El mecanismo europeo de protección civil y la reserva estratégica (llamada RescEU) ha servido en la DANA, en los incendios, en los terremotos, en las catástrofes o en la pandemia, pero tiene lagunas y fallos importantes. Así lo recoge un informe publicado este jueves por el Tribunal de Cuentas Europeo, que incluye que las prisas por ejecutar presupuestos masivos y la falta de coordinación entre los Estados miembros han comprometido la eficiencia y la sostenibilidad a largo plazo de esta red de seguridad.Uno de los principales "agujeros negros" detectados es la opacidad informativa. La Comisión Europea diseñó las capacidades de respuesta sin tener una visión clara de lo que ya existía en cada país, debido a que muchos Estados miembros consideran que sus datos de protección civil pertenecen al ámbito de la seguridad nacional confidencial. Esta falta de transparencia impidió que la asignación de fondos se basara en una evaluación precisa de las necesidades reales de todo el territorio.La presión financiera también jugó en contra de la calidad en la toma de decisiones, advierten los auditores. La necesidad de comprometer los 2.000 millones de euros provenientes del fondo de recuperación pospandemia antes de finales de 2023 forzó una planificación apresurada. En algunos casos, la Comisión tuvo que pedir a los candidatos que aumentaran drásticamente sus presupuestos (hasta un 113% en un solo proyecto) simplemente para absorber los fondos disponibles, sin que ello respondiera necesariamente a un plan estratégico previo.Este exceso de fondos y falta de tiempo derivó en situaciones inverosímiles, como la de un proyecto de transporte y logística cuyo presupuesto se quintuplicó, pasando de 27 a 136 millones de euros, recoge también el informe. Además, el sistema de convocatorias de propuestas fomentó la competencia entre países en lugar de la cooperación, perdiendo la oportunidad de realizar contrataciones conjuntas que habrían garantizado mejores precios y una mayor interoperabilidad de los equipos,.La ejecución técnica tampoco ha estado libre de obstáculos. Seis de los ocho proyectos auditados sufrieron retrasos significativos debido a la falta de stock en el mercado y a la complejidad de las especificaciones técnicas. El caso más grave se registró en el contrato de transporte aéreo, que acumuló un retraso de más de dos años debido a dificultades para definir los requisitos y garantizar la financiación nacional del IVA.La integridad del sistema se ha visto seriamente cuestionada por un caso de presunto fraude investigado por la OLAF. La oficina de lucha contra el fraude ha recomendado recuperar 91 millones de euros tras detectar que la compra de generadores eléctricos para zonas en guerra vulneró los principios de competencia y transparencia. La investigación reveló precios excesivos y ventajas indebidas para ciertos contratistas, lo que ha obligado a paralizar el despliegue de esos activos.Otra laguna crítica es el llamado "acantilado de sostenibilidad". La mayoría de los proyectos financiados con fondos extraordinarios solo previeron el mantenimiento de los equipos hasta septiembre de este mismo año. Esto significa que, a día de hoy, existe una incertidumbre total sobre quién pagará los costes de almacenamiento y reparación de estos activos vitales durante el año 2027, antes de que comience el próximo ciclo presupuestario europeo, que irá del 2028 al 2034.El mantenimiento actual de las reservas también presenta deficiencias operativas. Los auditores constataron que el seguimiento de la fecha de caducidad de productos médicos y la carga de baterías de equipos sofisticados no siempre está automatizado. En algunos casos, los Estados miembros utilizan simples hojas de cálculo manuales para gestionar inventarios de millones de euros, lo que eleva el riesgo de que el material no esté listo cuando ocurra una emergencia real.Incluso en el despliegue de ayuda, la burocracia sigue siendo un lastre. Aunque la respuesta operativa es rápida, el proceso para que los países recuperen el dinero gastado en las misiones es "engorroso",. Las autoridades nacionales deben rellenar múltiples documentos contractuales por cada acción individual, lo que genera una carga administrativa que desincentiva la agilidad del sistema.Asimismo, la auditoría señala que la UE no ha sabido aprovechar su poder de negociación frente a fabricantes extranjeros. Mientras se dependía de un único proveedor de un tercer país para adquirir aviones de extinción, se perdieron dos años en negociaciones a escala europea. El documento, a la vez, sugiere que ese tiempo y esos fondos podrían haberse utilizado para fomentar la autonomía estratégica mediante el apoyo a fabricantes europeos, reduciendo así la vulnerabilidad de la Unión."La reserva estratégica de emergencia de la UE ha demostrado claramente su utilidad al prestar ayuda cuando las capacidades nacionales se han visto desbordadas", explicó George Marius Hyzler, miembro del Tribunal encargado de la auditoría. "Sin embargo, para que la reserva sea más eficaz, la financiación futura de la UE debe orientarse mejor, los proyectos deben diseñarse para que sean duraderos y deben simplificarse los procedimientos de reembolso de las medidas de respuesta", sentenció.