M+.- Un comando del cártel de Los Zetas quemó casas y secuestró a familias enteras en marzo de 2011, en Allende, Coahuila. Las cifras nunca terminaron de cuadrar: se habla de entre 60 y 300 víctimas. Tras los hechos, se documentó que la matanza fue debido a que los hermanos Treviño Morales, líderes de esa organización, descubrieron que entre sus filas se había dado una supuesta traición al colaborar con agentes estadunidenses a los que les proporcionaron información sobre las actividades de la banda criminal.Lo que no se tenía claro es que el origen de esa presunta traición fue en realidad una filtración de información que salió de una unidad policial mexicana entrenada y apadrinada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).Una década después, en 2021, la propia Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia estadunidense, entidad independiente que supervisa a todos los agentes, concluyó por escrito en agosto de ese año –en la auditoría 21-109– que la supervisión que la sede de la DEA ejercía sobre las Unidades de Investigación Sensible (SIU, por sus siglas en inglés) que apadrina en el extranjero y están integradas por agentes locales, era insuficiente para el entorno de altísimo riesgo en el que operaban.La auditoría encontró que la DEA hacía, si acaso, una revisión limitada después de incidentes como el de Allende. Había construido una red de socios fuera de su país, pero, durante años, no tuvo cómo ni quién las vigilara.“La DEA carece de una estrategia integral para estos programas, lo que dificulta su capacidad para tomar decisiones bien fundamentadas, gestionar eficazmente sus alianzas extranjeras y demostrar el éxito colectivo de las operaciones que apoya”, señala ese comunicado de la Oficina del Inspector General.Ese tipo de hallazgos no fue la constatación de tropiezos aislados, sino la punta de algo más grande. Una revisión de las auditorías hecha por MILENIO de los memorandos de alerta y los reportes semestrales que la OIG hizo públicos en la última media década revela que la agencia antidrogas más poderosa del mundo permitió que sus agentes lavaran dinero del narco, vendieran secretos a los capos, robaran la droga que debían destruir y operaran en el extranjero sin que nadie vigilara a sus agentes.El agujero internacionalEn septiembre de 2024, el memorando 24-117 documentó que la DEA tardó en reportar al Departamento de Estado violaciones graves de derechos humanos admitidas por policías extranjeros durante sus exámenes de polígrafo: torturas, asfixia con bolsas, descargas eléctricas.Fueron cinco casos, con demoras de hasta 266 días, y en uno de ellos, mientras el reporte se atoraba en los escritorios, el policía señalado fue aprobado para recibir entrenamiento de otra agencia estadounidense. El dinero de esas mismas unidades también se manejó con ligereza. Una investigación de la OIG de enero de 2023, la 23-019, estableció que un director regional desvió fondos de las Unidades de Investigación Sensible para comprar artículos no permitidos durante viajes del entonces administrador interino de las oficinas de la DEA en el exterior. Más aún, ordenó a varias oficinas que hicieran un uso indebido del proceso de solicitud y documentación para transferir dinero en efectivo, y hasta pidió que le reembolsaran los gastos de su propia fiesta de cumpleaños. Cuando lo confrontaron, faltó a la verdad, por lo que fue destituido. La forma misma en que la agencia hace inteligencia en el extranjero quedó bajo la lupa. La auditoría A-2007-1, de junio de 2020, miró hacia adentro de las operaciones encubiertas generadoras de ingresos, en las que la DEA participó en el lavado de dinero para infiltrarse en los cárteles. El resultado fue un catálogo de fallas: supervisión deficiente, expansión del alcance sin aprobación, en algún punto el esquema sumó hasta a una organización narcoterrorista, estadísticas infladas y fondos gastados de forma ilegal. En septiembre de 2024, la auditoría 24-114a reveló que la DEA contrató a 184 personas que no aprobaron el polígrafo, con acceso a material clasificado pese al engaño detectado. Entre ellas, contratistas y oficiales extranjeros colocados en áreas reservadas..