Los terremotos que acaba de sufrir Venezuela suponen el culmen de una prolongada tragedia que se explica tanto por los errores del chavismo como por el efecto de las sanciones internacionales y del intervencionismo militar de Washington. Y ahora, cuando urgentemente hay que responder a la emergencia y de inmediato llevar a cabo una reconstrucción global, al gobierno venezolano y al conjunto de la comunidad internacional se les plantea un desafío de proporciones extraordinarias, aunque también cabe verlo como una oportunidad no menos hercúlea.
Lo ocurrido es, obviamente, un enorme desafío para cualquier gobierno enfrentado a un golpe de esas dimensiones. Pero se hace aún más difícil si se tiene en cuenta que los sismos han golpeado a un país en el que, desde hace demasiado tiempo, el Estado ha perdido el monopolio del uso legítimo de la fuerza y en el que la población ni logra satisfacer sus necesidades básicas ni disfruta plenamente de sus derechos fundamentales. Basta con señalar que, a pesar de contar con las mayores reservas mundiales de petróleo, en estos últimos años unos ocho millones de venezolanos han optado por abandonar su tierra buscando una vida digna, mientras que el PIB ha caído un 80% en los últimos quince años.
