La Universidad de San Carlos (Usac) se aproxima a una fecha crucial, pues el próximo1 de julio está prevista la toma de posesión de Walter Mazariegos para un segundo período en la rectoría. Sin embargo, la cuenta regresiva avanza en medio de un intenso pulso judicial y político que cuestiona la legalidad del proceso electoral celebrado en abril pasado.
La controversia se centra en que Mazariegos no cuenta con el finiquito de la Contraloría General de Cuentas (CGC). Esta carencia, motivada por denuncias penales vigentes en su contra, mantiene bajo alerta a diversos sectores que ven inviable e ilegal su juramentación bajo el marco constitucional vigente.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) interpuso un un amparo directo contra el Consejo Superior Universitario (CSU), con el que busca dejar sin efecto la reelección de Mazariegos al argumentar que no cumple con el requisito del finiquito establecido en la Constitución.
Frente a este panorama, la comunidad universitaria y analistas jurídicos proyectan una serie de rutas críticas. Estas van desde la consumación de lo que consideran una supuesta ilegalidad por parte del CSU, hasta el uso de reformas reglamentarias para prolongar el mandato actual, lo que deja un escenario de incertidumbre para la única universidad pública del país con incidencia y representación en los órganos de mayor poder del Estado.
