‘Solo la Fuerza Pública cumplió el cese al fuego’: investigador que evidenció las graves falencias de la ‘Paz Total’

Noticia Exclusivo suscriptores En diálogo con EL TIEMPO, Daniel Mejía, profesor de Economía en la Universidad de los Andes, habla sobre su reciente investigación.Al centro, el profesor e investigador de la Universidad de Los Andes, Daniel Mejía. Foto: Archivo El Tiempo24.06.2026 17:16 Actualizado: 24.06.2026 17:16

“Los ceses al fuego suelen diseñarse para reducir la violencia y facilitar negociaciones de paz. Sin embargo, mal diseñados pueden resultar contraproducentes”. Esa es una de las principales conclusiones del informe “¿Paz Total? Cómo los ceses al fuego pueden resultar contraproducentes”, publicado en las últimas horas por la Facultad de Economía y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes. La investigación da cuenta que los ceses bilaterales al fuego promovidos por el gobierno de Gustavo Petro tuvieron un resultado inverso al esperado y que, en realidad, se recrudeció la violencia. Así lo constata en entrevista con EL TIEMPO, el investigador y profesor Daniel Mejía.¿Qué evaluaron en su estudio?Lo que nosotros evaluamos en el trabajo son los ceses al fuego que decretó el presidente Gustavo Petro, por redes sociales, en la noche del 31 de diciembre de 2022. Recordemos que el del ELN se cayó a los cuatro días porque la guerrilla dijo que no había sido consultada, entonces ese no aplica, pero con los dos grupos disidentes grandes de las FARC y con el Clan del Golfo, esos ceses se mantuvieron durante varios meses.¿Cuáles son las conclusiones del estudio?Lo que encontramos primero es que los ceses al fuego no afectaron, ni aumentaron o disminuyeron la violencia más visible ejercida por estos grupos. Con la violencia más visible nos referimos a homicidios, atentados terroristas, retenes ilegales, donde es fácilmente identificable el grupo que está perpetrando la acción. Aun así, encontramos que estos grupos reaccionaron al cese y aumentaron la violencia menos visible. La que se manifiesta con la extorsión, la coerción armada, o los confinamientos.Profesor Daniel Mejía. Foto:Archivo Particular.Asimismo, delitos como las amenazas, el reclutamiento forzado y el desplazamiento forzado aumentaron como consecuencia de los ceses. Es decir, esas medidas de violencia que son menos atribuibles a un grupo criminal de manera precisa, porque estamos sentados en la mesa de negociación, fueron las que aumentaron. También creció la gobernanza criminal, la coerción sobre la población civil, medida de diferentes maneras, a la par que las acciones de la Fuerza Pública contra estos grupos disminuyeron de manera sustancial.Las conclusiones son muy graves...Sí, los grupos se adaptaron, aumentaron los niveles de violencia totales contra la población civil. Reitero, aumentó el nivel de gobernanza criminal. Y quien sí cumplió el cese al fuego fue la Fuerza Pública. Incluso, las bajas en combate de miembros de estos grupos también disminuyeron de forma importante, casi un 30% por ciento.¿Esa omisión por parte del Estado tuvo algún efecto en los enfrentamientos entre grupos?Esa medida no la evaluamos. Es difícil saber cuándo hay enfrentamientos entre grupos, porque ello no queda registrado en bases de datos. Pero otros centros de investigación sí han documentado que las disputas entre grupos criminales por el control territorial sí pudieron haber aumentado como consecuencia del cese al fuego. De alguna manera, lo que hicieron estos ceses al fuego fue amarrar las manos a la Fuerza Pública, que no podía actuar contra estos grupos. Y estos grupos, pues obviamente aprovecharon para aumentar los niveles de violencia, aumentar la gobernanza criminal y aumentar la coerción contra la población civil.El Clan del Golfo fue la organización que más creció en estos últimos cuatro años. Foto:Cortesía¿Cómo ve la problemática de cara a los próximos cuatro años?El presidente electo, Abelardo De La Espriella, ya dijo que se acaba la paz total. Se acaban las negociaciones desordenadas, sin método, sin rigurosidad, sin monitoreo, sin verificación, sin nada. Eso se acaba completamente. Lo que va a pasar, digamos, son unas acciones de retoma el control en muchas zonas del país que están bajo el casi completo control de grupos criminales organizados.¿Cuáles son esas zonas?Las principales son: el sur de Nariño y Putumayo, que coinciden con el crecimiento de los cultivos de coca. También Chocó, Cauca y Norte de Santander, sobre todo la zona de Catatumbo. Esos son los grandes enclaves, no solo cocaleros, sino también de operación de estos grupos criminales.Tanto Calarcá como Iván Mordisco resultaron beneficiados de los ceses al fuego. Foto:Archivo particularPero hay otras zonas especiales también en el nordeste antioqueño, donde está el Clan del Golfo y otras zonas como la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira, donde también hay una fuerte operación de grupos criminales organizados, muchos dedicados principalmente a la producción y tráfico de cocaína, pero también a la minería ilegal, a la extorsión, al secuestro y a otras actividades ilegales.¿Qué recomendaciones harían ustedes al nuevo gobierno nacional?Esta es una recomendación que ya fue probada en Colombia. La política de seguridad necesita método, necesita rigor, necesita conocimiento, necesita estar basada en la evidencia. En la época que esa política de seguridad se lograron reducir los principales indicadores de inseguridad. Se redujo la tasa de homicidios, los secuestros pasaron de más de tres mil al año a menos de cien o doscientos al año, los ataques terroristas por grupos criminales, la voladura de oleoductos.La política que implemente el próximo gobierno debe estar enmarcada en la mejor evidencia disponible, con rigor, método, apoyando a la Fuerza Pública, pero también imponiendo restricciones para que no se cometan ningún tipo de abusos de derechos humanos. Colombia ya lo hizo. Infortunadamente, desde 2017 prácticamente todos los indicadores de seguridad se vienen deteriorando y hay que retomar un camino, que sea de método y rigor.Necesitamos personas que lleguen al Ministerio de Defensa y a entidades como la Policía, el Ejército, que sean conocedores de estos temas, y que sepan retomar la planeación de una política de seguridad, con inversiones en equipamientos que se necesitan para Fuerza Pública.Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.