El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado la razón a la Administración de Donald Trump y le permite eliminar el programa humanitario que concedió la residencia para los ciudadanos de Haití y Siria. Con la decisión, 350.000 haitianos y unos 6.000 sirios se quedan sin la protección que el TPS (Estatus de Protección Temporal) les proporcionaba frente a la deportación.“La ley sobre el TPS prohíbe expresamente que se examinen las alegaciones de los demandados que no sean de índole constitucional. No permite ‘ninguna revisión judicial de ninguna determinación... con respecto a la... terminación’ de una designación de TPS”, dijo el tribunal. Con seis votos a favor de los magistrados más conservadores y tres en contra de las tres liberales, la Corte deja vulnerables para la deportación a los haitianos y sirios.El tribunal rechazó el argumento de los ciudadanos haitianos de que la terminación del programa se debió a motivos racistas. La decisión de poner fin al estatus de TPS para Haití se basó en discriminación racial— “probablemente no prosperará”, dijo el Supremo.La jueza Elena Kagan, que emitió una opinión contraria, manifestó que “las pruebas que han presentado incluyen declaraciones del presidente tan repugnantes y de marcado carácter racista que la mayoría se niega a reproducirlas por escrito”. La jueza de distrito Ana Reyes dictaminó en febrero que la decisión de la ex secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al programa estuvo motivada por una animosidad “antinegra y antihaitiana” y se refirió a las declaraciones de Trump en las que calificó a Haití de “país de mierda” y en las que acusó a sus ciudadanos que viven en Springfield, Ohio, de comer las mascotas.La decisión del Supremo puede afectar en total a un millón de personas de otros países que dependen del TPS para evitar su expulsión de Estados Unidos. Noem canceló el TPS de 13 países, entre ellos Venezuela, Afganistán, Nicaragua y Honduras, como parte de la agresiva campaña contra los migrantes emprendida por la Administración Trump. El republicano quiere llevar a cabo la mayor deportación de la historia y, para aumentar el número de personas a las que se puede expulsar, ha retirado el permiso de residencia y de trabajo a cientos de miles de migrantes que se sentían protegidos por programas como el TPS. La cancelación de los programas ha propiciado numerosas demandas judiciales.El TPS es un programa humanitario que fue establecido en 1990 para designar a ciertos países como inseguros, ya sea debido a guerras, desastres naturales u otras “condiciones extraordinarias y temporales”. Los haitianos recibieron protección por primera vez en 2010, tras un devastador terremoto que mató a más de 200.000 personas. La duración inicial fue de 18 meses, pero el programa se prorrogó en varias ocasiones debido a las dificultades del país para lograr una recuperación plena. El asesinato de su último presidente electo en 2021 dejó el país en una situación política inestable, azotado por la violencia de las pandillas y la escasez de alimentos. La falta de instituciones estatales funcionales ha provocado un colapso general de la seguridad y son habituales los ataques contra mujeres y niños.Tras el asesinato de Jovenel Moïse, más de 100.000 personas residentes en Haití pasaron a ser elegibles para el TPS. Unos 15.000 se establecieron en Springfield, Ohio, y ocuparon titulares cuando Trump arremetió contra ellos en la campaña presidencial de 2024. El entonces candidato les acusó sin pruebas de comerse las mascotas de los vecinos. Por ello, y después de haber emprendido negocios, desempeñado empleos que otros no querían aceptar, pagado impuestos y criado a sus hijos, se convirtieron en el blanco de gran parte del sentimiento antiinmigrante.En el caso de Siria, la Administración de Barack Obama le concedió el TPS por la crisis que sufrió el país con la represión dictada por el expresidente sirio Bashar al-Assad contra las protestas antigubernamentales, en lo que acabó siendo una sangrienta guerra civil de más de una década.La Administración afirma que ya no se dan las condiciones de riesgo que justificaban el programa, pero, a la vez, aconsejan a los ciudadanos estadounidenses no viajar a esos destinos. En febrero expiraron las protecciones para los haitianos, pero un fallo judicial paralizó las deportaciones. Los haitianos aguardaban en el limbo el fallo de la Corte Suprema. Las consecuencias se manifestaron en varios Estados. En Ohio, por ejemplo, las licencias de conducir de los beneficiarios vencieron a mediados de marzo y no han podido renovarlas. Hasta el 5 de junio —fecha en que un juez federal de Rhode Island falló en contra de la Administración Trump—, el Gobierno federal también había dejado de emitir permisos de trabajo y de tramitar solicitudes de asilo provenientes de Haití y de otros 38 países de América Latina, Asia y África.La semana pasada los abogados de la coalición nacional del TPS presentaron nuevos documentos al Supremo para que devolvieran el caso a los tribunales inferiores. La defensa argumentó que hay nuevas revelaciones, basadas en correos electrónicos y memorandos internos, que indicaban que la notificación de Noem del 1 de julio, por la que se ponía fin al programa de TPS para Haití, “se basaba en una declaración falsa”. Según los abogados, la Administración afirmó falsamente en declaraciones públicas que la secretaria de Seguridad Nacional había consultado con el Departamento de Estado, como establece la ley, “cuando en realidad no lo había hecho”.Los correos electrónicos internos revelan que funcionarios del DHS solicitaron la opinión del Departamento de Estado en mayo del año pasado, pero no recibieron ninguna respuesta, y aún así, Noem ordenó cancelar el programa.Los tribunales inferiores fallaron a favor de los ciudadanos haitianos e impidieron que el gobierno pusiera fin al programa mientras continuaba su impugnación. Noem intentó ponerle fin nuevamente en noviembre. Se sucedieron múltiples demandas y, hasta la fecha, esas impugnaciones legales han impedido que se lleve a cabo la cancelación.La Administración Trump acudió entonces a la Corte Suprema y solicitó a los magistrados que suspendieran tanto ese fallo como otro similar a favor de ciudadanos sirios. El Alto Tribunal mantuvo temporalmente vigentes las órdenes de los tribunales inferiores, pero aceptaron examinar ambos casos y escucharon los argumentos el 29 de abril.“Me entristece que el Gobierno de Estados Unidos tergiverse la verdad sobre las condiciones en Haití para poder deportar a personas como yo”, dijo A.A., beneficiario haitiano del TPS y demandante en el caso. “Llevo aquí desde que era niño y no hay seguridad ni futuro para mí en Haití en este momento. Mi país atraviesa una crisis más profunda que nunca”.