Cientos de personas acompañaron este viernes el cortejo fúnebre de Alejandro, el niño de 12 años que murió el pasado 23 de junio en una violenta encerrona en San Bernardo, en la zona sur de Santiago de Chile. Fue arrastrado durante casi tres kilómetros por la calle desde el automóvil que fue robado a su familia. La puerta trasera del vehículo quedó abierta y Alejandro no pudo bajar; quedó enganchado al cinturón de seguridad. Conducía un adolescente de 17 años, parte de una banda de cinco integrantes, dos de ellos confesos. El asalto ocurrió hacia la 1.10 de la madrugada y el grupo fue identificado durante la mañana, tras las pesquisas a contrarreloj dirigidas por Leonardo Tapia (Santiago, 47 años), fiscal especializado en el análisis de casos de alta complejidad y delitos violentos. Para el investigador, los asaltantes actuaron de una forma “temeraria, sin dar importancia a la vida de los demás y con un grado de gravedad criminal tremendo”.El crimen ha impactado a Chile. Una muestra de ello fue la despedida del niño: la carroza fúnebre pasó por su casa y por el colegio El Sembrador, en Puente Alto, y acudieron decenas de personas que no lo conocían. Para Tapia, quien es jefe de Análisis Criminal de Fiscalía Metropolitana Occidente y reconstruyó en terreno el minuto a minuto de los hechos durante esa misma madrugada, la banda advirtió que Alejandro era arrastrado, pero “le dio lo mismo”. Parte de las pruebas, que este miércoles presentó ante un tribunal, son los gritos de aviso del padre y la tía, que vieron cómo se lo llevaban colgando del automóvil, un Peugeot rojo del año 2008. Corrieron detrás, desesperados. De cerca, al Peugeot lo seguía otro auto, un Mitsubishi blanco, donde iba el resto del grupo. Lo habían robado momentos antes a un hombre en una gasolinera en San Bernardo, donde fue para cargar combustible. También quedó sin su anillo, sin su teléfono y sin sus documentos.“Ellos escucharon los gritos de su padre y su tía de que el niño era arrastrado. Este no fue un accidente. No se les escapó de las manos. Fue una decisión consciente de continuar con el delito, asumiendo todas las consecuencias”, señala Tapia a EL PAÍS. Esa fatídica madrugada, antes de la encerrona fatal, el grupo cometió varios delitos en el transcurso de una hora. Las cámaras de seguridad los captaron llegando a pie a la bencinera, un indicio de que provenían de un sector cercano. Además de robar el automóvil blanco, le quitaron el dinero al trabajador que vendía combustible, la recaudación de la jornada y la máquina de pago, que fue hallada, junto a varias tarjetas de crédito, en la casa de uno de los detenidos, que tienen entre 17 y 23 años. Luego, a un carabinero que vestía de civil y esperaba un bus en un paradero, le quebraron la clavícula a golpes y le arrebataron su teléfono y su chaqueta. Lo peor vino después, cuando la familia de Alejandro, que venía de un largo viaje desde Argentina e iba hacia su casa en Puente Alto, se encontró con la banda. Fue de un momento a otro, como ocurren todas las encerronas, y cuyas dinámicas conoce Tapia, pues ha investigado decenas, tantas, que perdió la cuenta. La última fue distinta, pues acabó de la manera más dolorosa posible, lo que da cuenta de que en este tipo de robos, que comenzaron en 2017, “ha aumentado la violencia”, dice. Las encerronas, que ocurren en menos de un minuto, son los delitos más temidos por los conductores chilenos, especialmente de la Región Metropolitana. Son abordados de noche en las autopistas y también en las caleteras, al costado de las vías, precisamente donde la familia de Alejandro se detuvo para buscar una nueva ruta con la ayuda del teléfono, pues se había equivocado en un camino. Conducía la tía materna de Alejandro, y pararon para que el papá del niño quedara al volante. “Cuando abrieron la puerta para bajarse, se encontraron de frente con el auto blanco, que se les cruzó. Fueron muy violentos, los lanzaron al suelo y es en ese instante que uno de ellos sube al auto rojo y, pese a los gritos de advertencia, continuaron casi tres kilómetros con el niño a la rastra”.Las bandas son integradas por adolescentes e, incluso, hay encerronas en las que han participado niños 12 años, dice el fiscal. Pero también hay jóvenes, desde los 18 y hasta los 25. En el caso de San Bernardo, dos de los detenidos tienen 17 años. Ambos habían pasado por el Programa 24 Horas, de prevención temprana, del exServicio Nacional de Menores. El conductor, previamente, había cometido delitos similares: en febrero de 2026 participó en el robo de otro automóvil.Para Tapia, el caso de San Bernardo refleja que, “como país, no nos hemos hecho cargo de los delitos de los adolescentes, en el sentido de evitarlos. Acá, lo que estamos atacando, básicamente, son los síntomas y no la enfermedad”. Y agrega: “Existe un problema bastante grande en el tratamiento que le estamos dando, ya sea respecto de aquellos adolescentes reiterativos en este tipo de conductas y de su contaminación criminológica. Hay una crisis valórica relevante y una educacional respecto de ellos, y de tener normas adecuadas para aquellos que son reiterativos, para que tengan sanciones efectivas y no una ida y salida del sistema procesal penal”.Autos vendidos “al mejor postor”Aunque la mecánica de las encerronas apenas ha variado desde 2017 —uno o dos vehículos rodean a otro y el asalto dura menos de un minuto—, la violencia con que actúan las bandas ha escalado de forma sostenida, un cambio que tuvo su expresión más extrema en San Bernardo. “Al principio las encerronas se cometían con armas cortopunzantes, pero hoy son con armas de fuego y, en muchos casos, hay personas lesionadas”, señala Tapia.Los vehículos suelen tener un destino incluso antes de ser robados. Según relata el fiscal, los adolescentes actúan por encargo de contactos que consiguen a través de redes sociales o de sus propios vínculos con el mundo del crimen. Cuando no existe un comprador previo, los ofrecen “al mejor postor”. Por cada automóvil reciben entre 300.000 pesos (unos 320 dólares) y 800.000 pesos (unos 860 dólares), dependiendo del modelo, un monto muy inferior a su valor comercial, que luego reparten entre los cinco o seis integrantes de la banda. “La enorme mayoría de quienes cometen este tipo de delitos tiene un consumo problemático de drogas. El dinero lo usan rápidamente para comprar droga, pero también ropa, con la que se exhiben en redes sociales. También muestran las armas de fuego”, señala Tapia.Los autos son desmantelados rápidamente por otros grupos que, o los venden por piezas o, “en muchos de estos casos, los sacan de Chile y los llevan a Bolivia, donde les llaman los autos chutos“. También, son intercambiados por droga.Hay otra característica que se repite. “En casi todos casos las bandas transmiten en vivo, por Instagram, estos delitos, mostrando el vehículo y jactándose. Y así los van también ofreciendo”. El grupo que atacó a la familia de Alejandro, sin embargo, no lo hizo esta vez, pero sí algunos de sus miembros lo habían hecho en otros casos. Y eso es parte de los múltiples antecedentes que sirvió a la Fiscalía y Carabineros para su ubicación en menos de 24 horas. La unidad que dirige Tapia no investiga cada caso de forma aislada, sino que levanta información en forma permanente y tras cada encerrona hace perfilamiento de los grupos y de las zonas donde suelen cometen estos robos.La madrugada del 23 de junio, distintos equipos trabajaron simultáneamente para lograr las detenciones. Varios fiscales, entre ellos Tapia, recorrieron los lugares donde la banda actuó. “Vamos a terreno porque las diligencias se instruyen en situ. Eso permite tener más efectividad en los resultados”. Allí se levantaron huellas dactilares en los dos automóviles robados y las muestras se enviaron al Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Otros funcionarios revisaron decenas de cámaras de seguridad, lo que les permitió seguir su trayecto: desde dónde venía la banda y hacia dónde huyó. También se les rastreó su ubicación y fueron interceptadas sus teléfonos. El testimonio de una de las víctimas fue clave para identificar los rostros.El grupo llegó caminando a la gasolinera, lo que indicó al equipo que vivían muy cerca. Cinco eran de San Bernardo, y un sexto, amigo de la banda, de Melipilla. Con esos datos, Tapia y su equipo arrancaron el análisis criminal y a través de las cámaras hicieron comparativos de rostros y vestimentas, todo eso durante la misma madrugada.“Justicia no es solo tratar de lograr las condenas ante los tribunales, sino que también tratar de actuar eficiente y rápidamente. Y, en este tipo de casos, donde fue afectado un niño, y la forma de comisión de este delito en forma tan fría y terrible, significó la puesta en marcha de un equipo de trabajo esa misma noche”.Los dos automóviles fueron abandonados casi tres kilómetros después del último de sus robos. El grupo se dispersó a pie, de la misma forma en que arrancó esa noche, con el primero los cuatro asaltos, en la gasolinera. “No se llevaron los autos, precisamente, porque el niño estaba fallecido. Y si eso no hubiese ocurrido, los habrían hecho desparecer”, dice el fiscal.