Noticia Exclusivo suscriptores Deja mesas inconclusas, un vacío jurídico y un debate sobre el impacto de los ceses del fuego y las operaciones militares en expansión de armados.Disidencias de las Farc. Foto: ArchivoSUBEDITOR DE JUSTICA04.07.2026 22:30 Actualizado: 04.07.2026 22:30
Dos decisiones adoptadas en menos de doce horas terminaron por marcar el cierre de la política de ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro. La primera, registrada en la mañana del miércoles, fue la reactivación de la orden de extradición contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo jefe del ‘clan del Golfo’. La segunda, horas después, fue la suspensión por parte del Consejo de Estado de la resolución que autorizó la mesa de diálogos con la ‘Segunda Marquetalia’. Ambas confirmaron lo que desde hacía meses advertían distintos sectores, incluso funcionarios del propio Gobierno: la estrategia llegó al final del cuatrienio sin cumplir el objetivo con el que fue concebida.La decisión sobre alias Chiquito Malo tiene un significado especial porque el proceso con el ‘clan del Golfo’ era el más avanzado dentro de los diálogos sociojurídicos. La mesa completó dos ciclos de conversaciones en Catar con el acompañamiento de España, Suiza, Noruega y Catar, pero nunca contó con un marco jurídico que permitiera un sometimiento colectivo a la justicia, además, el proceso quedó en medio de un escándalo por las revelaciones sobre presuntos acercamientos entre emisarios del Gobierno y de esa organización durante 2022 para explorar beneficios dentro de la política de paz.Álvaro Jiménez, en representación del Gobierno; y Luis Armando Pérez representando al 'clan'. Foto:Archivo particular y redes socialesLa suspensión de la mesa con la ‘Segunda Marquetalia’, grupo señalado por las autoridades de estar detrás del atentado contra Miguel Uribe, refleja otro de los límites de la estrategia. Aunque el Gobierno le reconoció carácter político y los diálogos fueron suspendidos desde 2024, el Consejo de Estado concluyó que el Ejecutivo habría excedido las facultades de la Ley 2272 de 2022 al autorizar esa negociación, y desde la Consejería Comisionada para la Paz sostienen que la decisión no pone fin a la mesa y anuncian que será impugnada.Un punto de fracturaEl punto de partida de la ‘paz total’ quedó marcado el 31 de diciembre de 2022, cuando el presidente Gustavo Petro anunció un cese bilateral del fuego por seis meses con el Eln, la ‘Segunda Marquetalia’, el ‘Estado Mayor Central’, el ‘clan del Golfo’ y las ‘Autodefensas de la Sierra Nevada’. La medida buscaba abrir negociaciones paralelas con los principales actores armados.Esa arquitectura comenzó a fracturarse con el paso de los meses. Las disidencias de las antiguas Farc dejaron de actuar como un solo bloque y dieron paso a nuevas estructuras enfrentadas entre sí, como las lideradas por alias Iván Mordisco y ‘Calarcá’, lo que obligó al Gobierno a rediseñar la estrategia inicial y abrir mesas de negociación independientes con organizaciones que originalmente hacían parte de una misma estructura, lo que aumentó la complejidad de los diálogos.La estrategia fue ajustándose sobre la marcha. Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explica que la ‘paz total’ pasó de priorizar los ceses del fuego y el desescalamiento de la violencia, bajo la dirección del entonces alto comisionado Danilo Rueda, a centrar sus esfuerzos en la transformación territorial con la llegada de Otty Patiño.Armando Novoa y Otty Patiño. Foto:Consejería Comisionada de PazEn ese proceso fueron suspendidas cuatro de las principales mesas con organizaciones de carácter político: las del Eln, la ‘Segunda Marquetalia’, las Acsn y el ‘Estado Mayor Central’ de alias Iván Mordisco. Solo continúan abiertas las conversaciones con ‘Comuneros del Sur’, la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ y el ‘Estado Mayor de los Bloques y Frentes’ de ‘Calarcá’.Aunque esos procesos siguen vigentes, ninguno está cerca de un acuerdo de desarme. A la par continúan cinco diálogos sociojurídicos con estructuras criminales en Buenaventura, Quibdó, Medellín, el Valle de Aburrá, Barranquilla y el ‘clan del Golfo’, todos limitados por la ausencia de una ley de sometimiento que defina las condiciones jurídicas para abandonar las armas.Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), los cambios de rumbo reflejan las dificultades que enfrentó la estrategia. Aunque recuerda que el objetivo era conducir a las organizaciones armadas hacia desmovilizaciones colectivas, advierte que los procesos de paz en Colombia rara vez concluyen durante un solo gobierno, como ocurrió con el acuerdo con las Farc.El balance de la estrategia divide a los analistas consultados por EL TIEMPO. Para algunos, la ‘paz total’ facilitó el fortalecimiento de las organizaciones armadas, que hoy reúnen más de 27.000 integrantes. Otros atribuyen esa expansión a la pérdida de control territorial, las economías ilícitas y el debilitamiento de la Fuerza Pública.El presidente Gustavo Petro se refirió a una de las mesas de la 'paz total'. Foto:Juan Diego Cano. PresidenciaLuis Trejos, profesor de la Universidad del Norte, sostiene que “la ‘paz total’ sí fracasó como estrategia de paz porque no logró ningún acuerdo definitivo de fin del conflicto y hoy Colombia tiene más actores armados y más conflictos abiertos que en 2022”. En esa línea, varios expertos consideran que los ceses del fuego facilitaron la consolidación territorial y el crecimiento de algunas estructuras ilegales.Bonilla discrepa de esa interpretación. “No hay una correlación real entre el crecimiento de los grupos y la existencia de mesas de paz”, afirma, al señalar que el fenómeno responde también a restricciones de la Fuerza Pública, la transformación de las economías criminales y cambios en los mercados ilegales.Ese discurso, sin embargo, contrasta con la situación en varias regiones, donde durante los últimos cuatro años persistieron las disputas por el control de corredores del narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas, así como los desplazamientos, confinamientos y enfrentamientos. Óscar Palma, profesor de la Universidad del Rosario, considera que el balance de la ‘paz total’ es negativo porque “la gran mayoría de indicadores de seguridad quedaron en rojo”.Pese a esas diferencias, existe un consenso: ninguna de las mesas abiertas está cerca de un acuerdo definitivo de desarme, aunque Paula Tobo dice que el Gobierno defenderá los resultados alcanzados con la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’.Presidente Gustavo Petro y José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza. Foto:Consejería Comisionada de PazLo que vieneDurante la campaña presidencial, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que dará un mes para que los grupos armados abandonen las armas. Para Eduardo Pizarro Leongómez, ese plazo es insuficiente: “Ocurrir esa dejación de las armas y la recuperación de la capacidad militar, policial y de inteligencia del Estado va a requerir mucho más de un mes”. Además, recuerda que el propio Gustavo Petro enfrentó dificultades tras anunciar que el Eln dejaría las armas poco después de iniciar las conversaciones.Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
