El Tribunal Constitucional de Chile (TC) ha dado un duro golpe a la ley Escuelas Protegidas, una de las primeras normas impulsadas por el Gobierno de derechas de José Antonio Kast, al declarar como inconstitucionales cuatro de sus disposiciones. En una resolución entregada durante la noche de este martes, el tribunal ha objetado elementos que son el corazón de la iniciativa que fue despachada desde el Congreso Nacional. Entre los puntos cuestionados está la pérdida del beneficio de la gratuidad universitaria por cinco años para los estudiantes condenados por delitos graves. También se ha rechazado la facultad otorgada a Carabineros y la PDI, el cuerpo policial chileno, de revisar las mochilas o vestimentas de los alumnos sin la orden de un fiscal.El requerimiento en contra de la nueva ley fue impulsado por la oposición a la actual Administración, que acusaba que las medidas punitivas expresadas en la nueva norma vulneraban algunos derechos fundamentales establecidos en la Constitución. El ministerio de Educación, liderado por la ministra María Paz Arzola, defendía estas disposiciones que surgieron a partir de los múltiples casos de violencia registrados en las escuelas del país sudamericano durante las últimas décadas. Uno de los hechos que desencadenó la elaboración de la ley fue el asesinato de una docente en manos de un alumno en un liceo de la ciudad de Calama, en el norte de Chile, en marzo de este año.En su resolución, el TC ha declarado inconstitucional un enunciado del artículo 1 sobre la revisión de mochila, vestimentas y otros objetos portados por los alumnos, en específico en el texto que señala que “en el caso de que el padre, madre o apoderado no concurra dentro del plazo y/o condiciones específicas establecidas en el reglamento interno, el sostenedor del establecimiento deberá comunicar los antecedentes a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones de Chile y requerirle para que proceda”.El segundo artículo impugnado apunta al rol de las policías en la revisión de las mochilas de los estudiantes. “Dicha disposición (...) que permite a funcionarios de Carabineros y de la PDI efectuar la revisión de vestimentas y efectos personales de estudiantes en establecimientos educacionales, sin orden del fiscal y previo requerimiento del personal del establecimiento, cuando exista algún indicio de que el estudiante ha cometido o intentado cometer un crimen o simple delito, o de que se dispone a cometerlo”, ha especificado el Tribunal sobre la norma rechazada.El artículo 5 fue declarado parcialmente inconstitucional y ha objetado un texto que apunta a la prohibición de algún tipo de vestimenta y accesorios usados por el estudiante, además de las restricciones para la admisión escolar para quienes tengan antecedentes por cometer acciones que sean consideradas graves para la convivencia escolar. “Modifica la Ley de Subvenciones (DFL N° 2 de 1998), obligando a los reglamentos internos a prohibir las vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial y los que promuevan o hagan apología o alusión a la violencia, las drogas o conductas delictuales, calificando como afectación grave de la convivencia escolar los actos destinados a impedir o interrumpir las clases e incorporando, como nueva causal de no admisión, el haber sido expulsado o cancelada la matrícula por tales actos”, dice el texto cuestionado por el TC.El último artículo declarado rechazado por el TC es la restricción del beneficio de la gratuidad universitaria a los escolares que hayan sido condenado en hechos que afectan la convivencia en el colegio. “(Se declara inconstitucional) la disposición que modifica la Ley N° 21.091 de Educación Superior y condiciona el beneficio de la gratuidad a no haber sido condenado por sentencia firme por los delitos que la norma indica como requisito de acceso (...) con una inhabilidad de cinco años desde que la sentencia queda firme”, cierra el texto.Los partidos del oficialismo han reaccionado a esta resolución y han anunciado medidas para reponer algunos de los puntos de la ley que han sido descartados por el TC. La bancada de diputados la UDI, de la derecha tradicional, ha dicho que está dispuesta a presentar una reforma constitucional para restringir la gratuidad universitaria en el caso de los estudiantes infractores. “La gratuidad en la educación superior no es un derecho, sino que un beneficio financiado por todos los chilenos, por lo que es indispensable que vaya acompañado de ciertos estándares mínimos de conducta”, han expresado los legisladores en una declaración conjunta.La ministra Arzola ha dicho que el Gobierno está a la espera de conocer los argumentos del fallo del TC y ha aclarado que algunas normas que otorgan más facultades a los docentes sí han pasado el filtro constitucional. “Nosotros somos respetuosos, evidentemente, de la institucionalidad. Respetamos, por supuesto, la decisión que tome el tribunal y nuestro objetivo sigue siendo el mismo que es avanzar en la protección, en la seguridad en las escuelas, en poder entregar herramientas a los colegios para que puedan prevenir también hechos que escapan de sus posibilidades resolver”, ha dicho la titular de Educación a Radio Infinita.El revés constitucional de la restricción de la gratuidad universitaria en la ley Escuela Protegidas pone al Ejecutivo en un escenario preocupante ante el debate legislativo del proyecto que crea el Registro de Vándalos e Incivilidades, ya que esta norma también dispone la restricción de este beneficio para quienes cometan algunos delitos o faltas que alteren el orden público.