciase al CEO de la compañía, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual ante un Juzgado de Violencia de Género de Sevilla.
Desde 2022, las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a disponer de un Plan de Igualdad y registrarlo en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo (REGCON). El protocolo antiacoso es obligatorio para todas las compañías (independientemente de su volumen) desde la Ley de Igualdad de 2007, aunque en este caso registrarlo no es preceptivo.
La productora ADM registró su II Plan de Igualdad en diciembre de 2025, apenas unos días antes de la denuncia de una trabajadora contra el director general de la compañía por delitos sexuales, que derivó en la imputación judicial y el posterior cese de Gustavo Fuentes.
El Consejo de Administración de la compañía, cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía, nombró en su lugar (y de manera “provisional”) a su número dos, el director financiero y de Recursos Humanos, Óscar González-Barba, actual CEO de la compañía. González-Barba, según el protocolo antiacoso de ADM que aprobó el propio Fuentes, era (y es) el responsable de “la recepción de las denuncias” internas por acoso sexual. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, establece que las denuncias al canal antiacoso “no podrán ser anónimas”.
