Argentina está en un punto de inflexión. En mayo, por primera vez, Vaca Muerta le ganó al campo con el petróleo como principal producto exportado. Un hito que amenaza con alterar la tradicional relación de fuerzas con el agronegocio local que, históricamente, aportó más del 70% de las divisas genuinas que ingresan al Banco Central. Una posición que le otorgó un poder de veto político capaz de forzar devaluaciones o correcciones del tipo de cambio oficial ante la constante tensión entre la competitividad exportadora y el traslado de la devaluación a los precios de consumo interno. Los jugadores energéticos empiezan a disputarle ese puesto, aunque es un poder que todavía se reparte de forma mayoritariamente local.
Blindar y apurar el desarrollo de la Cuenca Neuquina funcionó como una política de Estado ininterrumpida desde la firma del acuerdo fundacional de YPF con Chevron en 2014. Si bien la gestión de Javier Milei se arroga la aceleración del proceso actual, el salto exportador responde a la maduración y el sostenimiento de sucesivas herramientas de incentivo fiscal y de infraestructura a lo largo de la última década. El eslabón más reciente de esta cadena es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un marco legal diseñado para garantizar estabilidad jurídica, fiscal y cambiaria por 30 años que beneficia por igual a los capitales de origen local como a las corporaciones extranjeras.
