EDITORIALHan existido grupos irregulares y criminales que han entorpecido la puesta en marcha de proyectos en varias regiones del país.
La autonomía municipal es uno de los pilares de la descentralización democrática en Guatemala. Gracias a ella, las comunidades pueden elegir a sus autoridades locales y gestionar asuntos que afectan directamente a las necesidades de gestión de servicios públicos. Sin embargo, no se trata de una potestad ilimitada, mucho menos de una licencia feudal que convierta al territorio municipal en una zona aparte. No es tampoco un pretexto para obstaculizar el desarrollo nacional mucho menos un aval inveterado para el sabotaje de proyectos de inversión a nivel nacional que ya han cumplido con los requisitos establecidos en ley.
El lamentable caso de la obstaculización de la comuna de Mazatenango al proyecto vial Xochi es el más reciente de tales casos, en los cuales algunas autoridades ediles invocan la autonomía para bloquear inversiones estratégicas que benefician no solo a un municipio, sino a una región interdepartamental completa. Es obvio que tales figurones desconocen que la autonomía municipal, por naturaleza, existe para administrar intereses locales, no para anular competencias gubernamentales a nivel nacional.
