El caso de un hombre que conducía un BMW a 264 kilómetros por hora por la autopista Costanera Norte, en la comuna de Vitacura, en el oriente de Santiago de Chile, ha abierto un debate sobre los alcances y las limitaciones de la legislación chilena. La controversia se desató después de que la jueza Ximena Rivera dejara en libertad al imputado, no le suspendiera la licencia de conducir y ordenara la prohibición de divulgar su identidad. La trama ha tomado ribetes políticos luego de que Fastcheck.cl informara este miércoles que se trata del primo de la esposa del ministro de Seguridad del Gobierno de José Antonio Kast, Martín Arrau. Es decir, pariente político de la principal autoridad del Ejecutivo en materia de orden público. A pesar de la orden de la jueza Rivera, el hombre quedó identificado al ser captado durante su detención por agentes de Carabineros, el domingo, y en la audiencia de formalización de cargos en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el lunes, donde se le vio salir con un suéter con una capucha. Se trata de un hombre de 38 años, oriundo de la comuna Lo Barnechea, una zona acomodada de la capital, que forma parte de un conglomerado familiar con una participación relevante en una empresa de telecomunicaciones en Chile. También forma parte de otras sociedades ligadas al sector agrícola. El imputado fue condenado en 2009 por conducir en estado de ebriedad y tiene antecedentes policiales por vulnerar la ley de drogas. Según el medio Biobío, el sujeto y sus dos hermanos han sido mencionados en investigaciones relacionadas con los derechos humanos en el país. La decisión de la magistrada de no revocar el permiso de conducir ha sido defendida por algunos abogados, entre ellos el penalista Nelson Salas. “La jueza no podía haber hecho otra cosa”, dijo a TVN en referencia a la aplicación de las leyes chilenas en este ámbito.Sin embargo, la prohibición de informar sobre la identidad del imputado ha suscitado cuestionamientos, incluso entre personas vinculadas al mundo judicial. Uno de ellos fue el abogado y exfiscal Carlos Gajardo, quien escribió en X: “No tiene ninguna justificación jurídica el que se prohíba informar el nombre del imputado por conducir a 264 km/h. No es menor de edad ni perjudica la investigación. Es información que tiene relevancia pública. Puro privilegio”.El abogado Cristián Riego, académico de la Universidad Diego Portales (UDP), señala a EL PAÍS que la imposición de medidas cautelares —como las destinadas a evitar la fuga del imputado o la reiteración delictiva— está determinada por la gravedad de la pena que eventualmente podría enfrentar el imputado. “En este caso no hubo un resultado grave. Si bien circulaba a una velocidad descomunal, no mató a nadie y tampoco estaba bajo la influencia del alcohol; probablemente la pena no será demasiado grande y eso probablemente hizo que la jueza se sintiera muy inclinada a dar estas medidas cautelares. En Chile, el exceso de velocidad sin resultado grave, sin consumo de alcohol, no está sancionado con penas altas. Probablemente puede derivar en la suspensión de la licencia y eventualmente alguna multa, pero no será una pena de cumplimiento en la cárcel”, explicó. En cambio, Riego opina que la prohibición de informar sobre la identidad del imputado es “totalmente ilegal” y eso es “un exceso de la jueza que no tiene ninguna explicación ni autorización porque la ley no justifica aquella cuestión”. “El proceso es público”, dice y, además, no es menor de edad. “No hay ninguna razón especial para proteger su identidad”, asegura. La información sobre la relación familiar entre el imputado con la esposa del ministro Arrau ha provocado las primeras reacciones de la oposición. La diputada Lorena Fríes del Frente Amplio, de la izquierda progresista, ha apuntado directamente contra el Ejecutivo por el caso. “La obligación de cumplir la ley parece que siempre recae solo sobre los más pobres. Y como este Gobierno gobierna para los más ricos, no es de extrañar que se mantengan sus privilegios, aunque infrinjan la ley”, ha escrito Fríes en su cuenta de X.