La adjudicación de la Vía Navegable Troncal/Río Paraná a la empresa belga Jan de Nul materializa una decisión política que consolida una nueva renuncia del Estado al control de una infraestructura estratégica para la Argentina. Este hecho consagra la privatización del principal corredor logístico del país, por el que circula más del 80% de las exportaciones, el 90% de los productos agroindustriales y alrededor del 90% del transporte de contenedores, y cuya administración es mucho más que una concesión de servicios porque condiciona la política comercial, el sistema portuario, el desarrollo de las economías regionales y el ejercicio de la soberanía sobre nuestros ríos. El Gobierno presenta esta privatización como un éxito, cuando en realidad consolida un esquema que desplaza al Estado nacional y a las provincias ribereñas de las decisiones sobre una vía estratégica y lo hace a partir de un proceso licitatorio atravesado por graves irregularidades que motivaron denuncias ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
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