La maquinaria presupuestaria lleva años atascada. Las últimas cuentas presentadas por el Gobierno se remontan a 2023, fecha a partir de la cual se han encadenado sucesivas prórrogas. Una práctica que la presidenta de la Autoridad Fiscal (Airef), Inés Olóndriz, ha tildado este jueves de “no muy deseable”, defendiendo que el Ejecutivo presente al menos un proyecto presupuestario, para que queden claros sus objetivos y prioridades. “Está bien que haya un mecanismo para cuando no se pueda aprobar un presupuesto, pero extenderlo durante mucho tiempo impide una buena planificación. Y esa peor planificación, evidentemente, ralentiza decisiones que pueden afectar al crecimiento económico”, ha subrayado durante su intervención en los cursos de verano organizados por la Asociación de Periodistas de Información Económica en la Universidad Menéndez Pelayo, en Santander.La extensa prórroga presupuestaria que vive España, que ya ha convertido las cuentas de 2023 en las más longevas de la democracia, responde a la dificultad del Ejecutivo para atar los apoyos políticos necesarios para que su proyecto reciba el aval de las Cortes. El encaje de bolillos ha empeorado en los últimos meses, con el agrietamiento del bloque de investidura tras el portazo de Junts y la desafección que están causando los casos de corrupción en el seno el PSOE, que sin embargo está inmerso en las negociaciones de unas nuevas cuentas para 2027 sin ninguna garantía de que lleguen a buen puerto. “No voy a opinar sobre la capacidad de negociación del Gobierno, porque no me compete”, ha matizado Olóndriz. “Pero es necesario, para que la economía y para que las Administraciones públicas funcionen con normalidad, seguir el calendario que establece la normativa”, ha argumentado. Aun así, la flamante presidenta del organismo —cuyas riendas asumió en marzo, después de que Cristina Herrero finalizara su mandato— ha reconocido que la economía nacional está demostrando un vigor y una resiliencia inesperadas, que reposan en buena parte en la fortaleza de un mercado laboral aupado por los intensos flujos migratorios y la buena marcha del consumo interno. Este cóctel, ha avanzado, llevará previsiblemente a la Airef a mejorar sus estimaciones de crecimiento para el conjunto de 2026, ahora situadas en el 2,2%. “Los resultados de este segundo trimestre están siendo algo mejores a lo previsto inicialmente,” ha resumido Olóndriz, que sin embargo no ha cuantificado la mejora. “No será mucho, pero una o dos décimas quizás sí. Lo veremos el 15 de julio [cuando la Airef revisará sus pronósticos]. No me quiero pronunciar todavía”.La otra cara de la moneda son los riesgos, tanto internos como externos. La productividad sigue siendo el gran talón de Aquiles de la economía española, este año se agota el maná de los fondos europeos y hay crecientes presiones sobre el gasto, desde el envejecimiento poblacional a las nuevas necesidades de inversión en partidas como la defensa o la transición energética. También hay nubarrones que llegan desde fuera: las consecuencias de la guerra en Irán, la hostilidad comercial de Estados Unidos o la ralentización de la economía europea. Todo ello con un nivel de deuda que, pese a haberse corregido desde los máximos de la pandemia, sigue en niveles elevados, cercanos al 100% del PIB, que hacen la economía más vulnerable a cualquier shock.Necesidad de una estrategia fiscal La crítica ha sido algo más dura en materia de supervisión fiscal, en concreto sobre las lagunas del plan fiscal estructural que el Gobierno ha enviado a Bruselas. Olóndriz ha insistido en las quejas recurrentes del organismo al respecto que dificultan una planificación plurianual completa: persisten incoherencias entre la regla de gasto europea y la nacional, y la senda solo se presenta en términos agregados. “España no necesita únicamente cumplir con las reglas fiscales, necesita diseñar una estrategia fiscal de medio plazo que sea creíble, que sea coherente entre administraciones públicas y que sea compatible con el crecimiento y con el Estado del bienestar”, ha zanjado.La presidenta de la entidad ha hecho particular hincapié en las consecuencias que esta falta de planificación tiene para el resto de administraciones, en particular las comunidades autónomas, pues desincentiva el cumplimiento de las reglas fiscales. “Las administraciones territoriales tienen mucha incertidumbre sobre lo que deben hacer y cómo se les va a valorar”, ha explicado. También ha abogado por reformar la regla de gasto en pensiones e integrarla en el plan fiscal a medio plazo, “para poder hacer una supervisión completa de las finanzas públicas”. “Falta trasladar una mayor corresponsabilidad de todas las administraciones públicas (...). Esa senda agregada no basta en un Estado [descentralizado] como el español y necesitamos que los compromisos que están pactados en el plan estructural a medio plazo se traduzcan a nivel institucional y territorial”.Vinculado a este ámbito, también ha hecho hincapié en la necesidad de reforma del sistema de financiación autonómica, que lleva más de una década pendiente de renovación y que el Gobierno pretende llevar próximamente a las Cortes, donde sin embargo chocará con los mismos problemas que tiene para aprobar los presupuestos. También ha recomendado eliminar los mecanismos extraordinarios de liquidez como el FLA, relegándolos solo a situaciones extremas.“Los desafíos no son menores. Se necesita una visión de conjunto. Las visiones segmentadas pueden llevar a falsas ilusiones”, ha resumido Olóndriz. “Cumplir las reglas es necesario, pero no es suficiente para mantener una trayectoria fiscal que sea sostenible en el medio y largo plazo”.