NoticiaAdvirtieron que la apertura de instrucción contra el expresidente puede tener impacto negativo sobre la confianza en la independencia de la justicia.Síganos y léanos en Google Discover.En octubre, el expresidente Álvaro fue absuelto de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos Foto: RAÚL ARBOLEDA25.06.2026 15:57 Actualizado: 25.06.2026 15:57

El Grupo de los 38 Juristas, integrado por abogados, exmagistrados y académicos que se presentan como defensores del Estado de Derecho y la democracia, emitió un comunicado en el que cuestionó la decisión de la Fiscalía de vincular al expresidente Álvaro Uribe Vélez mediante diligencia de indagatoria. El colectivo aclaró que no se pronuncia sobre la responsabilidad penal del exmandatario, asunto que corresponde exclusivamente a la justicia, sino sobre las circunstancias en las que se adoptó la decisión.El comunicado se produce a raíz de que el exmandatario fue llamado a responder por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja, cometidas en la década de los 90 en Antioquia y en el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.En el documento, los juristas subrayan que la decisión no se trata de una condena ni una declaración de responsabilidad, sino de una etapa inicial del proceso penal y recuerdan que Uribe continúa amparado por la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso. LEA TAMBIÉN El grupo también destaca que la investigación tiene origen en hechos ocurridos hace más de dos décadas y cuestiona que, después de un largo periodo, la apertura formal de la instrucción se haya producido en un momento cercano al cierre de la campaña presidencial. Según argumentan en el comunicado, la demora en el trámite dificulta argumentar que existía una urgencia que justificara una actuación inmediata en esta coyuntura.En ese sentido, expresaron su preocupación frente al impacto que la decisión puede tener en la percepción ciudadana sobre la independencia de la justicia. Los firmantes sostienen que, cuando una actuación judicial de alto perfil como esta coincide con un escenario electoral, pueden surgir cuestionamientos sobre un eventual uso político de los procesos judiciales, fenómeno que identifican con el concepto de lawfare o guerra jurídica. LEA TAMBIÉN No obstante, el Grupo de los 38 enfatizó que la defensa de las garantías procesales no implica desconocer los derechos de las víctimas. En ese sentido, recordó la importancia de esclarecer hechos como los crímenes cometidos contra la población civil en Ituango y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, al tiempo que insistió en que las investigaciones deben avanzar con independencia y alejadas de cualquier sospecha de cálculo político.Finalmente, los firmantes hicieron un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia para que el proceso se desarrolle con plena transparencia y estricto respeto por el debido proceso. También invitaron a los actores políticos, a los medios de comunicación y a la ciudadanía a diferenciar entre una actuación preliminar y una decisión definitiva de la justicia. LEA TAMBIÉN REDACCIÓN POLÍTICA Sigue toda la información de Política en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.