Después de más de un año de discrepancias y tensiones entre el Gobierno y la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), este jueves ha publicado el informe que mide el crecimiento de los cultivos de coca en Colombia. Según el documento, el país cerró el 2024 con 261.000 hectáreas de esa planta, un incremento del 3,5% frente a las 253.000 registradas un año antes. Es el porcentaje de crecimiento más bajo de los últimos cuatro años en una cifra publicada con un año y medio de atraso tras una disputa técnica y metodológica entre las dos partes.La puja fue tan grande que el propio presidente convocó a los medios para explicarla, le dedicó alocuciones y, como es usual, muchos mensajes en X. Petro sostuvo por varias semanas que esos datos, que consideraba erróneos, llevaron a que el presidente estadounidense Donald Trump construyera una narrativa en su contra y lo incluyera en la lista OFAC. “El indicador de potencial producción de cocaína ha sido pésimamente construido por la UNODC desde hace lustros. Dado el oscuro método estadístico utilizado, el Gobierno no lo volverá a usar”, sentenció el presidente en enero pasado. Pero nunca rompió el contrato entre el Ministerio de Justicia y la entidad del sistema de la ONU; solo se suspendió mientras debatían la metodología. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reconoce que fueron meses de diálogos y negociación para llegar a un consenso. “Fueron varios meses de conversación, discusión, negociación en Colombia y en Austria [sede global de la UNODC] hasta que se llegó a un consenso sobre cómo entender los mercados de drogas ilícitas, su evolución en Colombia y su relación con el conflicto armado”, dice el abogado, quien llegó al cargo en febrero, cuando el choque estaba en plena marcha. El documento muestra un aumento de las hectáreas, aunque el más bajo desde la pandemia. En 2023, los cultivos crecieron un 10%; en 2022, un 13%; y en 2021 el incremento fue del 43%.El dato más llamativo del reporte no es el muy disputado dato del área sembrada, sino otro que se omitió: por primera vez en la historia de ese monitoreo, que ha contratado Colombia desde 1999 para tener una autoridad externa revisando sus logros, el informe no incluye la estimación de producción potencial de clorhidrato de cocaína, el estimado de toneladas del alcaloide que podría producir el país. EL PAÍS reveló en su momento que la cifra que definía la UNODC era de 3.001 toneladas, un aumento de 12,6% sobre el año anterior. La omisión es una victoria del Gobierno.Ya en 2023, el reporte del llamado Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos o SIMCI reportó un número que disparó las alarmas: un incremento del 53% en la producción potencial respecto al año anterior, hasta 2.664 toneladas. Ese dato que levantó ampolla en el Gobierno, que también tiene entre sus fuentes la medición interna de la Policía Nacional, hecha a partir de imágenes satelitales. Según explican el Ministerio y la UNODC en el preámbulo del documento publicado este jueves, la metodología utilizada hasta el momento no reflejaba con suficiente fidelidad el ritmo de los cambios productivos en el territorio, y la aproximación de 2023 había acumulado transformaciones de hasta cuatro años en una sola cifra. Eso se debe a que, desde 2007, la agencia divide el país en cuatro bloques regionales, para cada año elegir aleatoriamente uno de ellos y allí hacer estudios en el terreno y encuestas rurales. Con esos datos, proyecta los resultados para todo el país. Es decir, los incrementos o cambios en las dinámicas cocaleras de apenas una región de Colombia son extrapolados nacionalmente y cada bloque se mide, en la realidad, cada cuatro años. Los cuestionamientos del Gobierno a ese método llevaron a suspender la publicación del dato en esta ocasión. En su lugar, acordaron una hoja de ruta para “corregir la metodología, incorporar rangos de incertidumbre y desarrollar indicadores complementarios”. Algunas de esas nuevas variables técnicas son la medición de la “cocaína disponible” y “cocaína evitada”.El sistema de la crítica se ve en el mismo informe, que muestra que el crecimiento del área sembrada no es homogéneo. La región Pacífico —liderada por los departamentos de Nariño y Cauca— concentraba 121.612 hectáreas, un 14% más que en 2023. En cambio, el vecino y amazónico Putumayo —otrora el corazón cocalero del país— redujo su área en un 14%, hasta 49.190 hectáreas, en parte porque absorbió el 87% del total de área intervenida por erradicación manual forzosa en 2024, aunque solo el 36% de ese esfuerzo fue validado metodológicamente.En general, el reporte muestra que Nariño, con cerca de 74.500 hectáreas, es el departamento con mayor presencia de coca por cuarto año consecutivo, y el municipio de Tumaco retornó al primer lugar nacional con aproximadamente 31.000 hectáreas. Y la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, sigue siendo otro foco relevante: creció un 11% en 2024 hasta alcanzar 48.739 hectáreas, y junto a Nariño son los principales focos de crecimiento. Tres departamentos (Nariño, Norte de Santander y Putumayo) concentran el 64% del área total nacional.El informe insiste en un hallazgo ya señalado en ediciones anteriores: el cultivo no se está expandiendo a nuevos territorios, sino que se identifica en clústeres. El 90% de la coca detectada en 2024 está en zonas que suman por lo menos 10 años con cultivos. También señala que las áreas más cercanas a las fronteras terrestres siguen siendo las de mayor concentración, especialmente los límites con Ecuador (Nariño y Putumayo) y Venezuela (Norte de Santander), y a las costas del Pacífico. Justamente, un eje del informe es el concepto de “enclave productivo”, las zonas de altísima concentración y permanencia del cultivo, donde se integran los procesos de transformación de la hoja de coca a la cocaína. En 2019 existían 7 de estos enclaves y para 2024 ya eran 15, que concentraban el 44% de todos los cultivos, con 114.000 hectáreas, el doble de lo que representaban cinco años atrás. El enclave que el SIMCI llama Frontera Tumaco creció un 43%; Catatumbo-Barí, un 10%. Solo los enclaves del Putumayo y algunos de la región Central mostraron reducciones.La producción de coca ha sido uno de los grandes lastres del Gobierno de Gustavo Petro. La consecuencia más evidente de ello fueron las tensiones con la Administración estadounidense de Donald Trump, quien, antes de limar asperezas con Petro a inicios de este año, llegó a sugerir sin pruebas que el mandatario colombiano se lucraba del negocio del narcotráfico. Eso, a su vez, llevó a que el Gobierno de ese país suspendiera las ayudas que daba a Colombia para combatir la proliferación de los cultivos. El Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, enteramente alineado con el discurso de Trump, enfrentará ese problema bajo la atenta mirada de sus aliados del norte.