Blindar la confidencialidad de los precios de los medicamentos por ley ha puesto de acuerdo al PSOE, Sumar y al PP. La Comisi�n de Sanidad del Congreso ha sido testigo de la uni�n de estos tres partidos con un objetivo: sellar legislativamente la confidencialidad de los precios que paga el Estado a los laboratorios farmac�uticos. En 20 d�as, tras conseguir luz verde en la comisi�n de la C�mara Baja, podr�a obtener en el Senado la ratificaci�n definitiva para ser publicado en el Bolet�n Oficial del Estado (BOE). Desde Sanidad se mantiene la postura defendida por el secretario de Estado, Javier Padilla, en este medio ya en el mes de abril: el secretismo en los precios netos se ha convertido en una herramienta estrat�gica "para asegurar el acceso a los medicamentos". Para la patronal de la industria farmac�utica, Farmaindustria, el mantenimiento de la confidencialidad no es un capricho corporativo, sino un elemento esencial para garantizar que los pacientes espa�oles accedan a la innovaci�n terap�utica. Padilla expon�a que "la confidencialidad no protege a la industria, sino al valor superior del acceso al medicamento". Civio, en el extremo opuesto, busca luz y taqu�grafos para este proceso. Desde 2019, libra una batalla legal para que las resoluciones de financiaci�n de los f�rmacos m�s caros sean p�blicas. Esta cuesti�n est� en el Tribunal Supremo. Su demanda surge ante la aparici�n de terapias con precios astron�micos, como las CAR-T (300.000 euros), Luxturna (700.000 euros) o Zolgensma (dos millones de euros por paciente), cuyos costes reales se mantienen bajo un hermetismo total. Para Civio, este "oscurantismo" no fortalece al Estado, sino que lo hace negociar peor, "a ciegas", aumentando el riesgo de arbitrariedad y de falta de control en decisiones que movilizan ingentes cantidades de dinero p�blico. �C�mo se va a blindar la confidencialidad de los precios de los medicamentos? Las cr�ticas de la organizaci�n no se centran solo en la opacidad, sino en las formas de conseguirla, tambi�n fuera de los focos. Mientras se tramita el anteproyecto de la Ley del Medicamento, ante la incertidumbre de un final de legislatura abrupto, el ministerio de Garc�a prefiere dejar cabos atados. Al igual que dio luz verde a los nuevos copagos en un real decreto aprobado en el Consejo de Ministros, busca la aprobaci�n "urgente" de este proceso a trav�s de sus enmiendas a otros asuntos que nada tienen que ver con ello. En abril, hubo un intento a trav�s de la enmienda 259 en la ley de discapacidad, elaborada por PSOE y Sumar. Aunque todav�a no se ha votado, Padilla justific� este movimiento alegando que la coyuntura pol�tica exige acciones "decididas y m�s r�pidas" y que se ha elegido un veh�culo legislativo que se encuentra en una fase de tramitaci�n m�s avanzada para asegurar que el blindaje entre en vigor cuanto antes. Mientras esta votaci�n sal�a adelante, se busc� un nuevo veh�culo: la proposici�n de ley sobre cribado neonatal, en concreto a trav�s del subterfugio de una enmienda transaccional presentada esta vez por el PP. Esta ley ha conseguido salir adelante con 33 votos a favor, uno en contra (de Podemos) y dos abstenciones (de VOX). Desde el PP se apunta que se hace as� "pensando en la competitividad del sector farmac�utico espa�ol y en la capacidad negociadora del Estado y las comunidades aut�nomas. Esta enmienda ya se ha aprobado en la Ponencia". Ni el PP ni el PSOE han aludido a esta enmienda, s� lo ha hecho el portavoz de Sumar que ha contestado a las acusaciones de falta de transparencia del Gobierno. Civio no se ha puesto en contacto esta vez con el Ministerio de Sanidad ni con los partidos pol�ticos porque "el texto es el propuesto en la anterior enmienda y el argumentario no ha variado". Para la organizaci�n ciudadana, la decisi�n de Sanidad resulta extra�a, m�s cuando los actuales dirigentes de la cartera s� hab�an manifestado una clara intenci�n de mostrar total transparencia en estos procesos. Actualmente, el art�culo 97 de la Ley del Medicamento de 1995 contiene legislada la opacidad, que ha sido un denominador com�n en todos los gobiernos en democracia. Esto hubiera acabado si en una de las grandes reformas del ministerio de M�nica Garc�a se hubiera dado un paso valiente. Pero no: en el anteproyecto de la Ley del Medicamento, en el art�culo 114, se ampl�a el blindaje de la confidencialidad de los precios finales o netos. Razones y argumentos encontrados entre Sanidad y Civio Civio cita a la propia Organizaci�n Mundial de la Salud (OMS), cuya resoluci�n WHA 72.8 (votada a favor por Espa�a) concluye que la transparencia fortalece la posici�n de los Estados. Denuncian que el nivel de secretismo propuesto no tiene precedentes en la contrataci�n p�blica general, donde a ning�n otro proveedor se le permite ocultar el precio unitario de sus contratos con la Administraci�n. Para la organizaci�n, lo que hay detr�s de esta postura es el "miedo" del Gobierno a que el Tribunal Supremo falle a favor de la transparencia en los juicios que a�n tienen pendientes. El marco geopol�tico y las pol�ticas de Donald Trump son parte de la justificaci�n: si Espa�a hiciera p�blicos sus precios netos (que suelen ser bajos), las farmac�uticas tendr�an un incentivo para retrasar la comercializaci�n de f�rmacos en nuestro pa�s con el fin de no hundir sus precios y m�rgenes de beneficio en el gigantesco mercado de Estados Unidos, defiende Padilla. El secretario de Estado argumenta que "la confidencialidad no protege a la industria, sino al valor superior del acceso al medicamento". Padilla sostiene que un pa�s no puede actuar de forma aislada en materia de transparencia sin pruebas de que ello no provocar� retrasos en la llegada de tratamientos cr�ticos para los ciudadanos. Esta pol�tica responde al intento de EE. UU. de reducir sus costes vinculando sus precios a los de otros pa�ses, lo cual podr�a provocar que las farmac�uticas retrasen el lanzamiento de innovaciones en el mercado espa�ol para no comprometer sus ganancias globales. Frente a las cr�ticas por falta de transparencia, Padilla defiende que la protecci�n de la capacidad negociadora del Estado es un valor superior a la publicidad de los datos, equipar�ndola en importancia a la seguridad nacional. Finalmente, el secretario de Estado aboga por potenciar el uso de medicamentos gen�ricos y justifica el marco legal actual como un sistema racional dise�ado para contrarrestar la falta de una estructura p�blica de negociaci�n en otros sistemas sanitarios.