Ya hay petición de penas para el caso Mediador, la presunta trama de corrupción política y empresarial que operó en Canarias durante unos nueve meses, entre finales de septiembre de 2020 y julio de 2021. La Fiscalía solicita para el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, ocho años de prisión —seis por cohecho continuado y otros dos por pertenencia a grupo criminal—. Las mayores penas corresponden al presunto mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte. Para él, la petición asciende a 13 años de cárcel —seis por cohecho, dos por grupo criminal, además de otros tres por estafa continuada, uno por falsedad documental y uno por tráfico de influencias—.Para el exdirector general de Ganadería, Taishet Fuentes Gutiérrez, se solicitan 11 años de prisión —seis por cohecho, dos por grupo criminal y tres por estafa—. La acusación sostiene que los tres, “guiados por el ánimo de obtener un ilícito beneficio económico”, “idearon un plan criminal” para captar a empresarios y ofrecerles “negocios”, “contratos”, “subvenciones” a cambio de “pagos, regalos y comisiones”, mediante el “uso indebido” de cargos públicos e información reservada. Ninguna de las promesas ofrecidas por la trama llegó a cumplirse.El caso Mediador es una presunta trama de corrupción política y empresarial que operó en Canarias durante unos nueve meses, entre finales de septiembre de 2020 y julio de 2021. Según el relato del sumario, varios empresarios pagaron alrededor de 100.000 euros al intermediario Antonio Navarro Tacoronte, conocido como el “mediador”, a cambio de obtener favores administrativos que nunca llegaron a materializarse. Las empresas realizaron transferencias sin justificación a la cuenta de la pareja de Navarro Tacoronte y también donaciones al club deportivo presidido por Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado socialista procedente de Fuerteventura que, según la investigación, actuaba como cabecilla de la organización.El escrito de acusación, fechado el día 14, vuelve a relatar unos hechos ya desmenuzados, en los que aparece Francisco Espinosa Navas, exgeneral de la Guardia Civil, a quien atribuye haber puesto su cargo, sus contactos y su imagen institucional al servicio de las gestiones que se ofrecían a empresarios captados por el mediador. Según el escrito de acusación, Espinosa Navas, entonces director del proyecto Gar-Si Sahel en la FIIAPP, fue captado por Marco Antonio Navarro Tacoronte para que, “a cambio de regalos, comisiones y pagos en metálico”, utilizara las facultades derivadas de su función pública y los contactos obtenidos en la Guardia Civil y en esa fundación para intermediar en la obtención de contratos públicos y privados en favor de empresarios dispuestos a asumir esas contraprestaciones. La Fiscalía sostiene que su intervención, junto a la de Juan Bernardo Fuentes Curbelo y Taishet Fuentes Gutiérrez, servía para “prestar su imagen” y dotar de “seriedad y apariencia” a las propuestas que trasladaba el mediador a los empresarios captados.El escrito añade que esa función se materializó en visitas concertadas a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, donde Espinosa Navas, acompañado por Navarro Tacoronte, recibía a empresarios y les enseñaba las dependencias del cuartel antes de mantener reuniones en restaurantes y centros de ocio sufragadas, según la acusación, por los propios empresarios. Por ejemplo, la Fiscalía detalla que el empresario Miguel Ángel García Robayna le regaló una estancia en Las Palmas de Gran Canaria entre el 25 y el 28 de febrero de 2021, con billetes de avión Madrid-Gran Canaria y alojamiento en el Hotel NH Imperial Playa, por un importe total de 1.003,50 euros, al que se sumó la entrega de 1.000 euros en efectivo y el pago de todos los gastos de la estancia. La acusación añade que Espinosa Navas ofreció además a empresarios proyectos de instalaciones fotovoltaicas en Cabo Verde, alegando contactos con el presidente de la República de ese país, y que llegó a reclamar una entrega inicial de 20.000 euros para desplegar las relaciones e influencias necesarias, aunque esos proyectos no llegaron a materializarse.Por estos hechos, la Fiscalía pide para Francisco Espinosa Navas dos años de prisión en total: un año por cohecho y un año por tráfico de influencias. Además, solicita para él suspensión de empleo o cargo público, inhabilitación especial para cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por dos años, así como la imposición de las costas. El escrito resume otros episodios. Uno de ellos se refiere al empresario Alberto Montesdeoca García, administrador de Biogranja Montesdeoca, para quien la Fiscalía pide cuatro años y seis meses de prisión —tres años y seis meses por cohecho y un año por falsedad documental—, además de 25 meses de multa, 10 años de inhabilitación especial y seis años de inhabilitación para obtener subvenciones y contratar con el sector público. La acusación sostiene que la trama le ofreció mediar en un expediente sancionador de 98.799,42 euros y de reintegro de subvenciones por 74.099,56 euros que afectaba a su empresa. Los pagos a la trama se encubrieron con facturas ficticias por conceptos como “asesoramiento industrial” o “viabilidad de proyecto”.La acusación recoge además que García Robayna y Navarro Tacoronte sufragaron servicios de prostitución con cargo a la tarjeta de Hispano Robysa: el 25 de febrero de 2021 para el propio mediador y para Taishet Fuentes Gutiérrez, por 1.200 euros; y el 23 de marzo de 2021, de nuevo para Navarro Tacoronte y esta vez también para Juan Bernardo Fuentes Curbelo, precisando el propio mediador en una conversación que el pago lo asumía Montesdeoca García, con la expresión “paga A.”.La acusación recoge además que García Robayna y Navarro Tacoronte sufragaron servicios de prostitución con cargo a la tarjeta de Hispano Robysa: el 25 de febrero de 2021 para el propio mediador y para Taishet Fuentes Gutiérrez, por 1.200 euros; y el 23 de marzo de 2021, de nuevo para Navarro Tacoronte y esta vez también para Juan Bernardo Fuentes Curbelo.El escrito describe un patrón similar con el matrimonio formado por Esteban Banús Ricoma y María Inmaculada Roca Enrich, vinculados a Mec Suministra, para quienes la Fiscalía pide tres años y seis meses de prisión por cohecho, además de 15 meses de multa, 10 años de inhabilitación especial y seis de inhabilitación para subvenciones y contratación pública. En su caso, la acusación afirma que realizaron un ingreso inicial de 5.000 euros a la Asociación Deportiva Tetir y otras transferencias a personas del entorno del mediador con el objetivo de liberar fondos retenidos, evitar sanciones y obtener nuevas ayudas. El mismo esquema, según la Fiscalía, se repite con José Santiago Suárez Esteve y Marta Isabel Suárez Cuevas, de Asesoramiento y Servicios de Drones, para quienes pide tres años y tres meses de prisión por cohecho, además de 15 meses de multa e inhabilitación durante seis años para obtener subvenciones y contratar con el sector público. En este último episodio se relatan pagos a Tetir y a cuentas de terceros, además de reuniones y visitas al Congreso para sostener las expectativas de negocio, y la Fiscalía añade que también aquí se recurrió a facturas falsas de Hispano Robysa para justificar los abonos y dar “apariencia de legalidad” a entregas que presenta como dádivas o comisiones.Los primeros pagos de este empresario “permitirían a Navarro Tacoronte sufragar, entre otros gastos, los servicios de prostitución contratados en fecha de 11 de enero de 2021” para el propio mediador y para Taishet Fuentes Gutiérrez, por importe de 500 euros. La acusación añade que la misma noche del 14 de enero de 2021, tras la reunión en la Consejería de Agricultura organizada por el director general, Navarro Tacoronte y Fuentes Gutiérrez “contrataron, nuevamente, servicios de prostitución” durante la estancia de ambos en el Hotel Imperial Playa, en Las Palmas de Gran Canaria.El escrito recoge también que durante el encuentro celebrado el 13 de abril de 2021 en el restaurante La Carmela de Madrid con Poveda Sierra, Navarro Tacoronte contrató servicios de prostitución “con el conocimiento y aquiescencia del diputado nacional”, sufragados por el propio empresario mediante un pago de 3.000 euros.Se completa la petición de penas por parte de la Fiscalía con 10 meses de prisión para Miguel Ángel Robayna García —cinco meses por falsedad documental y cinco por cohecho—, además de cinco meses de multa e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de colaboración con la justicia; con 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y sufragio pasivo para Álvaro de la Bárcena Argany por prevaricación administrativa; y con 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y sufragio pasivo para Estefanía Margarita González Núñez, también por prevaricación. A ello se suman un año de prisión por cohecho para Maximiliano Miguel Poveda Sierra y otro año de cárcel por el mismo delito para Antonio Bautista Prado.