“Arbitraria y caprichosa”. Así calificó un juez federal de California la polémica norma que este martes bloqueó a nivel nacional y que, desde el año pasado, había permitido a los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizar arrestos en tribunales de inmigración de todo el país. El fallo supone un duro revés para la Administración de Donald Trump, que defendía estos operativos al argumentar que ofrecían una forma segura de detener a individuos peligrosos.Desde el inicio del segundo mandato de Trump, se volvieron comunes los arrestos de inmigrantes al salir de sus citas en cortes de inmigración en distintas ciudades del país. Algunos fueron colocados en procesos de deportación expedita, como parte del esfuerzo del Gobierno por aumentar las expulsiones. La práctica fue ampliamente criticada por abogados y organizaciones proinmigrantes, que sostienen que vulnera el debido proceso y castiga sin motivo a quienes cumplen con las reglas.El fallo fue emitido por el juez federal P. Casey Pitts, del Distrito Norte de California, nombrado por el entonces presidente demócrata Joe Biden. En una resolución de 71 páginas, el magistrado concluyó que las justificaciones de la Administración Trump para que elementos del ICE efectúen detenciones en las cortes “carecen de una explicación racional”, y reconoció el “efecto disuasorio” de dicha norma. La decisión restablece las directrices vigentes durante la Administración Biden, cuando estos arrestos quedaban limitados a circunstancias muy específicas, como amenazas a la seguridad nacional.“Para evitar dudas, el simple hecho de ampliar las políticas de arrestos en tribunales de 2025 para abarcar los tribunales de inmigración no subsanaría los defectos fatales de dichas políticas. Como el tribunal ha detallado anteriormente, las políticas no abordan en absoluto el efecto disuasorio que los arrestos en tribunales tienen sobre la asistencia de los no ciudadanos a las audiencias judiciales; este factor es, a la vez, un elemento fundamental de la directriz de 2021 del ICE y un ‘aspecto importante del problema’ por sí mismo”, escribió Pitts.“Durante 80 años, el Congreso ha ordenado a las agencias federales que reflexionen antes de actuar”, añadió el juez. La ley exige que “una agencia, como mínimo, aporte razones sólidas para seguir el curso de acción elegido”, zanjó.La resolución deriva de una demanda presentada por un solicitante de asilo que fue arrestado al salir de una audiencia rutinaria en una corte de inmigración de San Francisco.El Gobierno: Es “activismo judicial descarado”La respuesta del Gobierno de Trump no se hizo esperar. El asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), James Percival, criticó el fallo de Pitts en su cuenta de X y lo calificó de “activismo judicial descarado al servicio de una agenda antiestadounidense de fronteras abiertas”. “Cuando un juez sentencia a un acusado, este queda detenido. Si un juez de inmigración ordena la expulsión de un extranjero, debería suceder lo mismo”, reclamó Percival.La presencia del ICE en los tribunales puso en jaque a quienes acudían a audiencias migratorias: solicitantes de asilo, personas que tramitaban la residencia permanente o inmigrantes que intentaban frenar su deportación. Las detenciones se realizaban frente a familiares —incluso niños, que quedaban separados de sus padres— y abogados. En ocasiones, como mostraron varios videos, derivaron en escenas de tensión y forcejeos con agentes federales.La controversia incluso sentó en el banquillo de los acusados a una jueza de Wisconsin, acusada de ayudar a un hombre a evadir a agentes de inmigración que habían acudido a su sala en abril de 2025 con la intención de detenerlo. El caso contra Hannah Dugan, quien renunció al Tribunal de Circuito del condado de Milwaukee, marcó la primera vez que un juez estatal fue procesado por presuntamente obstruir la labor de las autoridades migratorias.El Departamento de Justicia sostiene que Dugan ayudó a Eduardo Flores Ruiz, un ciudadano mexicano previamente deportado, a salir por una puerta reservada para jurados. Flores Ruiz fue detenido poco después afuera del tribunal, tras una breve persecución a pie. Un jurado declaró culpable a Dugan en diciembre y su sentencia está programada para el 8 de julio. A sus 67 años, la exjueza enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión, aunque es probable que reciba libertad condicional.