Entre las medidas más relevantes, hay tres regímenes que merecen especial atención. El primero es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización inembargable administrado por entidades autorizadas por la CNV. Su objetivo es financiar indemnizaciones y preavisos ante desvinculaciones, permitiendo a las empresas contar con previsibilidad financiera y evitar el impacto de contingencias laborales inesperadas. Su financiamiento será mediante aportes mensuales obligatorios a cargo del empleador: 1% para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs. Según las últimas precisiones normativas, entrará en vigencia en noviembre de 2026. El segundo eje es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), orientado exclusivamente a la incorporación de nuevos trabajadores del sector privado. Está pensado para personas desempleadas, provenientes del sector público o monotributistas. Su principal atractivo es la fuerte reducción de contribuciones patronales durante 48 meses. Para las contrataciones realizadas entre mayo de 2026 y abril de 2027, el ahorro en cargas sociales puede superar el 85%, convirtiéndose en una herramienta concreta para impulsar nuevas incorporaciones.
Esto no les gusta a los autoritarios
